Fue una semana movida alrededor de la causa judicial que investiga la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, cuyo cadáver apareció en el río Paraná el 26 de febrero pasado después de salir a bailar al boliche Ming River House y estar dos días desaparecido. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró un estudio histopatológico que generó debates en torno a las causas de una muerte que, pronto a cumplirse el primer aniversario, continúa sin esclarecerse. La querella que representa a la familia Orellano hizo su lectura y entendió que el estudio corrobora la hipótesis “de una muerte violenta”. Lo mismo sostuvo la comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados de la provincia, que en conferencia de prensa avaló la hipótesis de un homicidio doloso. Ante esto el abogado de dos policías implicados en la causa dialogó con este diario y sostuvo que sus defendidos son víctimas de una “persecución estatal”, mientras que una de las imputadas habló de “embestida mediática” y “hostigamiento continuo” en una carta abierta (ver aparte).
“La querella dijo que salió un supuesto informe que probaba que Carlos Orellano había muerto de manera traumática. Todo el mundo salió a decir que está comprobado, salió una comisión de diputados a decirlo, y es muy grave. Vemos síntomas de una persecución estatal por parte de un poder del Estado contra mis dos defendidos”, dijo Rodrigo Mazzuchini, abogado de los policías Karina G. y Gabriel N., que cumplían tareas adicionales en el boliche la noche en que Carlos desapareció.
El domingo 23 de febrero Carlos fue a bailar y lo expulsaron del local después de un altercado con una patovica y dos días después su cadáver apareció en el río a metros del boliche. En diciembre pasado G. y N. fueron imputados por el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, por incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Según el fiscal presenciaron la caída de Orellano al río y dieron aviso al 911 y a Prefectura Naval, pero no informaron que tanto ellos como dos patovicas habían interactuado con el chico.
También fueron acusados de no haber dado aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA). En esa audiencia imputativa N. quedó detenido. En la misma jornada el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, de la Unidad de Violencia Institucional, imputó a dos policías de la comisaría 2ª por incumplimiento de deberes vinculados a la investigación.
“Consideramos que no había ningún motivo para detener a Gabriel N. porque no hay peligrosidad procesal”, analizó Mazzuchini. En cuanto al estudio del Cuerpo Forense de la Corte de Nación pidió cautela, porque las deducciones de la perito de parte no implican una certeza para la causa. “Es un análisis parcial, nosotros no tenemos perito y confiamos en el doctor Speranza (José, médico del MPA) que todavía no hizo sus conclusiones”, agregó. Para el letrado se generó una presión social alrededor del caso _que atribuye al rol de la querella, la conferencia de la comisión de Diputados y las movilizaciones sociales_ que podrían influir en el devenir de la causa. “Se genera una presión sobre el doctor Foppiani (Nicolás, juez de primera instancia) porque va a tener sobre sí un dictamen de una comisión de la Cámara de Diputados”, opinó.
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“Hay testimonios de pescadores que dicen que Orellano se había tirado solo al río, que ni siquiera lo empujaron, así que me parece imposible que se pueda decir que hay asfixia traumática”, sostuvo Mazzuchini. Según lo trascendido en la investigación, Orellano fue expulsado del boliche y luego quiso volver a entrar. En esos momentos quedó del otro lado de la baranda que da al río, y según los testigos estaba rodeado por personas vestidas como patovicas, con camisa blanca y corbata, y como policías, con atuendo oscuro. “Lo trataban de convencer para que vuelva, pero no había manera de que vuelva”, describió el abogado y agregó que la policía Karina G. solo escuchó el ruido de una caída al agua y que fue eso lo que notificó a la Prefectura.
Uno de los puntos que resta esclarecer en la investigación es si al caer al río Carlos Orellano murió ahogado o si pudo salir y entonces continuaron los problemas con el personal de seguridad del boliche y con los policías. Y si en esa ocasión fue ingresado por la fuerza al boliche, como sostiene el abogado querellante Salvador Vera, para luego ser agredido en un sector apartado. Estas sospechas surgieron a partir de rastros de sangre hallados en distintas partes del boliche y en un baño cerrado al público.
Del estudio realizado por el Cuerpo Forense de la Corte de Nación, que también indica que Carlos no había consumido drogas ni tenía gran cantidad de alcohol en sangre, se concluirá si el joven de 23 años fue o no víctima de agresiones. Desde la Fiscalía manifestaron: “Hasta no tener el informe final y la interpretación del mismo no puede determinarse causa de fallecimiento”.
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Los exámenes llegaron el 7 de enero y fueron enviados al Instituto Médico Legal donde se realizará la interpretación médica. A través de un comunicado, el fiscal indicó que se está a la espera de los exámenes de ADN de las manchas de sangre halladas en el boliche y del análisis de diatomeas para determinar si Orellano murió ahogado. Recién entonces habrá un informe final de autopsia y “cuando se tengan los resultados se evaluarán los pasos a seguir y se determinará cuál de las líneas que investiga la Fiscalía se robustece con estos resultados”.
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Virginia Creimer, perito de parte por la querella que representa a la familia Orellano, explicó en diálogo con este diario cómo sacó sus conclusiones sobre los análisis aportados a la causa por el Cuerpo Forense de la Corte de Nación. “La doctora D’Addario (Adriana, directora de la Morgue Judicial de la Nación) establece que las lesiones encontradas son vitales. Establece, y esto es taxativo, que hay lesiones en rostro. Yo establezco que son lesiones contusas y por las características que tenían es probable que hayan sido producidas por golpes de puño”, indicó.
También se explayó sobre las lesiones en el cuello de la víctima. “Son lesiones contusas producidas por la compresión del cuello, una ahorcadura, que puede obedecer a una maniobra habitual de las fuerzas de seguridad para reducir a las personas”, explicó. Esa sería la toma conocida como “mata león”, sobre la cual indicó que alcanza con aplicarla hasta siete segundos para reducir a una persona, y que más tiempo puede ocasionar asfixia y muerte. “D’Addario dice que existe un edema pulmonar con ruptura de tabiques alveolares y atrapamiento aéreo, siendo todos estos signos característicos de una asfixia. No se determina si es húmeda o seca pero todo inclina a pensar que es una asfixia seca”, agregó la perito.
Según la médica el cuerpo de Carlos tenía otras lesiones: “A nivel lumbar izquierdo y en la región poplítea izquierda (zona posterior de la rodilla) había lesiones compatibles con el choque contra una superficie que por sus características pudo ser una vara”. “Las lesiones fueron producidas en vida, a Carlos lo golpearon en distintos lugares y con maniobras típicas del modus operandi de las fuerzas de seguridad”, concluyó Creimer acerca de los análisis, sobre los que todavía resta el informe del Instituto Médico Legal de Rosario.
