Una inspección sobre servicios contratados para el funcionamiento de la policía provincial dejó al desnudo un mecanismo de corrupción que coloca en la mira a funcionarios de máximo nivel de la fuerza. A partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad un fiscal santafesino ordenó una decena de allanamientos en diferentes talleres y comercios en los que en apariencia se realizaban reparaciones, suministro de repuestos y mantenimiento de vehículos policiales, los que resultaron ser una pantalla para el desvío de partidas que no se aplicaban a esos fines. La maniobra era tan grosera que en lo que figuraba como un taller de mecánica, por ejemplo, había un lavadero de autos.
Las acciones pedidas por el fiscal santafesino Roberto Apullán incluyeron el allanamiento del Departamento de Logística de la Jefatura de Policía de Provincia, el estratégico D4, que se encarga de los trámites de adquisición de los insumos necesarios para el mantenimiento de la fuerza de seguridad.
Policías y civiles. Lo que se detectó fue cómo empleados de esa repartición de la cúpula provincial contrataban arreglos que nunca se hacían por lo cual el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, hizo la denuncia penal apuntando a la existencia de una asociación ilícita entre uniformados y civiles.
El viernes por la tarde el fiscal Apullán inspeccionó el D4 y secuestró documentación. Luego una dotación integrada por veinte empleados de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad a cargo de David Reniero, acompañados por personal de la TOE, Policía de Investigaciones (PDI) y Asuntos Internos se dirigieron a varios locales comerciales en la capital provincial donde supuestamente se arreglaban ómnibus, autos y camionetas de la fuerza. Con peritos mecánicos de Gendarmería Nacional hicieron constataciones sobre esos vehículos. En siete casos, según fuentes de la causa, se determinó que no se habían realizado arreglos por los servicios facturados. Los resultados oficiales de las pericias no habían llegado anoche a manos del fiscal.
Al menos un operativo de ese tipo se realizó anoche en Rosario con el propósito anunciado de desenmascarar acciones que se presumen rutinarias. En la gestión de Pullaro dicen estar decididos a intervenir de raíz sobre un esquema afianzado que no es secreto para nadie: durante décadas el D4 fue una especie de esfera autónoma que digitó las compras y licitaciones de la fuerza inclinando la elección de prestadores hacia sus empresas favoritas.
Estas acciones pueden terminar, según fuentes del caso, con pedidos de exoneraciones para oficiales de la más alta jerarquía. Los circuitos de facturaciones por servicios o compras fantasmas denunciados son anteriores a marzo, cuando Luis Bruschi fue designado jefe de policía provincial.
Fuentes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio de Seguridad consultados por este diario coincidieron en que con estos procedimientos sale a la luz un mecanismo de corrupción institucional muy arraigado en la historia. "Esto va directamente contra la plana mayor porque el que firma las partidas financieras del D4 es el propio jefe de policía de provincia. Los mecanismos de responsabilidad, si se comprueba el dolo, llegan a lo más alto", reseñó un portavoz del MPA. Por eso mismo en gobierno y fiscalías asumían que la decisión de intervenir no será inocua. "Sabemos que esto desatará duras resistencias y traerá sus vueltos. Pero en algún momento había que dar el mensaje: esto que fue una especie de fuerza de la costumbre no se tolera más, no vamos a dejar que roben", dijo una alta fuente del gobierno de Miguel Lifschitz.
Los funcionarios de Seguridad dicen que su premisa es dar centralidad al control civil del área desarticulando los nichos de negocios enquistados por años en los circuitos de contrataciones y compras. Un test respecto de la dureza de los intereses generados en áreas como Logística fue el proceso reciente para adquirir chalecos protectores para la policía por concurso de precios que habilita la ley de emergencia en seguridad. Fuentes del gobierno provincial señalaron que policías del D4 hicieron lo imposible para favorecer a una empresa de Buenos Aires. "Ni siquiera actuaban como lobbistas discretos sino que se movían como representantes de la firma dentro de la Jefatura de Policía. Esa empresa, Cuppari SRL, es además la misma que le vendió a la provincia unos camiones hidrantes con notorios problemas técnicos el año pasado", indicaron.
Aquella compra de chalecos fue adjudicada hace un mes a Fabricaciones Militares dado que las pruebas técnicas mostraban un índice de resistencia a impactos de bala y de arma punzantes que superaba en tres veces a los que ofrecía Cuppari, la firma privada descartada. "Desde adentro del D4 hicieron incluso pedidos para dar tiempo a regularizar la situación de esta firma —que tenía la licencia suspendida por el Registro Nacional de Armas (Renar)— señalando que sus chalecos eran mejores cuando las constataciones técnicas probaban lo contrario". Cuppari fue quien había hecho la última provista de 3.000 chalecos a la provincia en 2014, por gestión de compra directa por casi 15 millones de pesos.
Los allanamientos del viernes en el D4 tendrán réplicas semejantes en las secciones de Administración y Finanzas de las unidades regionales que son las que manejan las partidas para suministros en cada departamental.
