Máximo Ariel "Cantero" sumó una nueva imputación este martes en el marco de una causa en la que se lo señala de habilitar y planificar una extorsión a un empresario, lo que podría llevarlo a un nuevo juicio y una eventual condena que extienda la pena de 113 años y 8 meses que acumula por distintos delitos. En la mayoría de las ocasiones los mismos fueron cometidos desde los distintos lugares en los que estuvo preso desde que cayó en el año 2013. En esta nueva acusación se plantean llamadas desde un teléfono fijo en su pabellón de la cárcel de Marcos Paz, logradas a partir del acceso a comunicaciones como el que tiene cualquier interno. Un aspecto que renueva el debate sobre el control en el Servicio Penitenciario.
El lunes, en el marco de una audiencia que continuó este martes, el condenado como líder de la banda Los Monos comenzó a ser imputado junto a otras personas acusadas de extorsionar y atentar contra una agencia de loterías. El fiscal Pablo Socca, a cargo de la causa, le endilgó "haber habilitado la extorsión a Cristian Q., dueño de la Agencia de Loterías y Quinielas El Califa, encomendando y planificando aspectos de su ejecución a personas de su extrema confianza para que realicen todo tipo de intimidaciones".
El fin de esas diligencias, explicó el fiscal, era que la víctima entregara la suma de un millón y medio de dólares. Las extorsiones se realizaron en dos etapas distintas, una entre 2021 y 2022 y la otra este año. Socca aseguró que en todas, si bien participaban distintas personas, Cantero siempre era quien daba la autorización. "Se comunicaba desde el interior de la cárcel, utilizando un teléfono fijo", indicó el funcionario y explicó que su principal interlocutora era Daiana Micaela "La Diabla" Leguizamón, que está entre los otros ocho imputados.
Ya en agosto de 2021, cuando en el marco de una requisa en el pabellón de Cantero en Marcos Paz se secuestró un teléfono fijo, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, había planteado que no constituía un privilegio exclusivo para "Guille". El acceso a comunicaciones para las personas privadas de la libertad, lo que incluye el uso de teléfonos fijos en los pabellones, es un derecho contemplado en la Ley 24.660 de Ejecución Penal Privativa de la Libertad. Pero la polémica se vuelve inevitable en casos como el de Cantero, que desde su caída en prisión en el año 2013 continuó acumulando acusaciones y condenas por delitos cometidos en las distintas cárceles en las que estuvo.
De no haber delinquido desde prisión contaría con una condena de marzo de 2014 a dos años años de cárcel por la tenencia de un arma de guerra y otra de abril de 2018 a 22 años de prisión como jefe de Los Monos y por un homicidio. Pero luego de esas causas, acumuló casi 90 años más de condena por hechos que ordenó estando preso: narcotráfico, un secuestro extorsivo, amenazas a un juez, atentados a sedes judiciales y extorsiones.
Más control y monitoreo
El control de la cárcel de Marcos Paz está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, pero los conflictos relacionados a Rosario que tienen su pata intramuros desembocan en el territorio provincial. En ese sentido, consultado por La Capital, el ministro de Seguridad Claudio Brilloni consideró necesario afianzar la inteligencia criminal en todos los penales del país donde hay presos de alto perfil sospechados de delinquir desde sus lugares de detención.
"En la provincia de Santa Fe hemos adoptado un modelo de trabajo a los fines de neutralizar las comunicaciones que hay entre las cárceles y el territorio. Un modelo que debe ser imitado por el resto de las provincia y obviamente por el Servicio Penitenciario Federal", indicó Brilloni. En esa línea explicó que "no es solamente la inhibición de celulares o el control más riguroso y estricto de las visitas". Sino que, además, "se debe potenciar el trabajo de inteligencia criminal".
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"Ahí está la clave. La gestión nacional me parece que ha subestimado el trabajo de la inteligencia criminal. Sin investigación criminal en el servicio penitenciario, sea provincial o federal, que trabaje mancomunadamente con las fuerzas policiales y los ministerios de Seguridad, es difícil llevar adelante un trabajo de prevención", desarrolló el ministro. "No estoy pidiendo que pongamos un espía debajo de la cama de nadie. Simplemente hacer la inteligencia criminal definida en la ley, ni más ni menos, para determinar amenazas, identificar alertas, acelerar la toma de decisiones", agregó.
A su vez Brilloni argumentó que debería haber medidas judiciales para controlar y monitorear las comunicaciones de los presos de alto perfil con el exterior: "Esos teléfonos tienen que están intervenidos con orden judicial, los fundamentos sobran como para intervenir". "Es ahí donde los jueces y fiscales quizás deberían hacer una interpretación más restrictiva y rigurosa para que esos teléfonos estén permanentemente controlados y monitoreados", analizó el ministro.
