"Se nos permitió leer el expediente en el que está acusado el comisario Hugo Tognoli y no hay absolutamente ninguna prueba que complique al comisario Néstor Fernández en ese asunto. Su detención es una tropelía". Los dichos de José Luis Vázquez, el abogado defensor de Fernández, sirvieron como síntesis para otro día de acción a las puertas de los Tribunales Federales de Rosario (ver entrevista en página 40).
Ayer a la mañana, quien hasta el viernes fue jefe de la comisaría 2ª y el cabo Carlos Quintana, quien prestaba servicios en la seccional de Villa Cañás, fueron conducidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ante el juez federal Carlos Vera Barros para ser indagados en el marco de la causa que investiga la presunta connivencia de jefes policiales con narcos del sur provincial, más específicamente con Carlos Andrés Ascaíni, hasta ayer preso en la cárcel de Piñero.
Mientras Fernández dio sus explicaciones, Quintana se abstuvo de declarar. Después ambos quedaron detenidos en las dependencias que la PSA tiene en el aeropuerto de Fisherton junto al que fuera hasta hace dos semanas su máximo referente: el comisario Hugo Tognoli.
La clave y el código. La causa que investiga al ex jefe de la policía provincial y sus supuestas conexiones con el narcotráfico mantiene esa dinámica de producir información de peso sobre el fin de semana para seducir un título fuerte en la edición dominical de los diarios. El comisario Néstor Fernández y el cabo Carlos Quintana fueron detenidos el viernes. El primero quedó comprometido después de que la defensa de Tognoli indicara que la clave y el código con el cual se había pedido un informe al Registro Nacional Automotor para saber a quien pertenecían los dos autos que seguían a Ascaíni, un hombre de Villa Cañás acusado de ser narcotraficante, era de su uso exclusivo. Los autos en cuestión pertenecían a la PSA, que investigaba al sospechoso finalmente apresado por agentes antinarcóticos de la fuerza santafesina en un oscuro procedimiento realizado el 8 de mayo en un cruce de rutas cercano a Villa Cañás.
En cuanto a quién era responsable de la clave y el código con el que se realizó ese pedido, la defensa de Tognoli presentó un documento oficial fechado el 9 de abril de 2008 y cuyo facsímil La Capital publicó en su edición de anteayer. El documento, que forma parte del expediente que tiene en sus manos Vera Barros, dice textualmente que Fernández recibe "en sobre cerrado...la clave de acceso a la Base de Datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor a través de internet, haciéndole saber que el código y/o clave que le fueron asignados y la información obtenida tienen carácter reservado, siendo responsable por su uso indebido".
La averiguación sobre los autos que seguían a Ascaíni se dio en noviembre de 2009, cuando Fernández estaba a cargo de la Brigada de la ex Dirección de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIII, con asiento en Venado Tuerto.
El cabo Carlos Quintana, por su parte, está acusado de ser el policía destacado en la comisaría de Villa Cañás al que Ascaíni llamó para que consultara sobre los autos que lo seguían.
Se tapó la cara. Pasadas las 9 de la mañana tres camionetas de la PSA llegaron a los Tribunales de Alvear al 900. En la camioneta del medio viajaban sentados uno al lado del otro el comisario Néstor Fernández, vestido de impecable traje, y el cabo Carlos Quintana, vestido con un buzo color naranja. Ambos llevaban chalecos antibalas provistos por la fuerza nacional que los detuvo.
Al bajar del vehículo policial, Fernández se ocultó detrás de su saco. La imagen de un comisario de policía esposado es fuerte desde lo simbólico y todos en el lugar lo sabían: los periodistas, los abogados defensores y también el juez federal Carlos Vera Barros, quien horas después ordenó a los efectivos de la PSA que a la salida —pasadas las 13.55— cruzaran una camioneta para que desde la distancia esa imagen no fuera captada. No ocurrió lo mismo cuando quien declaró ante el magistrado fue el propio Hugo Tognoli, cuya foto esposado recorrió los medios de todo el país.
"Después de haberse presentado ante el juzgado y la fiscalía para ajustarse a derecho, la detención de Fernández es una tropelía. El viernes la PSA lo fue a buscar a su casa a las 16.15. La esposa les dijo que estaba en la comisaría y le avisó a Fernández, que los esperó en la seccional. Lo buscaron, lo esposaron y lo sacaron de la seccional de la que es jefe (sic). Este tratamiento es totalmente inhumano y contradice frontalmente el artículo 280 del Código Procesal de la Nación, que indica que la detención debe ser realizada cuidando al detenido. Todos, hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario, somos inocentes", indicó el abogado Vázquez, quien además de ser penalista fue 10 años fiscal federal en las décadas del 70 y 80. "Comportamientos de este tipo nos ponen en riesgo a todos nosotros", agregó el abogado.
La otra prueba. En cuanto al otro elemento que vincula a Tognoli, se trata de un intercambio de mensajes de texto entre el comisario retirado Oscar Alberto Ledesma y Nilda Luques, madre de una joven adicta y dueña de un burdel de Villa Cañás. En ese diálogo el oficial le sugería comprarle droga a Ascaíni porque tenía todo "arreglado con Tognoli por 30 mil por mes".
Sin embargo, hasta ayer, ni desde el juzgado de Vera Barros ni desde la fiscalía de Liliana Bettiolo, habían salido órdenes para llevar a estas personas a declarar. Las próximas horas serán decisivas en la causa. El juez tiene hasta el martes para decidir la situación procesal de Hugo Tognoli.