La defensa del ex fiscal regional Patricio Serjal solicitó la suspensión del juicio oral, aún sin fecha, al que llegará acusado de una serie de delitos vinculados con la protección que se le atribuye haber brindado a un capitalista de juego clandestino. Los abogados Ignacio Carbone y Renzo Biga plantearon que, a raíz de las imputaciones formuladas al fiscal Matías Edery en algunos de los hechos relacionados con el caso de su defendido, el proceso judicial debe suspenderse hasta que se esclarezca la situación.
En una audiencia realizada este martes en el Centro de Justicia Penal (CJP) los defensores presentaron las imputaciones y evidencias esgrimidas contra Edery por el auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las dos fiscales santafesinas que lo imputaron de omitir investigaciones y encubrir a Mariana Ortigala, una testigo protegida devenida en informante del fiscal y posteriormente imputada por extorsiones junto con miembros de Los Monos. Los defensores analizaron esa información pública desde el punto de vista de la causa Serjal y concluyeron que Edery acusó al ex fiscal regional de omitir una investigación en la misma causa en la que ahora él está imputado por lo mismo. Una situación por la cual, alegaron, no puede realizarse el juicio oral hasta que se aclare.
Por su parte el fiscal José Luis Caterina rechazó el planteo de los defensores. Si bien admitió que los elementos surgidos contra Edery ameritan las investigaciones en curso y aquellas que decida el flamante interventor de la Fiscalía Regional 2, Matías Merlo, las objeciones que plantean los abogados de Serjal pueden ser tratadas en el juicio oral sin que se resientan los derechos del acusado a un juicio justo. En ese marco, la jueza de primera instancia Eleonora Verón dictó un cuarto intermedio sin plazos para dar a conocer su resolución.
Historias cruzadas
Son varias las historias que se entrecruzan en el planteo formulado este martes por los defensores del ex fiscal regional. Una es la de Serjal, desplazado de su cargo en 2020 cuando la investigación por la muerte de un apostador en una balacera extorsiva contra el casino City Center descubrió el accionar de una banda liderada por Ariel “Guille” Cantero que se dedicaba a extorsionar a comerciantes y luego puso un pie en el juego clandestino. Esa pesquisa tuvo como hito inicial la información obtenida del celular de Maximiliano “Cachete” Díaz, quien dirigía en la calle las actividades del grupo. El aparato, que resultó ser una tremenda caja de Pandora, fue encontrado a medio romper por un vecino del edificio de donde se llevaron detenido a Díaz que lo entregó a la Fiscalía.
En ese marco apareció Leonardo Peiti, empresario de juego legal y clandestino, primero víctima de las extorsiones y luego colaborador de la banda que aportaba sus vínculos en la Fiscalía para intentar proteger esa actividades. Mientras la investigación sobre extorsiones sumaba sospechosos en el campo del juego clandestino, ante la inminencia de su detención Peiti decidió denunciar a los fiscales Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Los acusó de cobrarle dinero por protegerlo de las investigaciones judiciales que pudieran afectarlo.
En medio de un escándalo en agosto de 2020 fueron desplazados Ponce Asahad y luego Serjal. Pero la trama del juego clandestino siguió sumando imputados, entre ellos el capitalista del juego de Rafaela, David Perona, muerto en noviembre de ese año por Covid. Finalmente la Agencia de Criminalidad Organizada que integraba Edery imputó a Serjal, Ponce Asahad y Peiti —entre otros— como miembros de una asociación ilícita que gerenciaba el juego clandestino —casinos y apuestas electrónicas— en distintos puntos de la provincia. Incluso los fiscales de esa agencia quisieron imputar al senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri, pero la Legislatura lo impidió basada en los fueros del legislador.
Tanto Ponce Asahad como Peiti aceptaron en juicios abreviados, en septiembre y diciembre de 2021 respectivamente, condenas a seis años de cárcel reducidas a tres años por sus aportes a la investigación como imputados colaboradores. Pero Serjal —así como el empleado judicial Nelson Ugolini— optó por defenderse en un juicio oral. Y un año y cinco meses después de ser detenido, tras pagar 10 millones de pesos, en febrero de 2022 fue autorizado a esperar el juicio en libertad.
