La cabeza de Nicolás “Fino” Ocampo tenía un precio. Ese precio se pactó con un preso que cumple condena en la Unidad 3 de Rosario y fueron 370 mil pesos que alguien pagó en una estación de servicios ocho horas después del asesinato. La logística del ataque, la búsqueda de los sicarios, la gestión de la movilidad, el seguimiento cercano a la víctima y el pago por el trabajo quedaron registrados en escuchas. En base a esos registros, cuatro personas fueron acusadas y se les dictó prisión por el plazo de ley por intervenir con distintos roles en la ejecución de este hombre del círculo íntimo de Esteban Alvarado. No fue el único allegado al empresario narco que resultó asesinado en el último año. La sospecha de los investigadores es que el encargo de esos crímenes provendría de la banda rival, es decir de Los Monos, a la que se atribuye la confección de una lista con nombres a eliminar entre los que estaba el del Fino Ocampo.
En el seguimiento a teléfonos del grupo imputado por la ejecución de Ocampo se detectó además el plan de asesinar con sicarios al dueño de una fábrica de suplementos dietarios que fue puesto a resguardo el lunes. Por la preparación del crimen fallido, advertida de manera azarosa, se encuentra detenido desde el jueves el empresario Lucas Daniel F., bajo la sospecha de haber contratado el servicio para eliminar a un ex empleado suyo y actual competidor. A las 15 de ayer fue sometido a una audiencia de legalización de su detención y será imputado el martes.
Al dar cuenta del peso y el contexto del caso ante el juez Carlos Leiva, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra explicaron que la investigación del crimen fallido surgió de intervenciones telefónicas en una causa federal. La Agencia de Criminalidad Organizada abordó el tema a raíz de información que comenzó a circular tras el crimen de Rodrigo Sánchez, otro colaborador de Alvarado asesinado el 18 de marzo de 2020.
“Detectamos que había varias líneas de lo que conocíamos como la banda de Los Monos intentando buscar a miembros de la organización de Alvarado”, indicó el fiscal. Planteó que incluso circuló una lista de nombres entre los que estaba el del propio Sánchez, el de dos personas que sufrieron intimidaciones a tiros y el de Ocampo, ejecutado el pasado 16 de abril. Es decir, situó el crimen dentro de un histórico enfrentamientos entre bandas organizadas que parece haber recrudecido a la par de la pandemia.
La audiencia por el crimen del Fino estaba prevista para las 10 de ayer pero arrancó con demora cerca del mediodía. Se hizo por videoconferencia y se transmitió por YouTube. Dos de los acusados siguieron el trámite desde una sala del Centro de Justicia Penal rodeados por media docena de custodios con ropa de combate y armas largas. Se trata de Fabio Alejandro G., quien cumple condena en la Unidad 3 de Rosario y sindicado como instigador, y Uriel R., señalado como quien manejaba la moto desde la que bajó el ejecutor.
Desde sus lugares de detención se conectaron por pantalla Brian Josué G., y la pareja del acusado como instigador, Joana Mabel B. Los cuatro fueron imputados con distintos roles por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas. Estos dos últimos agravantes prevén prisión perpetua. Los cuatro quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley.
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Ocampo tenía 38 años y había aceptado en un juicio abreviado en febrero de 2020 una condena a 3 años de prisión efectiva por la tenencia de armas y ser miembro de la asociación ilícita de Esteban Lindor Alvarado, el hombre que tras ser condenado por robar y desguazar autos en Buenos Aires fue detenido en febrero de 2019 en la provincia de Córdoba y acusado de liderar una banda narcocriminal rival a Los Monos en Rosario.
Luego de un año, el Fino recuperó la libertad y regresó a la casa de Ocampo al 6600 donde vivía junto a su pareja, dos hijos pequeños y una hija de la mujer. A las 15.24 del viernes 16 de abril fue atacado cuando llegaba en una camioneta Toyota Hilux 2012 junto a uno de sus pequeños hijos, un nene de 2 años que es ahijado de Alvarado. Había comprado el vehículo ese mismo día y se estaba ocupando de llevarlo al taller y polarizar los vidrios.
