De los casi 20.000 muertos por coronavirus reconocidos oficialmente en Perú, 85% eran obesos, 43% diabéticos y 27% hipertensos, indicó hoy el Ministerio de Salud sobre la base de un relevamiento de las actas de defunción.
De los casi 20.000 muertos por coronavirus reconocidos oficialmente en Perú, 85% eran obesos, 43% diabéticos y 27% hipertensos, indicó hoy el Ministerio de Salud sobre la base de un relevamiento de las actas de defunción.
Estas tres enfermedades aumentan la severidad de la enfermedad provocada por el coronavirus Covid-19 y ponen en riesgo la vida del paciente en caso de contraerla, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Perú acumulaba desde el comienzo de la pandemia 19.811 muertes por coronavirus (197 en las últimas 24 horas), según reportó el Ministerio de Salud, pero la cifra podría subir hasta alrededor de 53.000, advirtieron la semana pasada autoridades y expertos.
Desde el comienzo de la pandemia y hasta los últimos días de julio fallecieron en el país 100.030 personas, unas 53.000 más que en igual período del año pasado, cuando habían fallecido unas 47.000, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelados la semana pasada.
El estadístico Farid Matuk, que formó parte del grupo de expertos que asesora al Ministerio de Salud, cifró el sábado último en 51.765 los decesos por Covid-19.
La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, admitió que el número de muertes por coronavirus en el país desde el comienzo de la pandemia podría ser de “alrededor de 43.000 personas” si se comprobara que la enfermedad fue la causa de otras muertes hasta ahora catalogadas como sospechosas.
El epidemiólogo César Cárcamo, miembro del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud, había dicho que “la cifra de 45.805 es la más cruda y está basada en que cuando la persona falleció, el médico puso «sospecha de Covid-19» o «Covid-19» confirmado de acuerdo a su criterio”.
Por otra parte, el gobierno anunció hoy la extensión del trabajo remoto, que actualmente cumplen unas 220.000 personas en el país, hasta el 31 de julio de 2021 para evitar la propagación del coronavirus y, al mismo tiempo, contribuir a nuevas fuentes laborales.
Con esa medida, el gobierno busca evitar una mayor destrucción de puestos de trabajo y crecimiento de la informalidad.