La otra historia que se cruza es la de los hermanos Mariana y Rodrigo Ortigala, quienes supieron integrar el entorno del empresario narco Esteban Alvarado y terminaron siendo testigos en su contra. Con ese rol entabló su relación con Edery, que investigaba al empresario narco, y se convirtió en su informante, una relación que el fiscal blanqueó ante la entonces fiscal regional María Eugenia Iribarren, quien había sucedido a Serjal. Desde marzo de 2020, cuando fue baleada por allegados a Alvarado, Ortigala afianzó un acercamiento al entorno de “Guille” Cantero.
En ese marco en agosto del año pasado Rodrigo Ortigala terminó condenado como miembro de la banda de extorsiones comandada por Guille Cantero a un año y medio de prisión. Mientras tanto los fiscales rosarinos Miguel Moreno y Pablo Socca estaban tras la pista de otra organización extorsiva atribuida a Cantero y en septiembre pasado quien cayó en ese marco fue Mariana Ortigala, acusada de integrar la red investigada por amenazas, balaceras e incendios a locales de la agencia de loterías El Califa. Entre los nueve imputados estuvo Lorena Córdoba, la viuda de Perona.
Además de endilgarle a Ortigala roles de extorsión, los fiscales plantearon sus sospechas contra la mujer como posible testaferro de Los Monos en virtud de muchas propiedades que le atribuyeron. Pero además sorprendieron en medio de las audiencias con una denuncia contra Edery a partir de la información colectada del teléfono de la imputada. La denuncia aludía a una relación irregular entre el fiscal y su informante ahora imputada y sobre esa base Edery también fue suspendido por la Legislatura donde este martes declaró ante la comisión bicameral que este miércoles resolverá su futuro.
El nuevo escándalo, en cierto modo rebote del anterior, terminó con el desplazamiento de la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren por decisión de la fiscal general María Cecilia Vranicich, quien la semana pasada nombró al fiscal regional de Venado Tuerto Matías Merlo como interventor de la sede rosarina del MPA.
Punto de vista
La denuncia de Moreno y Socca derivó en dos investigaciones contra Edery en la ciudad de Santa Fe. El auditor del MPA Leandro Mai emitió un informe y las fiscales de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 María Laura Urquiza y Bárbara Ilera abordaron el aspecto penal. En febrero pasado le imputaron a Edery delitos cometidos en siete hechos ocurridos entre 2019 y 2023 en los que se lo acusa de haber protegido a Mariana Ortigala, a su esposo y a su hermano.
Entre las imputaciones a Edery está la “omisión de promover la investigación” contra los Ortigala por una extorsión contra Peiti que derivó en una balacera contra un edificio de Servando Bayo al 1000 en julio de 2019. Urquiza e Ilera le atribuyeron a su par rosarino haber sabido y ocultado que en ese hecho estaban involucrados los Ortigala como miembros de Los Monos.
También a Edery de haberle impedido a Peiti mencionar a los Ortigala en la declaración que el arrepentido realizó en Cañada de Gómez donde implicó a Serjal y Ponce Asahad en la trama del juego clandestino.
“Esta es evidencia que surgió ahora, es información pública, y refiere a hechos anteriores pero tienen relación directa con la causa de Serjal”, dijeron Biga y Carbone. Alegaron que la omisión de persecución que se le atribuyó a Serjal en ese hecho tuvo como objeto encubrir la omisión de persecución a los Ortigala por parte de Edery. En tal sentido citaron las evidencias esgrimidas por los investigadores santafesinos y cuestionaron la declaración de Peiti contra Serjal en la que no se mencionó a los hermanos, a quienes les achacaron —en virtud de las nuevas evidencias— haber conminado a Peiti a incriminar a Serjal y Ponce Asahad para mejorar su situación procesal.
