Con las declaraciones tomadas a tres oficiales de la Dirección de Asuntos Internos de la policía provincial y a un comisario y un subalterno que en octubre de 2014 revistaban en la seccional 7ª de la Unidad Regional II, prosiguió ayer en los Tribunales Federales la ronda de indagatorias a los 27 policías sospechados de tener algún grado de responsabilidad en la desaparición forzada de Franco Casco, el joven de 20 años que fue detenido ilegalmente en la comisaría de barrio Agote hace algo menos de tres años y días después apareció muerto en el río Paraná. En tanto, hasta ayer no se habían resuelto las eximiciones de prisión solicitadas por las defensas, mientras que el juez Carlos Vera Barros tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal de los detenidos, todos alojados en la Destacamento Móvil 2 de Gendarmería Nacional, en la zona sur de la ciudad.
La intensa actividad en el marco de la pesquisa por el homicidio de Casco tuvo ayer otra jornada movida después de que el juzgado Federal Nº 3 generara un revuelo de proporciones al ordenar las detenciones e indagatorias a 32 personas, entre las cuales hay 27 policías, bajo sospecha de haber tenido alguna responsabilidad en el homicidio y desaparición del joven, ocurrido entre el 6 y el 7 de octubre de 2014.
El lunes declararon el titular de Asuntos Internos, Aníbal Candia, y su subalterno Sergio Pieroni. Ayer, en tanto, fue el turno de otros tres policías de esa misma repartición: Carlos Alberto Ríos, Daniel Escobar y Pablo Siscaro. Luego fue el turno del comisario Diego Alvarez, jefe de la 7ª al momento del hecho, y el oficial César Acosta, entonces reponsable de los sumarios de la seccional de calle Cafferata al 300.
Todos, al igual que los dos uniformados indagados el lunes, quedaron acusados del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el homicidio —tal como se denomina a la desaparición forzada— y siguieron detenidos en dependencias de Gendarmería a la espera de que el juez Vera Barros resuelva su situación procesal y los pedidos de eximición de prisión que solicitaron, para lo cual tiene un plazo de diez días hábiles a contar desde la declaración.
El lunes había comenzado la ronda de indagatorias con el actual titular de Asuntos Internos, Aníbal Candia, quien era segundo jefe de la repartición en 2014 y se presentó espontáneamente al trámite, ya que había adelantado con una nota que estaría a disposición del requerimiento judicial. También prestó declaración Sergio Pieroni, otro suboficial de esa división.
Ambos fueron acusados sin brindarles mayores detalles, de tergiversar, ocultar y destruir el instrumento público de prueba, así como incumplir reglamentos de la repartición y no denunciar el delito como desaparición forzada de persona, según indicaron fuentes judiciales.
Así sigue
Hoy proseguirá el trámite en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 con el resto de las personas detenidas de un listado en el cual figuran varios oficiales y suboficiales que ocuparon la guardia del la comisaría 7ª los días 6 y 7 de octubre de 2014, así como una médica policial que revisó a Casco durante su estadía en esa seccional. Así sucesivamente se indagará al resto de los sospechosos, que hasta el momento son 32 personas.
El fiscal Marcelo Di Giovanni había pedido la semana pasada la indagatoria de 24 personas entre los que figuraban varios de los que ahora están en el dictamen de Vera Barros. Según su hipótesis, Casco fue detenido ilegalmente, golpeado salvajemente dentro de un calabozo de la comisaría donde se le causó la muerte y luego su cuerpo fue arrojado al río Paraná con el fin de hacer desaparecer la prueba.
El abogado Salvador Vera, representante de una de las querellas, sostiene una teoría similar aunque pidió que fueran indagadas 36 personas en total.
En ese contexto, fuentes cercanas a la pesquisa confirmaron que la instrucción del caso está prácticamente cerrada. "Se realizaron múltiples medidas, se tomaron muchísimas declaraciones y se realizaron allanamientos. El expediente ya acumula 3.700 fojas en 17 cuerpos", indicaron.
Desaparecido y muerto
Los primeros días de octubre de 2014 Franco llegó a Rosario desde su casa de Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires, para visitar a sus familiares asentados en Empalme Graneros. Según contó oportunamente su madre, el joven tenía previsto regresar el lunes 6 de ese mes en tren a la provincia de Buenos Aires. Pero nunca llegó. Por eso su padre viajó a Rosario y empezó una búsqueda desenfrenada.
Así comprobó que el muchacho de 20 años fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª de Rosario y 22 días después fue hallado muerto en el río Paraná. El caso se empezó a investigar como averiguación de paradero y dos meses después, a pedido de la familia y distintas organizaciones, pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada de persona, delito que implica la participación de una fuerza de seguridad del Estado.
Tres años después comienzan a desfilar ante la Justicia las personas —en su mayoría policías, pero también algunos civiles— que pueden saber qué fue lo que pasó con Franco.
