Banda Los Monos

"Es una afrenta a la administración de justicia", sostuvieron los magistrados

El titular del Colegio caracterizó lo ocurrido como "un hecho de gravedad institucional" pocas veces visto y pidió que se esclarezca.

Jueves 31 de Mayo de 2018

El Poder Judicial en pleno expresó ayer un enérgico repudio al atentado concretado el martes a la noche contra viviendas ubicadas en Montevideo al 1100 e Italia al 2100, esta última ocupada hasta hace dos meses por el juez Ismael Manfrin, presidente del Tribunal que dictó la sentencia en el juicio contra la banda de Los Monos. Las balaceras contra los inmuebles fueron interpretadas como un acto de "gravedad institucional y una afrenta a la administración de justicia". Los hechos ocurrieron horas antes de que Ariel Máximo "Guille" Cantero y Jorge Emanuel "Ema" Chamorro fueran trasladados a penales federales de las provincias de Chacho y Chubut.

Sobre las 12.30 de ayer la casona de Balcarce 1630 que alberga al Colegio de Magistrados quedó literalmente copada por jueces, ministros de la Corte Suprema provincial y del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras en las inmediaciones personal uniformado y de civil de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaba un moderado pero visible operativo.

Respaldo solidario

La conferencia de prensa fue convocada de urgencia tras el gravísimo incidente y en ese marco el titular del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador, expresó su profunda preocupación. "El análisis que efectuamos es de una consternación absoluta", remarcó flanqueado por el ministro de Justicia santafesino Ricardo Silberstein, la intendenta Mónica Fein y la ministra de la Corte María Angélica Gastaldi.

"Queremos manifestar nuestro respaldo y solidaridad no sólo con nuestro colega Ismael Manfrin, sino con la familia que habita la casa y fue objeto del atentando. Lo consideramos un tema de gravedad institucional, una afrenta a la administración de justicia en general, no sólo en el fuero provincial sino también en el federal, desde el cual se ha manifestado preocupación", indicó Salvador.

Tras expresar que desconocía si Manfrin había recibido intimidaciones o amenazas previas, explicó que la preocupación no se circunscribe solamente a los últimos acontecimientos, sino que se trata de una situación cotidiana. "Tratamos de que nuestro trabajo pueda desarrollarse con la independencia propia que hace al ejercicio de la función. Estamos interactuando con todas las cabezas de los otros poderes del Estado, el Ministerio de Justicia y el de Seguridad, y con la Corte Suprema".

Salvador tampoco dejó pasar la oportunidad para hacer un reclamo concreto y textual ante funcionarios del Poder Ejecutivo y del MPA. "Es importante abordar la problemática con el compromiso y la responsabilidad que el momento exige. Aprovechamos la presencia de otros poderes del Estado y responsables del área de Seguridad para reclamarles que a través de la interacción con la Corte Suprema y el Colegio que represento tratemos de encontrar las formas de abordar la problemática que estamos pidiendo desde hace un tiempo y nos tiene que tener preocupados para encontrar una salida", instó el magistrado.

Rápido esclarecimiento

"Manfrin está preocupado, sensibilizado y en este momento conteniendo a su familia. Confía en que ésto pueda ser rápidamente esclarecido. Tuvimos contacto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que está trabajando el caso. Coincido con las palabras de la señora intendenta (ver aparte), pero lo que tenemos que lograr es, además de que se esclarezca el hecho, ser firmes en el reclamo a las autoridades competentes para que no se vuelva a producir algo igual", volvió a insistir Salvador sobre el abordaje integral de la problemática.

Por último, y en una clara referencia a los roles y responsabilidades de cada pata del Estado indicó que "esto escapa y trasciende al ejercicio de la magistratura. Hubo involucrada una familia que nada tiene que ver con la representación de autoridades. Es imprescindible que se interactúe con otros poderes del Estado. En las reuniones de la Junta de Seguridad (ver página 3) y de ahí tienen que salir las respuestas institucionales".

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