Un debate necesario en un momento inadecuado. Así se posicionó la jueza de Menores de Rosario María Dolores Aguirre Guarrochena frente al proyecto del oficialismo nacional para modificar el Régimen Penal Juvenil. Para la magistrada, Argentina se debe un debate democrático respecto de cómo se aplica la ley penal en los menores de 18 años, ya que la normativa vigente fue sancionada durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, cuestionó la decisión de hacerlo en un año electoral y en sesiones extraordinarias. "No es un momento adecuado para debatir seriamente esta ley, porque hay mucha susceptibilidad política y este tema es particularmente sensible como para hacer campaña", dijo la jueza, quien también se posicionó en contra de reducir la edad de imputabilidad a los 15 años.
Hace una semana, el Ejecutivo nacional anunciaba que el proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil sería tratado en febrero, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Uno de los puntos de la reforma es llevar la edad de imputabilidad penal para delitos graves a los 15 años. Muchas de las críticas recayeron sobre ese punto y, en ese contexto, ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, salió a pedir que el árbol no tape el bosque al sostener que, fuera de una baja de la imputabilidad, el proyecto plantea "un régimen socioeducativo, reintegración social y trabajo, que actualmente no existe".
La magistrada instó a "escapar de la polaridad que se intenta instalar", adonde se presenta a la sociedad dividida entre quienes están a favor o en contra del proyecto.
"Considero que es interesante la intención del oficialismo de debatir democráticamente un nuevo Régimen Penal Juvenil, porque la legislación actual es de 1980, plena dictadura", dijo la jueza Aguirre Guarrochena. "Argentina no tuvo la oportunidad democrática de debatir este tema, y es necesario que tengamos la madurez suficiente para hacerlo. Pero 2019 es un año electoral y por eso no es el momento adecuado".
En la misma línea, cuestionó que el proyecto se trate en sesiones extraordinarias. "Es un debate que tiene que hacerse con amplitud y no a la apuradas. Si desde 1980 nos estamos manejando con una normativa, con sus falencias y todo, ¿con qué necesidad vamos a sacar una ley en sesiones extraordinarias?".
La magistrada cuestionó con dureza la pretensión del oficialismo de reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años. "Me parece que responde a una decisión electoralista, porque es un tema muy sensible en la opinión pública. En realidad, los delitos graves cometidos por personas de 15 años son estadísticamente insignificantes. Creo que es una modificación innecesaria que responde a una finalidad diferente", consideró Aguirre Guarrochena.
"Lo que ocurre es que a través de casos particulares se hacen generalizaciones con las que se pretende modificar una ley que se va a aplicar sobre toda la población argentina, afectando a miles de chicos comprendidos dentro de esa edad", dijo la jueza, que explicó que no existen estadísticas nacionales respecto de la cantidad de adolescentes de 15 años implicados en delitos graves. Sin embargo, ejemplificó la situación con lo que ocurrió en el juzgado a su cargo durante 2018: de las más de 2.000 causas que ingresaron, sólo una era por un delito que, de modificarse la ley, se le podría imputar a un chico de esa edad.
"La determinación de una edad de responsabilidad penal significa cumplir con una obligación internacional del Estado de limitar el avance de su poder punitivo y no, como dijo Garavano, de que a los 15 años se tenga plena conciencia de la criminalidad o la no criminalidad de un acto", enfatizó la jueza, quien entendió que la baja en la edad de imputabilidad va en contra del principio de no regresividad. "Una vez que el Estado consagra determinados estándares en materia de Derechos Humanos, no puede dictar leyes que retrocedan en ese aspecto. Argentina tiene un enorme prestigio internacional porque es uno de los países que tiene la edad de responsabilidad penal más alta. Con todas las falencias y errores, ese debería ser un motivo de orgullo", dijo Aguirre Guarrochena, quien instó al Ejecutivo a hacer foco en otorgar mejores presupuestos a las políticas públicas de infancia y adolescencia.