Los defensores también se quejaron de haber recibido el audio original de esa declaración recién hace tres meses y dijeron que la transcripción con la que contaban no mencionaba las acusaciones de Peiti a los Ortigala por extorsionarlo. También afirmaron que Serjal no omitió la persecución a Peiti sino que fue Edery quien impidió que avanzara la causa. Y también alegaron como irregular que tanto Peiti como Edery estén imputados del mismo delito en el mismo expediente.
Sobre el mismo tema Carbone y Biga remarcaron una declaración de Peiti en la fiscalía de Rafaela de la que se enteraron a partir de las denuncias contra Edery en las que el empresario se quejó de que mientras él estaba preso los hermanos Ortigala estaban en libertad. “Analizamos las acusaciones contra Edery desde el punto de vista de la causa de Serjal”, advirtieron antes de exponer el análisis de algunos mensajes revelados en el marco de la investigación.
Modus operandi
En ese sentido notaron que en mensajes intercambiados con Edery y Belmonte, Mariana Ortigala les achacó que le había “entregado” el celular de Cachete Díaz, entre otras cosas que ella había hecho para colaborar con investigaciones, pero ellos no habían logrado archivar la causa contra su hermano. “Se ve que la gente se ofusca cuando ellos no cumplen con los pactos que hicieron a cambio de que direccionen investigaciones e incriminen a personas. Mariana Ortigala se enojó porque no cubrieron a su hermano, Peiti porque fue preso y también Lorena Córdoba se enojó porque no le devolvieron el celular a pesar de que, según el informe de Mai, ella había direccionado la investigación contra Traferri a pedido de Edery”, apuntó Carbone, y aludió a un “modus operandi” mediante el cual le exigían a los implicados que incriminaran a otras personas para mejorar sus situaciones.
Pero además de tomar el informe de la auditor Mai y las imputaciones de las fiscales Urquiza e Ilera, que pidió “prudentemente” profundizar, aludió al reciente desplazamiento de Iribarren, especialmente a las definiciones de Vranicich respecto de que la ex fiscal regional “perdió la objetividad” y “nunca dejó de obrar como coordinadora de la Agencia de Delitos Complejos”. Sin embargo, aunque pudo entenderse de esa manera, Carbone no dijo que la sucesora de Serjal le hubiese serruchado el piso.
“Todo esto es público, no hacemos ninguna conjetura. Pero en medio de este dilema estamos por llegar a juicio oral contra Serjal”, advirtió Carbone, para quien no estarían dadas las condiciones para realizar el debate preservando los derechos del acusado a defenderse. “Pedimos prudentemente que se suspenda el proceso hasta que se esclarezca esta situación”, concluyó el defensor.
Rechazo
La respuesta de la fiscalía estuvo a cargo de Caterina, fiscal de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada. “El proceso está muy avanzado pero los imputados están en libertad. La defensa no pudo precisar cuáles serían las pruebas nuevas que alegan”, dijo el fiscal, y abundó: “La imputación a Serjal no se circunscribe a la imputación a Edery”, señaló al enumerar los delitos que le achacan al ex fiscal regional como cohecho, incumplimiento de sus deberes y asociación ilícita.
También brindó la versión de la fiscalía sobre la causa del tiroteo contra Peiti en 2019. “La doctora (Ana Julia) Milicic —fiscal original del caso— sostuvo que la omisión de persecución fue de Serjal para con Peiti. Y en Santa Fe se investiga si Edery encubrió a los Ortigala.
Caterina alegó que “muchas de las cuestiones que planteó la defensa como novedosas” pueden ser tratadas en el juicio oral para el cual están aceptados como testigos tanto Milicic como Iribarren. En ese sentido afirmó que no considera afectado el derecho de defensa, sobre todo si estas nuevas evidencias están siendo investigadas por fiscales de otras jurisdicciones.
Oídas las partes, la jueza pidió un cuarto intermedio en principio sin plazos, habida cuenta de los feriados que comenzarán el jueves y de una nutrida agenda que la requería, la misma tarde de este martes, en una audiencia por un juicio abreviado. De este modo el próximo capítulo de este proceso judicial podrá escribirse con otro resultado puesto, ya que este miércoles la Legislatura debería expedirse sobre la situación de Edery y pronunciarse por su suspensión, destitución o absolución.
