Cuatro acusados por balaceras en el conflictivo territorio de la Vía Honda

Un cachetazo a un pibe del barrio y un puñado de viejos rencores resultaron motivos suficientes para que el domingo 4 de septiembre pasado en la villa de la Vía Honda tres personas fueran atacadas a balazos desde una moto en los límites de la canchita de fútbol ubicada en Cerrillos al 3900. El fiscal de la Unidad de Balaceras Federico Rébola acusó a Eduardo “Lalo” R., de 21 años, y a Luciano Sebastián A., de 26, por haber disparado y herido a tres personas. En tanto, a María Ester A., de 52 años, y a Jenifer Natalia A., de 29 (ambas familiares de Luciano), las imputó por haber tenido sin la debida autorización legal un revólver marca Colt calibre 38 con empuñadura de plástico, número de serie y balas en sus seis alveólos. Esa arma estaba en la casa de las mujeres, en Doctor Riva al 5400, el miércoles pasado cuando efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la allanaron. El juez de garantías Héctor Núñez Cartelle dictó para los dos hombres la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años, y para las mujeres por 90 días.

La canchita de Cerrillos al 3900 es toda una referencia a la hora de hablar de narcocriminalidad y violencia en la Vía Honda. Desde el pasado 9 de agosto hasta el cierre de esta nota, en sus inmediaciones fueron asesinados cuatro hombres: Jorge Bustos, de 20 años, el 9 de agosto; Alejandro Andrés Tourn, de 28, el 19 de ese mismo mes; Eduardo Miguel Leiva, de 57 años, dos días más tarde; y Ramón Antonio Gudiño, de 62 años, quien el martes último murió en el Hospital de Emergencias tras haber sido baleado en el pecho y el cuello en un ataque a tiros ocurrido la tarde del domingo 30 de octubre pasado.

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Un día después de la muerte de Gudiño, efectivos de AIC realizaron ocho allanamientos en el humilde barrio donde supo mandar Máximo Ariel “El viejo” Cantero. Entonces detuvieron a tres hombres y dos mujeres que quedaron a disposición de los fiscales Federico Rébola (Balaceras), Alejandro Ferlazzo (Homicidios) y Fernando Dalmau (Investigación y Juicio). En el operativo se secuestraron un revólver calibre 38, una escopeta recortada sin numeración visible, municiones de distintos calibres, cuatro celulares, un Fiat Siena con pedido de secuestro por el robo de sus autopartes, dos pilas de cocaína, tres balanzas de precisión y 736 dosis de marihuana con un peso cercano al kilo en la casa de Edurado “Lalo” L. En otro de los domicilios allanados se encontró una decena de “palomas mensajeras”.

Un cachetazo

De acuerdo a la acusación realizada por el fiscal Rébola, el domingo 4 de septiembre Uriel, un pibe de 17 años, miraba uno de los pocos partidos de fútbol que se juegan en la canchita de calle Cerrillos. Según el relato de testigos, al ver al adolescente Luciano Sebastián A. se le acercó, le dio un cachetazo y lo echó de la cancha. El pibe se fue del lugar a buscar apoyo de sus parientes. Los más cercanos estaban en una compra venta llamada “El paraguayo”, en Felipe Moré al 3800. De allí salieron para ver qué había generado la agresión dos hermanos de Uriel, Brisa y Lucas. Junto a ellos fue Milagros Elisabet M., pareja de Lucas. Pero antes de que pudieran pedir explicaciones apareció una moto Honda Wave negra en la que circulaban Luciano A. y Lalo R., quienes comenzaron a dispararles.

Lucas S. recibió un balazo en el abdomen con orificio de salida; Brisa S. resultó herida en el brazo derecho y Milagros Elisabet M. un disparo en cada pierna. Algunos testigos reconocieron casi de inmediato a los atacantes, pero el temor que domina al barrio hizo que la información a la Fiscalía llegara a cuenta gotas. Finalmente, el miércoles los tiradores fueron detenidos y este viernes terminaron acusados por los delitos de tentativa de homicidio con arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil (Lalo R.); lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y amenazas (Luciano A.); y abuso de armas para ambos. En tanto, a María Ester A. y Jenifer Natalia A. las acusaron por la tenencia de un arma de fuego de guerra que fue hallada en su vivienda.