El caso de los turistas que denunciaron haber sido extorsionados y robados por policías de la
Patrulla de Caminos en el peaje de General Lagos tendrá hoy su día D cuando los ocho imputados
desfilen en rueda de reconocimiento en el subsuelo de los Tribunales. Del otro lado del vidrio
espejado estarán las dos víctimas, una de ellas de nacionalidad española, los funcionarios a cargo
de la investigación, encabezados por la jueza Raquel Cosgaya, y los defensores de los agentes.
Los acusados pertenecían a las dos patrullas que estaban apostadas el
viernes 11 de enero, día en que ocurrió el episodio, en la estación de peaje ubicada a unos 15
kilómetros al sur de Rosario. Santiago Mercatante y su primo Juan Belmont López, este último
oriundo de España, llegaban a Rosario y al cruzar el peaje los detuvieron para una inspección de
rutina.
La extorsión. Fue allí, según denunciaron ante la Justicia, que cuatro policías les pidieron
dinero para no abrirles una causa judicial. Mercatante y López tuvieron que entregar casi mil pesos
y, dijeron, les robaron todas sus pertenencias. Así y todo el reclamo de coima se redobló, a tal
punto que los uniformados le pidieron al joven español que se comunique con sus familiares en el
Viejo Mundo para que le enviaran un giro postal a través de Western Union.
De acuerdo a fuentes judiciales, dos agentes los acompañaron en su auto
y otros los escoltaron en una patrulla hasta una sucursal del correo de San Martín al 3500 donde
uno de los uniformados acompañó a López a cobrar personalmente el giro de 800 euros.
Los jóvenes fueron liberados debajo de un puente con los documentos y 50
pesos. Entonces les advirtieron que se fueran de Rosario sin decir una palabra.
Todo el incidente, desde la detención en el peaje hasta que los dejaron
en libertad duró cuatro horas y media, según contó a este diario Mercatante. En el caso tomó
intervención directa el Consulado General de España en Rosario, cuyo canciller fue amenazado a poco
de entrevistarse con la jueza Cosgaya. Igual suerte corrió el perito policial que analiza la
llamada intimidatoria que recibió el funcionario.
A partir de la denuncia, y de las pruebas aportadas por los
denunciantes, la jueza imputó en un primer momento a ocho uniformados como autores materiales de
extorsión, privación ilegal de la libertad y robo. l
