Perú declaró el estado de sitio por 30 días para detener las protestas

El nuevo gobierno peruano de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia por 30 días en todo el país ante las protestas sobrevenidas en la país tras la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, tras su intento la semana pasada de disolver el Congreso.

  El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que la medida se tomó “debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos” y aunque aseguró que “ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados” por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, “requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno”.

  Otárola dijo que aún se está por definir si la medida incluirá un toque de queda. Pero puntualizó que la declaratoria de emergencia “significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de la reunión y la libertad y seguridad personales’’.

  Las fuerzas del orden, en consecuencia, podrán impedir reuniones, ingresar a domicilios y restringir el tránsito, si lo consideran necesario según lo anunciado por el titular de Defensa.

  La decisión de restringir derechos es un intento del nuevo gobierno, presidido desde la semana pasada por Boluarte en reemplazo del destituido Castillo, para controlar las protestas que sucedieron a la crisis política peruana.

  Boluarte, por su parte, dijo ayer que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023.

   “Legalmente, los tiempos calzarían para abril del 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, conversando, concluimos que esto se puede adelantar a diciembre del 2023”, indicó la presidenta, en una improvisada conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en Lima, en la que insistió en que técnicamente “no es posible” la celebración de comicios antes de la fecha.

  La presión social y política en el país hizo que la mandataria modificara varias veces en una semana la fecha de las próximas elecciones.

  Al asumir el cargo, Boluarte dijo que tenía pensado completar el mandato de Castillo que originalmente terminaba en 2026.

  La presidenta se reunió ayer a la noche con el Consejo de Estado, que reúne a los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y destacó que de esos poderes dependen los plazos finales en los cuales se llevaría a cabo el adelanto de elecciones.

  La confrontación social suma hasta el miércoles seis muertos y un centenar de heridos, según la Defensoría del Pueblo, además de daños a diversas propiedades de empresas y del Estado. Los manifestantes reclaman el cierre del Parlamento, un adelanto de elecciones, la renuncia de Boluarte y, para algunos también, la libertad del expresidente Castillo.

  Ayer, en la misma mañana en que se declaraba el estado de emergencia, se aplazaba la audiencia para decidir sobre la libertad de Castillo. Hoy se decidirá si el expresidente destituido recibe una extensión de su prisión preliminar de hasta 18 meses como solicita la Fiscalía.