Intelectuales, periodistas y centifícos, varios de los cuales integraron círculos de apoyo al gobierno de Mauricio Macri, acusaron al gobierno nacional de aprovechar la "cuarentena eterna" para avanzar en "proyectos de impunidad personal y la concentración de poder de grupos políticos oficialistas”. En ese marco, cuestionaron la pericia sanitaria de la administración de Alberto Fernández y reclamaron que derogue los decretos “limitantes de los derechos constitucionales dictados en el marco de la pandemia” de coronavirus.
Muchos de los firmantes del documento que se conoció ya habían denunciado que la Argentina vivía una "infectadura" y ahora sostienen que con el argumento de cuidar la salud de la población el gobierno avanzó con una agenda "disociada de la realidad", que persigue el objetivo de "mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población”, expresaron los firmantes.
Son 300 los firmantes de ka carta, entre ellos los intelectuales y artistas Santiago Kovakloff, Juan José Sebreli, Jorge Sigal, Luis Alberto Romero, Darío Lopérfido, Federico Andahazi, Ricardo Lafferriere, Silvia Martínez, Roberto Cachanosky y Daniel Sabsay; Luis Brandoni, Maximiliano Guerra; los periodistas Gabriel Levinas, Ricardo Canaletti, Rosario Agostini, Lana Montalban, Eduardo Antin, Marcelo Panozzo, Luis Gasulla, Rogelio Alanzi, Sandra de la Fuente, Daniel Capalbo, Diego Dillenberger y Leonardo D’Espósito, y los profesionales Aldo Isuani (Universidad de San Andrés), Lilia Puig (Universidad del Litoral), Santiago Leiras (UBA), Fernando Pedrosa (UBA), Elena Carmelich (UBA), Osvaldo Pérez Sammartino (UBA), Diego Bernardini (Universidad de Mar del Plata), Ricardo López Gottig (Universidad de Belgrano) e Ignacio Labaqui (UCA). También figuran los investigadores Sandra Pitta, Darien Prado (investigador IICAR-UNR), Pedro Lamberti (UNC), Eduardo Henquin (UNL), Sebastián Linares (UNL), Julio Montero (UBA), Santiago Poggio (UBA), entre otros.
"Resulta difícil enumerar en este breve espacio todos los casos de personas que han sido encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por la Constitución Nacional”, sostiene el texto.
Que reclama “el cese inmediato de la criminalización de actividades lícitas y el acoso de fuerzas de seguridad a los ciudadanos, así como de las actitudes impúdicas de los responsables de la seguridad pública y sus peleas por espacios de poder y futuras candidaturas”.
