Caso Escobar: la Justicia federal admitió la figura de desaparición forzada

La causa por la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar, el joven de 23 años cuyo cadáver fue hallado en las aguas del Paraná en agosto de 2015, quedará en manos de la Justicia federal para ser investigada como desaparición forzada de persona. Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Federal de Rosario integrada por Guillermo Toledo, Elida Vidal y Edgardo Bello. Los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del juez Marcelo Bailaque, que había rechazado investigar el caso bajo la figura que habían solicitado los fiscales provinciales y los abogados querellantes que representan a la familia de la víctima.

Escobar fue hallado muerto el pasado 21 de agosto luego de una semana desaparecido. El último lugar en el que se lo vio con vida fue en el boliche La Tienda. Por el hecho fueron imputadas cinco personas: un patovica como autor material y dos por encubrimiento, imputación que también alcanzó a dos policías que estaban realizando adicionales esa noche en el bar.

La Justicia provincial investigó el caso como homicidio pero luego dio crédito a la postura de la querella respecto de la desaparición forzada de personas, por entender que en la muerte de Pichón intervinieron policías. La causa fue girada a la Justicia federal pero Bailaque se declaró incompetente por entender que no había elementos que respaldaran el cambio de carátula. La resolución del juez federal fue apelada y ayer se conoció la respuesta de la Cámara Federal de Rosario.

Giro. "Esto da un giro total a la causa. La Justicia deberá indagar a los imputados bajo la figura de la desaparición, lo que conlleva una pena mucho mayor y llega hasta prisión perpetua en los casos de homicidio y cambia también en los casos de encubrimiento", dijo el abogado Salvador Vera, que representa como querellante a la familia Escobar.

El joven fue visto al salir del boliche de Tucumán al 1100 y una semana después apareció muerto en el río. Para la querella Escobar pudo haber estado al menos seis horas en los cuales pudo haber estado privado de libertad.

Según Vera, se probó por testimoniales el modus operandi del grupo de seguridad de La Tienda en conjunto con la comisaría 3ª, así como el ingreso de una persona a esa seccional que no fue registrado. Esa persona fue alojada en un sitio diferente al cuarto transitorio en el que se ubica habitualmente a los detenidos. Luego de eso se escucharon gritos, tras los cuales el personal policial encerró a los detenidos y les impidió hacer sus actividades habituales. Y después les dijeron que todo eso pasaba por el quilombo que tenían "por lo de Escobar". Vera indicó que toda esa información consta en la causa.

Para los camaristas que analizaron el caso hay elementos por los cuales se debe investigar la privación de libertad de la que pudo ser víctima Escobar, así como la adulteración de cámaras de vigilancia, los contactos telefónicos reiterados entre la seccional y el imputado Cristian Vivas y el encarcelamiento durante unas horas de un hombre en la seccional 3ª, entrada no se registró en el libro de guardia.

"Cabe concluir, sin perjuicio de lo que pudiere resultar de la investigación y al solo efecto de determinar la competencia del juez que le corresponde intervenir, que no puede descartarse que la víctima pudiera haber sido detenida en forma ilegal por agentes estatales la madrugada del 14 de agosto de 2015, y permanecido en tal condición un tiempo indeterminado, el que podría estimarse (de acuerdo a los informes médicos citados precedentemente) que se habría prolongado durante algunas horas hasta su trágica muerte", dice el fallo de los camaristas.

La Cámara resolvió que la causa vuelva al mismo juzgado de Bailaque pero con el cambio de carátula. Para Vera "esto nos obliga a recusar al juez porque entendemos que ya se expidió al respecto".