En un clima político de discursos endurecidos contra la corrupción policial, cinco efectivos de la comisaría 19ª fueron condenados ayer a penas que van de los 6 a los 16 años de prisión por extorsionar a vecinos, registrar falsedades en los sumarios y realizar allanamientos ilegales en la zona sudoeste de Rosario. Así terminó un juicio oral que duró dos semanas y al que los acusados llegaron presos por delitos de dos años atrás (ver aparte).
De las duras acusaciones iniciales el tribunal desestimó las figuras más controvertidas como asociación ilícita o secuestro extorsivo, pero de todos modos aplicó penas altas que serán apeladas por las defensas.
Unánime. La tensión se sentía en el aire ayer a las 13 cuando el juez Hernán Postma se dispuso a leer el veredicto al que arribó en forma unánime con sus pares Hebe Marcogliese y Mónica Lamperti. Primero pidió que se evitaran exclamaciones en la sala, donde no cabía un alfiler. Y a continuación detalló las condenas. Los cinco acusados recibieron penas de prisión, aunque no por todos los delitos que les reprochaban inicialmente. Sin quebrantar el pedido de silencio, sus familiares escucharon los quince puntos de fallo con la cabeza gacha, lagrimeando o con la mirada perdida en el suelo.
El comisario inspector Guillermo Ruiz Díaz, de 46 años y ex jefe de la comisaría, fue condenado a 16 años de prisión por dos hechos de extorsión, tres de incumplimiento de sus deberes y cuatro falsedades ideológicas. La misma pena recibió el suboficial Sebastián Farini, de 40, por cuatro extorsiones, dos falsedades, un allanamiento ilegal y tres incumplimientos.
El suboficial Víctor Luis D'Angelo, de 33, fue condenado a 12 años por tres extorsiones, un allanamiento ilegal y dos falsedades. José Antonio Galván, de 53, recibió 9 años como partícipe secundario de una extorsión y coautor en otra.
Finalmente, Lucrecia Bustos, de 34, recibió la pena más baja de 6 años por una extorsión y una falsedad ideológica. Es la única que está en prisión domiciliaria porque tiene un hijo pequeño a su cuidado y podrá cumplir la pena en esa condición.
Los cinco fueron sentenciados además a diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y a pagar multas que van de los 10 mil a los 20 mil pesos.
Al mismo tiempo, los cinco condenados fueron absueltos en otros dos a cuatro delitos cada uno porque el tribunal no halló pruebas suficientes. Otra definición favorable a los policías es que un caso presentado como secuestro extorsivo —por exigirle dinero a un preso sin documentar el arresto— en el fallo se consideró sólo como extorsión.
Los jueces no hicieron lugar a las nulidades reclamadas por la defensa de Ruiz Díaz y, en un punto sensible de la sentencia, rechazaron "por manifiestamente improcedente" la figura de asociación ilícita con que pretendían aglutinar los casos los fiscales de Delitos Complejos Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack.
Valoraciones. "Es una figura bastante difícil de probar, que no se está acostumbrado a trabajar. Pero creemos que la pena fue proporcional al daño ocasionado y que tuvo en cuenta la forma en que realizaron estos delitos", evaluó Mac Cormack. Los fiscales habían pedido penas de hasta 20 años de reclusión y ahora esperarán a conocer los fundamentos para resolver si apelan.
"Si bien habíamos pedido más penas, y eso se correspondía con calificaciones que no han sido admitidas, el fallo es positivo. No tenemos muchos precedentes de condena a todo un sector de la policía", apuntó Narvaja, para quien la sentencia "no es un mensaje a la policía sino a una forma de delincuencia. La primera institución que colaboró activamente para llevar adelante esta investigación fue la propia fuerza policial".
En la otra vereda, las defensas recibieron como una conquista propia que se desactivara el encuadre de asociación ilícita, pero apelarán las duras condenas.
"Por la quita de figuras, es excesivo el monto de la pena. Lo vamos a discutir en la Cámara", dijo Paul Krupnik, defensor junto a José Nanni del comisario Ruiz Díaz. Si bien la acusación lo ubicaba como jefe de una banda, para los jueces sólo están probados delitos puntuales.
El insoslayable contexto político con la seguridad pública en debate fue algo que para los defensores influyó en el fallo: "El mensaje de querer depurar a la fuerza provincial no ha ayudado a la suerte procesal de mi defendido", analizó.
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