Uno de los tres acusados de matar el viernes pasado al policía César Carmona tenía captura recomendada por una fiscal de la provincia de Buenos Aires por un brutal asesinato por encargo en la ciudad de Colón ocurrido hace diez meses. En la audiencia donde lo imputaron esta tarde se reveló una información que dejó perplejos a los asistentes. Y es que Agustín "Calamar" Almirón, con pedido de detención de un caso de gran resonancia, iba todos los meses a firmar a una dependencia pública por tener una condena de ejecución condicional.
La desconcertante revelación la hizo Nicolás Rodríguez, el defensor de Calamar Almirón, que dijo que desde junio de 2022 su cliente había firmado periódicamente en el Patronato de Liberados, tal cual había acordado al momento de ser condenado a tres años condicional en una causa por robo simple, encubrimiento y portación de arma.
El juez de la audiencia, Florentino Malaponte, se esforzó por mantener la línea ante semejante admisión. Tardó muy poco en comentar la impresión que le causaba que una persona acusada de una ejecución a quemarropa se hubiera mantenido casi un año libre en Rosario hasta que el sábado fue atrapado en su casa de Nuevo Alberdi, esta vez por otro asesinato, el del policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), frente al edificio sede de esa dependencia en Lamadrid al 500.
“Si esto se comprueba, que Almirón fue a firmar y nadie le comunicó que tenía un pedido de captura, ni lo detuvo, es un hecho sumamente grave”, dijo al momento de resolver el juez Malaponte, un ex fiscal de homicidios.
El asesinato por el cual Calamar Almirón tenía pedido de captura es el de Mauricio Cordara, chofer de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), ejecutado a balazos frente a la casa del ex diputado y sindicalista Pablo Ansaloni el 18 de noviembre pasado en la localidad bonaerense de Colon, a 130 kilómetros de Rosario. Nadie supo, de modo asombroso, que mientras debían estar buscándolo asístía, mes a mes, a una dependencia oficial a estampar la firma.
El 13 de enero pasado cuatro rosarinos fueron indagados por este homicidio en Colón. Se trata de Angel Ochoa, Fernando Burgos, Angel Sosa y Ramón Vallejos, a quienes la fiscal de Colón Magdalena Brandt imputó como partícipes primarios del homicidio salvo éste último, acusado de encubrimiento agravado. El sicario que ejecutó de al menos siete balazos el pasado 18 de noviembre a Cordara —quien estaba junto al baúl de su VW Vento con uno de los hijos de Ansaloni— está identificado, pero continúa prófugo al igual que otros sospechosos, decía la crónica de La Capital ese día. Tenía pedido de captura. Era Agustín "Calamar" Almirón, quien según su defensor estuvo en Rosario desde entonces, firmando la constancia de su libertad condicional mes a mes.
