El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, señaló ayer que la Dirección provincial de Asuntos Internos intervendrá en la investigación de una presunta detención ilegal concretada en la Jefatura de Rosario, que fue revelada por la denuncia judicial de un preso que señaló que le plantaron droga y armas para frustrar sus salidas transitorias de prisión, presionandolo a conseguir dinero a fin de no armarle una causa penal. Por la maniobra quedaron al descubierto efectivos policiales que se desempeñan en la misma sede de la fuerza, a raíz de escuchas telefónicas realizadas por la Agrupación Orden Público de la Unidad Regional II, que van en el sentido de los dichos del denunciante.
"Por esta denuncia desde el gobierno y la cúpula policial estamos decididos a llegar hasta el fondo del asunto sean cuales fueran las consecuencias. Si hay responsabilidades por delitos hay que asumirlas y más si parten de empleados infieles de la Jefatura. Pero estamos hablando de algo que debe ser probado", dijo Lamberto. "Me interesa subrayar que esto es un hecho marginal de personas que si actuaron ilegalmente no se librarán de sanción. Pero esto ocurre en el marco de una investigación legal que por primera vez produce resultados alentadores en veinte años frente a bandas criminales en Rosario", añadió el ministro.
Oídos. La situación investigada por el juez de Instrucción Nº 15 Alejandro Negroni emergió porque unas escuchas al teléfono de Milton Damario, sospechado de ser quien asesinó a Claudio "Pájaro" Cantero hace tres meses, revelan que un preso pidió 50 mil pesos para que le permitieran irse de Jefatura, donde lo tenían retenido según se presume en una dependencia de la Agrupación Unidades Especiales (AUE). Esas escuchas las ordenó Negroni y las desgrababa un equipo a cargo del comisario inspector Marcelo Marcos.
La persona en cuestión es un hombre que está detenido por un homicidio ocurrido en Villa Gobernador Gálvez el 11 de agosto de 2010, en la esquina de Coronel Aguirre e Iriondo. Sus iniciales son C.D.E. Está esperando condena con régimen de prisión preventiva morigerada con salidas laborales. Todos los días sale de la Alcaidía de Jefatura a trabajar como mecánico a las 8 de la mañana y regresa a las 22 a pernoctar en el pabellón ocho del penal de Francia al 5200.
Hace un mes. Según la denuncia el 22 de julio, durante una de sus salidas legales, fue a visitar a un conocido al Hospital Clemente Alvarez. Al salir manejando un VW Bora fue interceptado por dos vehículos ocupados por policías de civil que lo llevaron hasta la Jefatura. Allí le pidieron, según la denuncia, 50 mil pesos. Luego las escuchas al teléfono de Damario —con pedido de captura por pertenecer a la asociación ilícita que investiga el juez Juan Carlos Vienna— revelaron que se le solicitaba al usuario de ese teléfono dinero para soltar a C.D.E.
El que le pedía la plata decía ser un policía de la División Judicial. Eso llevó a que el juez Negroni secuestrara el jueves pasado el libro de guardia de esa repartición para ver si estaba consignada la detención. Efectivos de la División Judicial le señalaron al magistrado que ellos no tenían nada que ver con ese hecho y que se había invocado arteramente el nombre de la dependencia para encubrir un delito cometido por otros.
Según dijo Lamberto "quien realizó esa maniobra no sería ni de la División Judicial, ni de Orden Público, que son las áreas que llevan adelante las investigaciones sobre las redes criminales".
Ayer en Tribunales y en el Poder Ejecutivo hubo malestar ante la difusión de este episodio. Lo que animó la publicación fue algo del todo verificable: la denuncia del preso contando lo que le pasó, radicada en la fiscalía Nº 9, y las escuchas que corroboran una detención con afán extorsivo captadas por orden de un juzgado.
C.D.E denunció además que el VW Bora en el que fue interceptado por los policías, que según él lo detuvieron ilegalmente, días después le fue sustraído a punta de pistola a su mujer por Milton Damario. Y que éste lo tomó por el dinero que había puesto por su rescate. La intención de C.D.E de revelar el hecho, dijo, se basa en que el vehículo está a nombre de su mujer, lo que generará responsabilidad para ella si Damario lo utiliza con propósitos delictivos.
"Se toma con toda seriedad"
“Se toma con toda seriedad esta denuncia”, dijo ayer el jefe de la Unidad Regional II, Luis Bruschi. “Creemos que son fundamentales este tipo de acciones para que la policia se vaya depurando. No hay desplazados porque está en pleno desarrollo la investigación: tiene que estar bien corroborado el hecho para que no se sancione a un inocente. Pero nuestra intención es que delincuentes disfrazados de policías queden tras las rejas”, le dijo a Radio Dos.
