Puerto San Martín.— La sesión por parte del municipio local de un predio para que se instale el Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias despertó una fuerte polémica en esta ciudad, a tal punto que desde el Frente Puertense ya preparan una presentación en la Justicia apelando a la ley 10.000 de intereses difusos. Ocurre que, para la oposición, la ordenanza que le otorga un predio a la Cooperativa de Trabajo Portuario para la instalación de un hangar y un helipuerto le quita a la ciudad el único ingreso público al río y el único espejo de agua de libre acceso. La presentación se haría la semana próxima y se suma a las que se enviaron desde otras organizaciones a la Municipalidad y al Concejo para reconsiderar esta iniciativa.
El cuerpo deliberativo votó el jueves pasado, en la penúltima sesión del año, la entrega por 30 años a la cooperativa de estibadores de un predio ubicado en la desembocadura del arroyo San Lorenzo, para levantar ahí un ambicioso sistema de emergencias portuarias. Para esto, la institución que dirige Herme Juárez compró dos helicópteros, dos lanchas-ambulancia y dos unidades terrestres equipadas para urgencias médicas. La idea es crear en el lugar un centro tipo Sies para asistir cualquier emergencia que se genere, sobre todo en el ámbito de los puertos.
Apoyan el proyecto. Si bien desde la oposición aseguran que no reniegan del proyecto, advierten que el municipio entregará a un privado "el único espacio público y el único balcón al río con que cuentan los puertenses. El lugar donde se va a hacer el hangar es el Centro Municipal de Eventos, que tiene al lado una feria pública con carpas, que también se tendrá que correr porque el espacio quedará cerrado cuando deje de ser público". Así lo manifestó el concejal Jorge Ru, quien junto a su compañero de bancada, Julio Ramírez, votaron en contra de la sesión del terreno, pero no les alcanzó contra los cuatro votos del oficialismo.
En consonancia con Ru, Gabriel Gómez Fiori, referente del Partido Humanista de Puerto y responsable de un portal de noticias de la ciudad, advirtió que quienes se oponen a la instalación en el lugar no están en contra del proyecto, sino de su emplazamiento. "Están haciendo creer que los que nos oponemos a que se pierda el único ingreso público al río estamos en contra del centro de emergencias, pero no es así", aclaró.
El concejal puertense, por su parte, advirtió que existen otros predios donde podría emplazarse el emprendimiento, como "el de la vieja Junta Nacional de Granos, que fuera cedida a la Municipalidad, o una vieja bajada de morro que hoy no se usa y está en un abandono total".
El galpón cuya entrega se aprobó el jueves pasado incluye un gran predio del parque Almirante Brown, y es "la cara al río que tenemos todos los vecinos para ir a tomar mate, para hacer un festival o un acto escolar, como se han hecho", dijo Ru, y advirtió que "desde que se empezó a hablar del proyecto del helipuerto el propio municipio empezó a abandonarlo para ir desmereciendo el espejo de agua en favor de este proyecto privado". Asimismo, recordó que tanto el Concejo como la Municipalidad recibieron notas para que se hicieran consultas públicas, porque "esto no fue consultado a la ciudadanía. Nosotros pedimos una consulta popular para que los vecinos decidan si quieren o no entregar ese predio", dijo.
Varias de las notas a las que hacía referencia fueron presentadas desde el Humanismo. La última, que lleva la firma de Irene Shmidt, integrante del Peronismo Humanista de Puerto San Martín que integra el partido, fue presentada el mismo jueves. "Esa carta fue ignorada intencionalmente y excluida de la correspondencia del día para que no fuera leída en la sesión", protestó Gómez Fiori.
Números. Ru fue más allá al denunciar que las obras prometidas por la cooperativa para la construcción del helipuerto y otras instalaciones "no serán pagadas por el concesionario, sino por la misma Municipalidad, ya que será descontada del canon que tiene que cobrar".
En números concretos, mencionó que las obras tienen un costo de 3.535.600 pesos, que serán descontados de los 10 mil dólares mensuales que debe cobrar el municipio.
"Por eso, y hasta que estén hechas las obras, la cooperativa pagará 7.900 dólares, porque se va a ir quedando con la plata para recuperar la inversión. La licitan ellos, pero la paga la Municipalidad", dijo, y consideró que el procedimiento no se ajusta a la legislación.
Con estas cartas en la mano, los opositores ya preparan la presentación judicial para oponerse a la sesión del terreno.
