El titular de una empresa dedicada a la fabricación de cigarrillos ubicada en el noroeste de Rosario recibió la falta de mérito en el marco de una causa iniciada en la provincia de Buenos Aires en mayo de 2019 a partir de una denuncia telefónica anónima y en la cual se lo acusaba por la presunta adulteración, evasión impositiva, contrabando, acopio y venta fraudulenta de esos productos. “A lo largo de estos dos años la pesquisa no solo estuvo plagada de irregularidades sino que también se intentó darle un cariz político que nunca tuvo”, dijo Martín Marini, abogado que representa al empresario.
La historia se remonta a mediados de 2019 cuando la Fiscalía federal de la ciudad bonaerense de Hurlingham, a cargo de Santiago Marquevich, empezó a tramitar una denuncia telefónica anónima recibida en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón en la cual se sostenía que en tres quioscos de esa localidad se vendían cigarrillos de los fabricados en la empresa asentada en Nuevo Alberdi pero con sus etiquetas y estampillas adulteradas.
A partir de esa denuncia el fiscal ordenó allanar la fábrica Bronway Technology SA, ubicada en el inicio de la ruta nacional 34 y productora de las marcas Dolchester y Pier, “una empresa que da trabajo en forma directa a unos 200 empleados y a unos mil en forma indirecta si se tiene en cuenta la cadena de distribución y comercialización de esos productos”, según el abogado.
Según voceros de la empresa, aquella decisión del fiscal los sorprendió ya que ellos mismos habían formulado “una veintena de denuncias penales ante la Justicia federal para que se investigue el fenómeno de la falsificación de los productos que se fabrican en Bronway sin que esas causas hayan avanzado”, y que por la denuncia en torno a unos pocos quioscos ubicados en el conurbano bonaerense se allanara la planta. “Es como si por dos remeras truchas compradas en la feria de La Salada se dispusiera allanar la fábrica de una marca internacional de artículos deportivos”, graficó el letrado.
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El origen de aquella denuncia anónima apareció como altamente sugestiva para el titular de la firma local, Darío Rubén I., que viene sosteniendo desde hace tiempo un conflicto judicial contra las dos empresas internacionales que monopolizan el negocio de la venta de cigarrillos en la Argentina (acaparan el 92% del mercado nacional) “por la aplicación de la ley de impuestos internos que traba la posibilidad de vender un producto de calidad a un precio accesible y popular”.
Pero también llamó la atención del empresario rosarino que la denuncia recayera en la Fiscalía de Hurlingham, ya que en esa localidad está la sede y planta fabril de una de esas multinacionales. Y remarcaron que “apenas iniciada la actividad de la Fiscalía un portal de noticias porteño anunció la clausura de la fábrica Bronway y la detención de sus directivos y empleados, lo que fue una noticia absolutamente falsa”.
Allanamientos bajo la lupa
Durante la investigación se denunciaron por parte de Bronway una serie de irregularidades en los allanamientos realizados en diciembre de 2019 tanto en la fábrica como en un depósito fiscal del oeste rosarino donde se almacenaba una importante partida de cigarrillos. En ese sentido, el abogado recordó un “llamado telefónico extorsivo de una persona que dijo que representaba a la Afip y que estaba dispuesto a conversar” o “el retiro de varias cajas de cigarrillos por parte de Gendarmería Nacional que se hallaban en un depósito fiscal sin la confección de las respectivas actas de secuestro” pero que quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar; o “la rotura de fajas en la cadena de custodia de la mercadería”.
En ese sentido, el abogado de la empresa denunció “posibles maniobras de implantación de atados con estampillas apócrifas para perjudicar a Bronway SA por distintos actores” y solicitó “el respeto irrestricto de las cadenas de custodia sobre todo el material y la posibilidad de asistir en modo personal o con peritos a cada una de las labores periciales a realizar sobre el material secuestrado”.
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La situación se tensó cuando, a entender de la defensa del titular de Bronway, desde la misma Fiscalía que investigaba la situación “difundieron la foto de la cara del presidente de la firma sacada de una foja del expediente judicial para dar a conocer a algunos medios periodísticos que se había requerido el llamado a indagatoria del mismo”.
Pericias irrefutables
El discurrir de la investigación llevó a que se peritaran en la Casa de la Moneda, organismo que no sólo imprime los billetes de curso legal sino también el estampillado fiscal, un número superior a los 6 millones de estampillas (es decir de los instrumentos fiscales de control) adheridas a los paquetes de cigarrillos stockeados en depósito y de planchas aún no pegadas en los atados. “Esa pericia fue contundente e indicó que las estampillas eran auténticas y que los paquetes de cigarrillos adulterados hallados en los quioscos de Morón no habían sido fabricados” por Bronway.
Tras dos años de instrucción y tras la indagatoria al presidente de la empresa rosarina en mayo pasado, el mismo fue desvinculado penalmente mediante la resolución dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal 3 de Morón a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto en la cual se dispone “la falta de mérito” del mismo y se ordenó “la restitución de toda la mercadería incautada y el tabaco procesado que fuera oportunamente cautelado”.
Así las cosas, desde el directorio de Cronway indicaron los “severos perjuicios económicos y financieros que generó toda esta investigación sin sustento, lo que derivó en el cierre de cuentas bancarias en distintas entidades y la pérdida de clientes como así también el sistemático ataque judicial en distintas jurisdicciones del país a partir de denuncias anónimas”.