El momento fatal. El asesino dispara contra el parabrisas de la camioneta de Ocampo.
Una moto con dos muchachos que no eran del barrio se acercó a la camioneta de Ocampo. El que iba como acompañante bajó y por la luneta de la camioneta efectuó tres disparos calibre 9 milímetros. El Fino no alcanzó a descender. Cayó sin vida sobre el volante ante la vista de su pequeño hijo, que resultó lastimado por astillas de vidrio.
Los fiscales plantearon que, ante el encargo de una persona aún no identificada, fue Fabio Alejandro G. quien organizó el crimen desde su celda en la Unidad 3, “usando para eso aparatos telefónicos que poseía indebidamente”. Desde allí dispuso que “personas no identificadas” se ubiquen en las inmediaciones de la casa de Ocampo” para reportar sus movimientos. En efecto, en las escuchas se detectó que dos personas se ocuparon del seguimiento a la víctima y fueron reportando sus movimientos al preso, quien a su vez enviaba las coordenadas a los sicarios.
“Es un trabajo que se estuvo pergeñando por más de un año”, dijo el fiscal Edery. En los días previos se organizó la entrega a los sicarios de la moto y el arma usadas para cometer el crimen. Según la acusación, Joana B. —imputada como partícipe primaria— les entregó además a los ejecutores un teléfono a nombre de su suegra para que se comunicaran con su pareja en la cárcel.
Cuestión de números
De las escuchas se desprende que se acordó un precio de 370 mil pesos por la cabeza Ocampo. El trabajo fue cobrado a las 21.35 del mismo día en la estación de servicios Shell de Presidente Perón y Provincias Unidas, donde las cámaras filmaron los autos de quien pagó y quien cobró.
De acuerdo con la investigación, la moto era conducida por Uriel R., a quien en las conversaciones se refieren como “el piloto”. Fue acusado como partícipe primario. Cinco días más tarde este joven fue detenido por tirotear en avenida del Rosario y Ovidio Lagos la fábrica del empresario cuyo crimen por encargo logró frustrarse este lunes. Brian “Narigón” G. fue imputado como el autor de los disparos. El primero recibió en pago 60 mil pesos. El ejecutor, 100 mil pesos y la moto.
“No puedo ni dormir porque tengo que hacer ésto”, dice en una de las conversaciones el acusado de organizar la muerte. Pocos minutos después de las 15 del día del crimen, son numerosos los intercambios de mensajes que van dando cuenta de los movimientos de Ocampo “en una Hilux blanca” y vestido de negro. “Él va manejando solo”, refiere uno de sus seguidores, sin advertir la presencia del niño. “Ahí está parado en el semáforo de Viamonte y Rouillón, debe haber vuelto a la casa”, precisan sobre el recorrido final de la víctima, constatado en cámaras de seguridad.
Unos minutos antes del crimen, a medida que van cercando a la víctima, Fabio G. le sugiere al ejecutor que se baje de la moto para que no identifiquen el vehículo, aprovechando que iba vestido con ropa “de trabajador”: una camisa de grafa como las que se usan en la construcción.
A las 15.38, con el crimen concretado, el sindicado como instigador habla con su pareja. “Hola amor. Ahí los pibes recién trabajaron la changuita esa de la pared que tenían que levantar. Dales 5 mil pesos para que se corten el pelo. En un rato me pasan la plata”, ordena, para que los muchachos cambien el “look”. En las escuchas se registró cómo se gestionaron remises para que los atacantes pudieran regresar a su casa, el escondite de la moto (que fue recuperada en un allanamiento) y el reparto del dinero hasta que al fin pudieron descansar: “Renegamos un poco pero se pudo trabajar”.
