La jueza penal Roxana Bernardelli dispuso que los dos jóvenes detenidos por el linchamiento de David Moreira, ocurrido el 22 de marzo pasado en Marcos Paz al 5400 tras robarle el un bolso a una mujer, sigan el proceso bajo arresto domiciliario. La medida fue adoptada en una audiencia realizada la mañana de ayer en los Tribunales provinciales en la cual la fiscalía, a cargo de Florentino Malaponte, decidió bajar la calificación del delito cometido de "homicidio doblemente calificado por ensañamiento, alevosía y la participación de dos o mas personas", a la de "homicidio en agresión", una figura penal que contempla una pena de 2 a 6 años de cárcel.
"Esto es una aberración jurídica. No puede ser que les bajen las imputaciones pero les prorroguen la prisión preventiva aunque sea morigerada", dijo un allegado a la causa lo suficientemente enfadado por la resolución judicial.
El 22 de marzo pasado David Moreira, de 18 años, se trasladaba en una moto junto a un cómplice (ya condenado) luego de robarle el bolso a una mujer que caminaba con su pequeña hija por calle Liniers y Marcos Paz, en el corazón de barrio Azcuénza. Mientras su compañero logró escapar, Moreira quedó a merced de un grupo de jóvenes que hacían la previa en un club cercano para ir a ver un partido de Rosario Central y lo golpearon con ferocidad en Marcos Paz al 5400 hasta generarle heridas gravísimas que, dos días más tarde, le provocaron la muerte.
Tras una prolongada pesquisa y la ruptura de un pacto de silencio que se había posado sobre el barrio, el 23 de septiembre y en el marco de siete allanamientos en domicilios cercanos al lugar del hecho, fueron apresados Nahuel Yamil P., de 26 años; y Gerardo "Capocha" G., de 28. Ninguno de los jóvenes contaba con antecedentes penales y ambos trabajaban hasta ese momento en distintas actividades.
En una primera audiencia, y a partir de evidencias recogidas por el fiscal Malaponte, ambos quedaron imputados de homicidio calificado agravado por el ensañamiento, la alevosía y la participación de dos o más personas. Entonces, la jueza Bernardelli les dictó la prisión preventiva por 40 días, tiempo durante el cual el Ministerio Público de la Acusación debió acumular pruebas que permitan sostener la acusación que tenía una pena en expectativa de prisión perpetua.
Sin embargo, el tiempo pasó y las pruebas y pericias realizadas hasta el momento parecen no haber alcanzado para que los muchachos sigan tras las rejas. Un vocero cercano a la causa dijo ayer a LaCapital que "las ruedas de reconocimiento realizadas dieron negativas, el trabajo realizado sobre el video que se captó al momento del hecho no permitió dar nitidez a las imágenes a fin de que se vean claramente los rostros de los agresores y sólo hay una escucha telefónica en la cual la madre de uno de los imputados habla con otra mujer a la que le reconoce que su hijo estuvo allí pero que «sólo le dio un par de patadas», lo que no necesariamente le habría provocado el desenlace fatal".
Así las cosas, en la audiencia de ayer el fiscal Malaponte pidió en una primera instancia la prórroga de la prisión preventiva de los imputados ya que "se hicieron algunas pruebas y restan otras por hacer" y remarcó lo de la mencionada escucha telefónica como un elemento "de vital importancia que de la pauta de que los jóvenes apresados estuvieron en el lugar". Incluso, dijo que "hay elementos para aplicar una condena de aplicación efectiva".
Sin embargo, los defensores de ambos acusados se opusieron a la prórroga y a la valoración de las pruebas recogidas y pidieron el cese de la investigación y la inmediata libertad de sus clientes. Además, remarcaron que ninguno de los muchachos tiene antecedentes penales, no representan peligrosidad procesal, tienen domicilio constituído y trabajo.
Ante la falta de conciliación de las partes, la jueza decidió "rechazar la prórroga de la prisión preventiva y disponer la morigeración de la prisión bajo la forma de arresto domiciliario" mientras avance la causa.
