La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador resolvió impedir que el Ejecutivo salvadoreño imponga extensiones a la cuarentena en el país centroamericano para evitar la propagación del coronavirus.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador resolvió impedir que el Ejecutivo salvadoreño imponga extensiones a la cuarentena en el país centroamericano para evitar la propagación del coronavirus.
Según la CSJ, el Ministerio de Salud de El Salvador no tiene la potestad para restringir la libertad de circulación ciudadana y, de acuerdo con el tribunal, la Constitución no lo permite.
Además, los magistrados enumeraron las medidas que tomó el Ministerio de Salud sin tener facultades para ello y que suspenden los derechos constitucionales de la ciudadanía, como llevar a centros de contención a quienes supuestamente violan la cuarentena, prohibir las salidas basadas en el documento de identidad, limitar las actividades económicas o suspender el transporte público.
Así, únicamente la Asamblea tiene poder para suspender los derechos constitucionales de la ciudadanía mediante la aprobación de regímenes de excepción y el Ministerio de Salud sólo puede decretar el aislamiento obligatorio para una o varias personas individualizadas, con fundamentos científicos, y no para todo el país.
“La razón es que, al producir una suspensión de derechos fundamentales que afecta a la totalidad del territorio nacional, supone el ejercicio de una competencia que no le corresponde al Órgano Ejecutivo en el ramo de salud, sino a la Asamblea Legislativa y, sólo excepcionalmente, al Consejo de Ministros cuando la Asamblea no esté reunida”, justificó el órgano judicial.
La CSJ también declaró inconstitucionales otros diez decretos ejecutivos que imponían restricciones similares, dos estados de excepción y una ley de cuarentena aprobados por la Asamblea sin documentar ni justificar los motivos, tal y como exige la Constitución salvadoreña.
Por último, los magistrados ordenaron a la Presidencia y a la Asamblea que acuerden una ley que regule las restricciones por la pandemia del coronavirus.
El Gobierno de Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa tienen cuatro días de plazo para resolver sus diferencias y elaborar un nuevo documento con plenas garantías legales, pero no solamente no alcanzaron ningún acuerdo sino que ni siquiera establecieron un lugar dónde reunirse. La Asamblea invitó ayer a una reunión a las 14, pero Bukele trasladó a través de Twitter el pedido para reunirse a las 16 en el Hospital San Rafael, cita a la que únicamente acudieron tres diputados.
Si pasado el plazo de cuatro días no ponen de acuerdo, el tribunal asume que se darán por concluidos los casi tres meses de confinamiento. “Se permitirá la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo razonable de diseminación de Covid-19”.


