Opinión

Una ley que desprotege

Políticas públicas. La nueva ley provincial de Protección a las Personas Mayores es un paso atrás. Genera más burocracia y no tiene en cuenta los pilares de la gerontología.

Viernes 22 de Febrero de 2019

El 29 de noviembre pasado el Parlamento santafesino sancionó con fuerza de ley los proyectos del diputado socialista Joaquín Blanco conjuntamente con el proyecto el senador justicialista Alcides Calvo.

No tenemos dudas de las muy buenas intenciones de "protegernos" a nosotros, las personas mayores, incluyéndonos a la sociedad en la que vivimos desde hace varias décadas, construyendo Santa Fe una sociedad inclusiva con un Estado presente que "cuida a los grupos vulnerables y desprotegidos; ofreciéndonos herramientas para nuestro desarrollo y autonomía".

Desde que asumió la actual gestión con diferentes intendentes y gobernadores a la actualidad, las políticas de la vejez se caracterizaron por ignorar y desatender a este colectivo de la población; no era ni es un tema de agenda política prioritaria.

Desde 1991 a 1998 funcionó en Rosario la Escuela de Gerontología Dr. Marcos Berezovsky, con características únicas, diferentes, pioneras, señeras en lo referente al respeto, preocupación y ocupación activa profesional académica del tema. También un gerontocomio municipal que fue modelo de institución de larga estadía que protegía e incluía a 69 ancianos pobres, sin recursos de ningún tipo, gente de la calle, dirigida con el profesionalismo del primer geriatra-gerontólogo rosarino, profesor Berezovsky. En el año 1998 la Municipalidad de Rosario decidió su cierre definitivo; ahora hay una especie de "pensión para 16 ancianos autoválidos hombres de la calle", que denominan "Hogar para Ancianos". La Dirección Provincial de la Tercera Edad tenía a su cargo el Hogar para Ancianos Jorge Raúl Rodríguez, donde se alojaban cerca de 60 ancianos en un predio magnífico de Provincias Unidas y General Perón. Decidió la provincia cerrarlo en mayo pasado por desidia, abandono, falta de personal, inasistencia del 50 por ciento de los empleados, y "promesas" de refaccionarlo, ponerlo a punto y reabrirlo en setiembre próximo.

La nueva ley incrementa la burocracia estatal con más personal, crea nuevas estructuras: Subsecretaría de las Personas Mayores, Defensoría Provincial de las Personas Mayores, Servicio de Atención para víctimas del abuso y maltrato, Registro único de Cuidadores; Registro de Instituciones públicas y privadas; una comisión interministerial integrada 11 secretarios o subsecretarios de 11 ministerios.

Hay vocablos reiterativos: formular, propiciar, impulsar, promover, y otros que constituyen preciosos deseos y formulaciones semánticas bonitas pero cuyo impacto verdadero a los ancianos resulta en la mayoría de las veces invisibles, ineficaces, no pueden adecuarse, racionalizarse. En una provincia con recursos limitados, con una población de sólo 3,3 millones de habitantes, con menos de 570 mil mayores de 60 años, no hace falta tantos puestos "políticos", estructuras gubernamentales hiperburocráticas. ¿Si hoy no pueden hacer casi nada, gastando lo escueto asignado para un resultado ineficiente, por qué debemos pensar que el mismo Estado de un día para otro mejorará en eficiencia?

Esta ley propone la creación de nuevas instituciones complejas dentro del Estado provincial: Subsecretaría de Personas Mayores como autoridad de aplicación de la ley; Observatorio de Envejecimiento y Vejez, que monitorea, sistematiza, recolecta información y datos; y Comisión Interministerial de las Personas Mayores para garantizar la realización de acciones y articulación entre los ministerios; Registro de Instituciones Públicas y Privadas; Registro Único de Cuidadores, para sistematizar base de datos; Consejo Provincial de Personas Mayores como miembros consultivos y asesores en la materia "ad honorem" sin representación de los ancianos y sus organizaciones; investigadores universitarios, académicos o científicos. Crea una Defensoría de las Personas Mayores; al Defensor lo nombra el Ejecutivo de turno, dura 5 años y puede ser reelecto.

Menciona escuetamente diversos programas de servicios domiciliarios. Centros de Día, de "vulnerabilidad subjetiva", de viviendas tuteladas, servicio de Inserción familiar; Residencias con Estancia Transitoria; Residencia de Larga Estadía cuyo órgano de aplicación será el Ministerio de Salud; y otras "complejas" que requerirá de un psiquiatra. Por otro lado habla de controles por inspectores para "sancionar con multas y clausuras"; hoy esto está perimido, se debe hablar de auditorías gerontológicas profesionales para enseñar, perfeccionar servicios.

Esta ley reitera la "medicalización de la vida de los ancianos"; crea figuras que no son consensuadas en el mundo gerontológico (instituciones de estancia transitoria; complejas,servicios de vulnerabilidad subjetiva); no contempla la necesidad de contar con auxiliares de enfermería tan necesarios y escasos; de los profesores de actividades físicas y recreación, de la importancia del médico director especializado en Geriatría y Gerontología junto a los trabajadores sociales especializados. No incluye políticas para el 98,5 por ciento de la población mayor de 60 años como ser participación ciudadana, política, legislativa y de poder de decisión en las altas esferas gubernamentales de los ancianos; la transformación de las urbes en ciudades amigables para los mayores; la creación de espacios de recreación; estudios con encuestas a los mayores; participación real y efectiva en los poderes del Estado que atiendan los problemas de los mayores por otros mayores con experiencia y sabiduría; preguntar qué necesitan, qué desean, antes de imponer planes y proyectos que se nos ocurra porque estamos cercanos al poder de turno. Es tan evidente y explícito la ausencia de asesoramiento y consultas a los académicos, científicos, sociedades científicas, representantes de los mayores, centros de jubilados, clubes de ancianos, universitarios, investigadores, que transforman a esta ley en un oxímoron. Es una ley que nos retorna al pasado; la ancianidad hoy día es una cosa seria con bases científicas, de estudio inter y transdisciplinario, que son filosóficamente la Gerontología; no cualquiera puede ser gerontólogo porque le gusta o le parece que sabe. Pues no. Un Defensor de los Ancianos debe ser otro anciano, mayor de 65 años, que haya estudiado y tenga mucha experiencia para enseñar. En lugar de creación de nuevas estructuras estatales, por qué no perfeccionamos las que están y creamos presupuestos honrosos que lleguen a impactar en los mayores con una vida mucho mejor de la que tenemos. Esto sí es empoderamiento; la ley no va, lo siento, es mi opinión gerontológica.


(*)Médico geriatra, gerontólogo; experto en políticas de la vejez


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