La defensa de Martín Roberto Santoro, procesado por tres casos de homicidio agravado en el caso conocido como los crímenes de barrio Parque, requirió ayer que su cliente fuera dejado en libertad al vencerse el plazo máximo en que una persona puede estar detenida sin ser sometida a juicio. El planteo fue respondido en el mismo día por la jueza interviniente, que pidió una ampliación del estado de la prisión preventiva de Santoro. Los abogados del imputado consideran que ese plazo no puede extenderse porque debió ser solicitado antes de que se cumplieran dos años de la detención. Como ese tiempo ya pasó, dicen los defensores, la prisión debe cesar.
El requerimiento es perfectamente legal pero aporta tensión a una causa caracterizada por su impacto público y su accidentado trámite. Ocurre que en el expediente hay una importante cantidad de elementos que complican a Martín Santoro, de 36 años, como responsable de dos de los asesinatos ocurridos en barrio Parque y uno en Zavalla. Sin embargo una persona sólo es culpable de un hecho cuando resulta condenada. Y por ello no puede estar indefinidamente en prisión sin sentencia. Los plazos máximos de privación de libertad que admite la legislación santafesina para un preso sin condena son dos años. Martín Santoro ya superó ese tiempo de encierro.
El abogado Raúl Superti sostuvo ayer que la salida de prisión para su cliente corresponde porque pasó dos años preso sin haber hecho nada para dilatar ese tiempo con algún requerimiento. "El cese de prisión en plazo razonable es una exigencia legal y si se violenta se incumplen pactos internacionales", dijo Superti, quien elevó el pedido junto al abogado Rafael Tamous a la jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara.
¿Cuál es la situación que llevó a que Martín Santoro estuviera dos años detenido sin que la jueza dispusiera, si así debía ser, el envío de la causa a juicio? "No me corresponde responder eso", dijo Superti a La Capital.
Martín Roberto Santoro fue procesado por tres casos de homicidio agravado, ocurridos en barrio Parque y en Zavalla en el curso de 2010. La imputación que le formuló la jueza Pérez Vara lo equipara al autor material de los asesinatos. La figura penal es homicidio críminis causa, que implica matar para asegurar impunidad en otro delito, en este caso el robo. La pena prevista para este delito es la de prisión perpetua.
Los dos hermanos que le siguen, Federico, de 30 años, y Cristian, de 28, recibieron la falta de mérito, lo que condujo a su definitiva desvinculación del caso por ausencia de pruebas, tras pasar 48 días presos, la mayor parte en una cárcel común.
El menor de los hermanos, Gustavo, fue detenido en Alvear en octubre de 2011 por estos hechos, y liberado por falta de mérito 45 días después. Sin embargo el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini apeló la decisión señalando que la jueza no profundizaba en los motivos para despegarlo.
Los crímenes. Los hechos que se le atribuyeron a Martín Santoro son tres. El primero es el de Concepción Lavore, de 73 años, encontrada sin vida en su casa de Suipacha 2124 de barrio Parque el 19 de febrero de 2010. El siguiente es el de José Savini, un jubilado de 73 años, locutor en una radio de Zavalla, apuñalado en su vivienda de esa localidad el 13 de mayo de ese año. La última de la serie fue Susana García de Giménez, una docente jubilada de 75 años, asfixiada en Riobamba 3036 dos semanas después, el 27 de mayo.
Martín Santoro fue detenido el 5 de junio de 2010 cuando salía de su casa de Villa Gobernador Gálvez. En el allanamiento efectuado allí, en presencia del fiscal Eduardo Paz, se hallaron perfumes importados, cremas y otros elementos que fueron reconocidos como propios de Susana García por una hija de la mujer. También encontraron un acordeón, un piano eléctrico y un equipo de música de José Savini. Y finalmente se identificaron dos relojes pertenecientes a Concepción Lavore. Uno de ellos tenía grabadas las iniciales CL en la carcaza.
El caso fue complejo tanto en su génesis como en su investigación. Pese a que al principio fuentes tribunalicias y policiales aludieron a la existencia de pruebas comprometedoras en contra de los hermanos Santoro, estas luego no se verificaron excepto para Martín. Los familiares de dos de los imputados (que terminaron procesados por encubrimiento) denunciaron ante la Corte Suprema al tribunal interviniente por arbitrariedad: señalaron que frente a la imputación de delitos iguales, algunos acusados habían obtenido medidas de prisión atenuadas y otros no. El máximo tribunal provincial, sin embargo, ratificó a la jueza al frente de la investigación.
