Por Hernán Lascano
La escalada de casos de criminalidad compleja y violenta que sacude Rosario la primera quincena del año instaló planteos reiterados sobre la necesidad de revisar el funcionamiento durante el mes de enero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde trabajan los fiscales encargados de la persecución del delito. Una revisión del esquema de labores durante la feria de enero deja ver que en Rosario queda afectado al servicio un 26 por ciento del plantel de fiscales en la primera mitad del mes y el 28 por ciento en la segunda. Esto disminución significativa de la dotación permite atender la emergencia pero no continuar con las investigaciones.
Que más del 70 por ciento de los fiscales quede al margen de sus tareas en enero se reitera como debate público al menos en los últimos tres años. Esto no implica que la Fiscalía Regional está desguarnecida porque hay un esquema de fiscales presentes en la feria. El problema es que la mayoría queda afectada a los delitos de flagrancia y casos con detenidos. Eso dificulta conectar los eventos que se producen en enero con los hechos que están en investigación.
Ejemplo
Un ejemplo es el atentado al casino (ver página 28). La posibilidad de vincular a Maximiliano "Cachete" Díaz con el ataque se debe a que éste figuraba en una investigación previa. Pero no se lo conectó en base al esquema institucional de trabajo sino por azar: había una escucha de agosto que un fiscal le había pasado al Organismo de Investigaciones (OI) y como allí había gente trabajando le avisaron al fiscal de Homicidios en turno quien, con esos datos cruciales, pudo acusar. Pero en muchos casos, coinciden fuentes del MPA, datos valiosos para aclarar delitos quedan almacenados sin ser compartidos.
El gobernador Omar Perotti señaló anteayer que es importante revisar el trabajo de las fiscalías en enero, un mes complejo en cuanto la criminalidad. Dos años antes su antecesor Miguel Lifschitz sostenía como necesaria mayor presencia de fiscales porque "no dejan de ocurrir crímenes en enero". Lo decía porque en la primera quincena de 2018 se habían registrado 14 homicidios, la mitad adjudicada a disputas entre las bandas de los Funes y los Caminos. Ayer el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta mencionó que se llegó a la mitad de enero con la misma cantidad de homicidios que hubo en todo ese mes de 2019 y que trabajar en estas condiciones no es adecuado. "Quiero ser prudente porque el MPA es autónomo. La Corte avaló el sistema acusatorio y reivindicó su autonomía plena. Tal vez haya que repensar el sistema de feria de los fiscales", dijo al periodista Javier Felcaro, de La Ocho.
24 horas a medias
Un comunicado en redes sociales de la Fiscalía Regional Rosario afirma que hay fiscales asignados las 24 horas del día en enero, con cuatro por cada unidad y un total de 48 de manera activa. Eso es una verdad a medias. En Rosario son 17 por quincena: once de flagrancia (hechos del momento para los que hay turnos de 12 horas), dos de homicidios dolosos, dos de homicidios culposos y dos de delitos sexuales. A ello se suman seis por las regionales (San Lorenzo, Casilda, Cañada de Gómez, Villa Constitución) y el fiscal regional, con lo que se llega a 24 fiscales cada dos semanas.
Al texto publicado en Facebook por la Fiscalía Regional el penalista Víctor Corvalán le respondió: "Todas las IPP (investigaciones penales preparatorias) tienen suspendidos sus trámites. No eludan la realidad. La feria suspende toda la investigación de causas anteriores".
El esquema de la feria implica que los 17 asesinatos ocurridos en Rosario fueron atendidos por dos fiscales. Algunos hechos fueron de alta complejidad como lo del casino o casos entrelazados por disputas de bandas. El resto del año, si un fiscal llega a tener cuatro homicidios en su turno semanal, si ocurre un quinto hecho se le asigna a otro fiscal.
En tanto, de los 193 empleados administrativos de la Fiscalía Regional Rosario durante la feria quedan 40. "Al menos en el fuero penal la feria tiene que ser repensada", dijo Juan Sánchez, secretario de la Fiscalía Regional de Rosario, y agregó: "Y lo mismo la obligación de trabajar seis horas. Hay funcionarios y empleados que trabajan más tiempo que ese para preparar las audiencias y en tareas de investigación. Pero eso depende del compromiso profesional y no de un criterio institucional".
Prevenir y prorratear
No pocos fiscales sienten fastidio porque ellos intervienen cuando el delito ya se produjo y la prevención está fuera de su campo. Eso es cierto en parte. Muchos casos de enero tienen que ver con hechos anteriores que pueden estar en investigaciones previas de un fiscal que está en receso. Para Sánchez "no se trata de quitarle vacaciones a nadie sino de prorratear las licencias como se hace en otras áreas del Estado acorde a una coyuntura que cambió".
Aunque no se pongan de acuerdo explícitamente, hay una coincidencia entre el actual gobernador, el jefe de la oposición y un ministro de la Corte especialista en asuntos penales: no puede quedar fuera de servicio en enero más del 70 por ciento de los fiscales y el 80 por ciento de los empleados y pasantes que hacen tareas esenciales para las investigaciones.
Raciones de justicia
El esquema actual también implica una disposición mínima de jueces para atender las audiencias penales en enero, con tres jueces por turno en Rosario, donde este mes hay un promedio de 8 a 16 audiencias diarias (en su mayoría imputativas sobre delitos muy recientes o de ejecución de pena). Una cifra muy inferior a la del resto del año, cuando se celebran entre 50 y 60 por día.
Más allá de las palabras de Erbetta, en el Poder Judicial parecen renuentes a adecuar el funcionamiento judicial a una coyuntura criminal que en enero luce reiteradamente crítica. Antes de la feria, el secretario de la Corte Suprema Carlos Borda le envió una nota al fiscal general Jorge Baclini para solicitar que al momento de proponer el MPA los funcionarios y empleados para las distintas ferias "hacerlo con sentido de racionalización y procurando optimizar los recursos humanos", para no afectar las agendas de las oficinas de gestión judicial.
Racionalizar parece contener un sentido de restringir recursos que es, precisamente, lo que se demanda revisar.