Como parte de la organización criminal dirigida desde prisión por Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon, una mujer de 44 años fue condenada a 3 años de prisión efectiva en carácter de miembro de una asociación ilícita. Había sido imputada en diciembre de 2022 junto a una veintena de personas acusadas de prestar servicios para el piloto civil sindicado como uno de los mayores proveedores de drogas de la región. Puntualmente, le reprocharon ser parte de una célula que controlaba el negocio de venta de drogas en Arroyo Seco, en su caso como recaudadora, y haberse encargado de ingresar celulares a la cárcel de Ezeiza.
En un procedimiento de juicio abreviado, Vanesa Gisela Corvalán aceptó 3 años de prisión efectiva. La jueza Paola Aguirre aceptó el acuerdo presentado por los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot y la defensa de la acusada. Detenida en el Complejo Penitenciario de Rosario, la mujer estaba en prisión preventiva desde el 12 de diciembre pasado. Entonces fue acusada junto a otras 17 personas de integrar una banda a órdenes de Rodríguez Granthon, todos con roles diferenciados.
Corvalán fue ubicada como parte de un subgrupo a cargo de su hijo Pablo P. , quien compartió pabellón con el Peruano en Ezeiza y a quien se lo considera referente de la organización en Arroyo Seco. Una célula en la que se incluye a otro de sus hijos, Esteban, como encargado de la venta de drogas al menudeo, y a la novia de Pablo, Virginia M., ligada a las cobranzas de deudas. La mujer fue detenida como la “encargada de recaudar, entregar y depositar dinero proveniente de la actividad ilícita de parte de la banda” que actuaba en esa localidad.
Además, según consta en la condena, “resguardaba vehículos en su domicilio” y tenía disposición sobre armas de fuego. Tras la detención de su hijo Pablo actuó como su nexo con el exterior, “realizando las tareas que éste último se encuentra imposibilitado de llevar a cabo por encontrarse detenido”. Por último se le atribuyó haberse ocupado de ingresar celulares a la cárcel de Ezeiza a pedido de su hijo, “con conocimiento de que eran herramientas usadas para las actividades del grupo”. Entre las evidencias atribuidas a la mujer figuran escuchas telefónicas de conversaciones con sus hijos e intervenciones a otros acusados que la mencionan.
El piloto civil Julio “Peruano” Rodríguez Granthon fue imputado el año pasado como jefe de una asociación ilícita junto a otras 18 personas acusadas de prestar servicios para el grupo al que se le atribuyen ataques a tiros y actos de violencia en el oeste y el norte de Rosario además de las ciudades de Arroyo Seco y Funes. Preso en la cárcel federal de Ezeiza, el líder del grupo cumple dos condenas por tráfico de drogas por un total de 12 años y además está acusado como partícipe del plan criminal que terminó con la vida del pastor y ex concejal Eduardo Trasante.
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Según aquella imputación, bajaba instrucciones a los eslabones inferiores a partir de llamadas telefónicas y de quienes lo visitaban en la cárcel. Exigir cobranzas de deudas, ofrecer recompensas por el asesinato de personas de bandas antagónicas y disponer el uso de armas de fuego, vehículos y tiratiros eran parte de las órdenes emitidas desde prisión. Y en ese marco se detectó que abonaba un sueldo semanal a los sicarios de la organización, además de gestionar el ingreso de celulares al penal.
El grupo cayó en allanamientos del 12 de diciembre en Rosario, Funes, Fighiera, Roldán y Arroyo Seco además de requisas en celdas de la cárcel federal de Ezeiza y las provinciales de Piñero y Coronda. Según la investigación, el Peruano “negociaba con todos”, en referencia a distintos grupos criminales, aunque tenía contacto estrecho con Los Monos a través de Damián “Toro” Escobar, detenido en otro pabellón de Ezeiza.
