Cuatro policías de la PDI detenidos por quedarse con un arma incautada

Cuatro agentes del área de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron detenidos y serán imputados hoy por el robo de un arma de fuego de una vivienda del barrio Municipal.

La irregular situación salió a la luz ayer pero se materializó hace dos semanas, cuando los funcionarios participaron de la requisa a un departamento en esa conflictiva zona del sur de Rosario en el marco de un procedimiento judicial por denuncias de usurpaciones, venta de estupefacientes y delitos conexos.

Las detenciones de los agentes implicados en la maniobra, identificados como Claudio M., Lucas U., Dante C. y Angel M., estuvieron a cargo de sus pares de la Policía Federal y quedaron sospechados de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documento.

Allanamientos

Luego de entrecruzar denuncias de vecinos, investigaciones de calle y realizar tareas de inteligencia, el martes de la semana pasada la fiscal Gisella Paolicelli, de la Unidad de Investigación y Juicio, y su par Matías Edery, de la Unidad de Flagrancia, ordenaron múltiples allanamientos en viviendas del Fonavi de Grandoli y Gutierrez y el lindero barrio Municipal.

En un espacio tomado como campo de batalla entre bandas emblemáticas que se disputan el territorio para el comercio de estupefacientes, desembarcaron fuerzas de seguridad de Santa Fe, como la PDI y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) junto a Gendarmería Nacional, empleados municipales y provinciales del Servicio Público de la Vivienda que derribaron construcciones irregulares levantadas sobre espacios públicos.

De acuerdo a la información que se brindó en ese momento, el resultado del operativo fueron siete personas demoradas y tres detenidas, pero por razones que no tienen que ver con el objetivo inicial de las requisas. En una de las casas allanadas se encontró un arma de fuego y gran cantidad de municiones de diversos calibres.

La mayoría de los departamentos requisados estaban desocupados y habían sido objeto de usurpaciones, señalados como aguantaderos de delincuentes o bocas de expendio de estupefacientes. En cualquiera de los casos, las órdenes era restituirlos a sus legítimos dueños mediante la gestión de los organismos provinciales y municipales. En ese sentido, se supo que hay casi 70 casas y departamentos usurpados en el cuadrante delimitado por las calles Lola Mora, Hipócrates, Lorenzini y Sánchez de Thompson.

"Es mía"

Entre los domicilios allanados figuraban departamentos ubicados en Sánchez de Thompson al 200 y al 400 bis, Lorenzini al 4600 e Hipócrates al 4600. En el núcleo 19 del Fonavi que allí se levanta se allanó un departamento que estaba vacío pero amueblado. Algunas fuentes lo vincularon como ocupante del mismo a Carlos Jesús "Pelo duro" Fernández.

Los cuatro uniformados ahora detenidos llegaron a una de esas viviendas tras el señalamiento de un vecino y la rápida gestión de la orden de allanamiento espontánea que hizo el fiscal Edery. Entonces uno de policías ingresó por la ventana de la vivienda y tras revisar varios sectores de la propiedad extrajo del cajón de una cómoda una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa Thunder.

Según información extraoficial, ya que los detalles de la mecánica se reservan para la audiencia que se realizará hoy en el Centro de Justicia Penal (CJP), todo ocurrió frente a un testigo civil que observó la situación y los otros tres agentes, uno de los cuales era el encargado de filmar el procedimiento como elemento de prueba para la investigación.

"Esta es mía", habría esgrimido el agente que encontró el arma en el cajón mientras blandía la 9 milímetros y el testigo de civil se sorprendía por la situación, alejada totalmente del protocolo de actuación en los allanamientos.

En ese momento otro de los policías le reclamó a su compañero que le pasara la pistola, supuestamente para incautarla y asentar su hallazgo en el acta correspondiente. "Damela que me la llevo, parece que este muchacho (por el testigo) no lo entiende", le sugirió.

Sin embargo, el objeto que debía formar parte del secuestro como resultado de la requisa nunca fue asentado en el acta de procedimiento que luego firmaron los cuatro policías.

Algo falta

Según fuentes cercanas al caso, la omisión del hallazgo del arma salió a la luz luego de que los fiscales Edery y Paolicelli contrastaran y examinaran las actuaciones realizadas por los policías, tanto la filmación como el acta prevencional que llegó a sus manos.

Algunas voces indicaron por lo bajo otro dato que habría llevado a los funcionarios a revisar las actuaciones. Fue la consulta que hizo un abogado penalista sobre la situación de la persona que habitaba el departamento allanado. "El profesional preguntó en Fiscalía si la policía había secuestrado el arma porque su cliente entró a la casa después de los allanamientos y no la encontró", describió una fuente sobre un aspecto que contribuyó a desnudar definitivamente la maniobra.

Detenidos y fastidio

Frente a ese panorama los fiscales notificaron la irregularidad a su par de la Unidad de Violencia Institucional, Carina Bartocci, quien ordenó a la Policía Federal la realización de cinco allanamientos.

Los agentes de la fuerza nacional llegaron entonces a las viviendas particulares y espacios de trabajo de los policías cuestionados. Y si bien no encontraron el arma, sí hallaron documentación que será incorporada a la carpeta judicial en la que se analiza el caso.

Mientras que ayer a la mañana se respiraba cierto fastidio en el Ministerio de Seguridad que conduce Maximiliano Pullaro por la forma en la que se ventiló el caso (se trata de integrantes de una fuerza relativamente nueva y oxigenada como la PDI, que fue impulsada por el gobierno socialista), la Oficina de Gestión Judicial del Ministerio Público Fiscal daba a conocer públicamente la fecha y hora de la audiencia imputativa contra los cuatro policías.

El trámite está previsto para las 9 de hoy en el nuevo edificio de Virasoro al 1100 con la presidencia de la jueza Silvia Castelli. De manera preliminar la fiscal Carina Bartocci acusara a Claudio M., Lucas U., Dante C. y Angel M. por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documento público, aunque también es probable que alguno de los acusados quede acusado por la sustracción del arma.