Tres empresarios rosarinos fueron condenados por administrar fraudulentamente cuatro sociedades y estafar a diversos clientes abusando de su confianza, en el marco de la compraventa de vehículos propiedad de las víctimas.
El Centro de Justicia Penal, donde tres empresarios fueron condenados por estafas y administración fraudulenta.
Tres empresarios rosarinos fueron condenados por administrar fraudulentamente cuatro sociedades y estafar a diversos clientes abusando de su confianza, en el marco de la compraventa de vehículos propiedad de las víctimas.
En una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, el juez de 1ª Instancia Gonzalo López Quintana homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa y condenó a Bruno Poletti de 39 años, a la pena de tres años de prisión efectiva por los delitos de estafa por abuso de confianza en 28 hechos -21 en carácter de coautor y siete en carácter de autor- y administración fraudulenta en cuatro hechos, en carácter de coautor, todo en concurso real.
También fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional y reglas de conducta por el plazo de dos años Leandro Damián González, de 39 años, por los delitos de estafa por abuso de confianza en 22 hechos -21 en carácter de coautor y uno en carácter de autor- y administración fraudulenta en cuatro hechos en carácter de coautor en concurso real;
En tanto, Jorge Daniel Fonaroff, de 42 años, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta por el plazo de dos años y $10mil pesos de multa por los delitos de estafa por abuso de confianza -nueve hechos en carácter de coautor-, administración fraudulenta en cuatro hechos en carácter de coautor y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todo en concurso real.
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La Fiscalía les atribuyó a los acusados la administración fraudulenta de las sociedades Grupo Praga SRL, Integral Motors SRL, Integral Automotores y Ortopedia Técnica SRL. Si bien se determinó que las personas jurídicas eran diferentes, los condenados administraban irregularmente a todas ellas, confundiendo sus recursos materiales, patrimoniales, financieros y económicos.
La fiscal Valeria Haurigot les atribuyó además a los acusados haber "abusado de la confianza que inspiraban en sus damnificados, aprovechando el perfil que les daba la pertenencia a círculos sociales de alto poder adquisitivo, aparentando solvencia mayor a la que tenían y a sabiendas de la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que de buena fe simularon asumir, haber desplegado maniobras ardidosas en el marco de la compraventa de vehículos propiedad de las víctimas".
Las maniobras atribuidas a los acusados consistían en "garantizar" el pago diferido del precio acordado, prometiendo la entrega de otros vehículos 0 km y el pago del precio mediante cheques de pago diferido. Otra de las maniobras consistía en captar el ahorro de las víctimas y su núcleo familiar bajo la promesa de pagarle un rendimiento mensual por el uso del capital ajeno, cosa que no acontecía.
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