A un año de sancionada la ley de microtráfico, Vranicich realizó un balance de lo realizado por el MPA en la persecución de la venta minorista de drogas. Unas 5.700 personas fueron investigadas en la provincia y hubo 100 condenas
Foto: Archivo / La Capital.
La jefa del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.
“El abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con la violencia extrema y las investigaciones que realizamos impactaron claramente en la baja de los índices, especialmente en Rosario y Santa Fe”, dijo la fiscal general de la de la provincia, María Cecilia Vranicich, a un año de la sanción de la ley de narcomenudeo.
La titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) realizó un balance sobre el año de trabajo con la ley que habilita a los fiscales provinciales a perseguir la venta minorista de drogas en los barrios, lo que se conoce como narcomenudeo o microtráfico. Un nuevo panorama normativo que, por otra parte, también ha cosechado dudas y cuestionamientos a partir de una serie de procedimientos policiales amparados en esa legislación que resultaron fraudulentos, con policías que empezaron allanando una casa donde hallaron 500 gramos de cocaína y terminaron acusados de haberse robado 15 kilos de droga, entre otros casos que vienen tomando estado público.
En un material de prensa que incluye un video institucional en el que Vranicich y los fiscales que participan del equipo de Microtráfico realizan una valoración de la tarea realizada, la titular del MPA destacó en su balance algunos números como las 5.700 personas que fueron investigadas por venta minorista de droga y el derribo de 45 inmuebles que funcionaban como kioscos de venta de droga. Y remarcó que hubo más de 800 personas imputadas y cien ya fueron condenadas —si bien no se precisó el dato, se presume que en una gran mayoría mediante juicios abreviados— en un total de 900 audiencias.
El pasado 29 de diciembre de 2023 se sancionó en Santa Fe la ley 14.239 de adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes que habilitó al MPA a afrontar las investigaciones penales de casos de tenencia de pequeñas cantidades de droga fraccionada para la comercialización. Desde entonces los fiscales provinciales requirieron alrededor de 500 allanamientos, generalmente en barrios periféricos de la ciudad.
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La temática es uno de los “objetivos priorizados” de la gestión de Vranicich, que en tal sentido conformó el denominado Equipo de Trabajo sobre Microtráfico para implementar ese plan de manera progresiva. El equipo está integrado por la fiscal coordinadora de Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, los fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, el subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones (OI), Victor Moloeznik, y la secretaria de Gestión con funciones en la Fiscalía General Marina Pieretti. Ese equipo coordina las tareas vinculadas al narcomenudeo en las cinco fiscalías regionales de la provincia.
Vranicich consideró que “luego del primer año de trabajo, los resultados son contundentes” y aseguró que la nueva ley les permitió a sus fisales “investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en los grandes centros urbanos”.
La fiscal general considera que el abordaje del microtráfico tiene una gran relación con los casos de violencia extrema porque “genera situaciones de inseguridad, temor y vulnerabilidad en los barrios y por el impacto que tiene en la tranquilidad pública, la paz social y la vida cotidiana de la ciudadanía”.
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En tal sentido valoró que se haya logrado “la autorización judicial para que se concreten más de 45 inactivaciones y demoliciones de búnkeres”, ya que está convencida de que “el derribo o inactivación de estos establecimientos, además del enorme valor simbólico que representa, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema”.
Al respecto la fiscal Cerliani indicó en el mencionado video institucional que “los esfuerzos investigativos están orientados a la identificación y desarticulación de las organizaciones delictivas que generan estas violencias altamente lesivas. Nuestro objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños y niñas o personas que atraviesan circunstancias adversas relacionadas con el consumo problemático de sustancias”. En ese sentido Vranicich instó a los “organismos correspondientes a abordar el consumo problemático de drogas”.
Por su parte el fiscal Vigo reseñó que desde que está en vigencia la ley “ingresaron 9.300 alertas sobre comercio de drogas, hay 4.000 hombres investigados y 1.700 mujeres, de los cuales 800 se encuentran con medidas cautelares”.
Finalmente la titular del MPA sostuvo que la persecución penal del microtráfico debe articularse y coordinarse “con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional”, afirmó Vranicich, para quien “la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación permitirán evitar atomizaciones, eventuales entorpecimientos en las investigaciones y mejorar resultados”.
Como contrapartida a este despliegue estatal en busca de la paz en los barrios están comenzando a aparecer con cierta habitualidad procedimientos policiales en los cuales los uniformados se aprovechan de la misma ley para realizar allanamientos que luego informan falsamente para encubrir sus acciones delictivas. Pasó con ocho agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) provincial que fueron acusados en la Justicia Federal de robar unos 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares en un operativo ilegal que se había presentado como un caso de narcomenudeo por los uniformados sospechados.
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A partir de ese ejemplo, que no es el único, hubo voces que alertaron sobre la posibilidad que aporta esta misma ley para encauzar legalmente operativos francamente delictivos que pueden disfrazarse de resultados positivos. Esto no quiere decir que la ley habilite a policías a hacer algo que no se hiciera antes, los allanamientos ilegales con actas fraguadas no son una novedad. Pero esta ley puede ser utilizada una nueva herramienta para viejas prácticas como apretar a delincuentes que en general no van a denunciar al policía corrupto.
Otra cuestión que suele ser criticada por su espectacularización es lo que se denomina “derribo”, con topadoras que llegan a destrozar un kiosco de drogas que horas más tarde está funcionando de otra manera en el mismo barrio. Además empiezan a aparecer propiedades cuyos dueños terminan sufriendo por partida doble el hecho de haber perdido una vivienda a manos de un grupo delincuente y luego que el Estado las termina destruyendo.
Ante nuevas problemáticas en los últimos meses los fiscales empezaron a optar, en algunos casos, por otra medida también contemplada en la ley de microtráfico que implica el “bloqueo” o “inactivación”, que implica tapialar las aberturas para inutilizar la propiedad sin destruirla y sacar del mercado ese punto de venta de drogas mientras se siguen trabajando cuestiones catastrales o legales. Esa modalidad viene aparejada, según adelantó días atrás el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, con lo que llamó “ocupación positiva” por parte del Estado, un dispositivo para que esos sitios puedan funcionar como espacios para actividades comunitarias y no vuelvan a ser apropiados por delincuentes.
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