En una nueva sesión virtual, el Concejo Municipal ratificó el decreto enviado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, por el cual la ciudad adhiere a las disposiciones de los gobiernos nacional y provincial delegando en los municipios y comunas la posibilidad de controlar precios, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. La normativa aprobada se basa en el texto del proyecto presentado hace dos semanas por el concejal Eduardo Toniolli y crea un Comité de Fiscalización y Control de Precios, que tendrá a su cargo la coordinación de los operativos.
En ese marco, el edil justicialista —que integrará el Comité en representación del cuerpo legislativo local— valoró "la actitud del intendente de tomar la propuesta que le acercamos desde la oposición", y señaló que de esa manera "el municipio podrá sumarse en los próximos días a la tarea que ya viene realizando la secretaría de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe".
Asimismo Toniolli destacó la importancia de avanzar con esta iniciativa argumentando que "en el marco de esta pandemia los vecinos de Rosario están sufriendo aumentos de precios desmedidos, en algunos casos muy por encima de lo dispuesto por la resolución N°100/20 de la secretaría de Comercio Interior de la Nación, que dispuso como precios máximos aquellos que estaban vigente al 6 de marzo de este año", y agregó: "Sostenemos que uno de los grandes problemas a los que debe abocarse hoy el Estado en todos sus niveles, junto a la cuestión sanitaria y la asistencia alimentaria de los sectores más vulnerables, es el de cuidar el bolsillo de la población".
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El Comité de Fiscalización y Control de Precios —que tendrá a su cargo la coordinación del personal que realizará las inspecciones— estará integrado por dos representantes de la secretaría de Control, dos de la secretaría de Gobierno, dos de la secretaría de Producción, tres del Concejo Municipal, y dos de la Oficina Municipal del Consumidor. Este último organismo tendrá a su cargo la recepción de las denuncias de los vecinos, por medio de su línea telefónica habitual (0800-666-8845) y de sus redes sociales. Una vez corroboradas las denuncias, la penalización de los abusos estará a cargo del gobierno provincial, con la posibilidad de la aplicación de multas o incluso clausuras, según corresponda al tenor de la falta.
Toniolli señaló que "en etapas de crisis suele aflorar lo mejor y lo peor de nuestra sociedad", y detalló: "Por un lado, el valorable compromiso de miles de trabajadores de los servicios esenciales que se juegan la salud todos los días saliendo a la calle, y por el otro, las avivadas de algunos formadores de precios, que aplican aumentos desmedidos que buscan aprovecharse de la situación crítica que atravesamos".
"A estos últimos hay que caerles con todo el peso de la ley", concluyó.
