Por Mariano D'Arrigo
Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko
El gobierno construye a la fuerza un consenso precario para sus reformas, tanto adentro como afuera del Congreso.
La maratónica sesión de Diputados para tratar la ley ómnibus, cargada de tensión tanto adentro como afuera del recinto, le dio a Javier Milei un primer triunfo más simbólico que tangible pero mostró los límites y riesgos de una estrategia que reposa sobre un oxímoron: la construcción del consenso a la fuerza.
El proyecto aprobado este viernes en general se parece muy poco al que ingresó al Congreso entre navidad y año nuevo. En el medio, perdió aspectos medulares de su texto original. Sobre todo, el capítulo fiscal con el que pretendía llegar al déficit cero para ofrendárselo al FMI.
Es parte del derecho de piso que le hacen pagar el establishment político y un abanico de poderosos intereses sectoriales a un personaje exótico al que reconocen legitimidad de origen pero que también puede ser el encargado de hacer el trabajo sucio acumulado durante años.
A los ponchazos, pueden avanzar un paquete cargado de desregulaciones y privatizaciones que está lejos de la utopía anarcocapitalista de Milei pero se acerca al promedio del 56% del electorado que se inclinó por un giro pro mercado ante el agotamiento del modelo estadocéntrico del kirchnerismo, devenido casi una caricatura durante la experiencia del Frente de Todos.
Tarde o temprano, el ciclo inaugurado por Milei terminará. Pero podría dejar como herencia una serie de reformas muy difíciles o imposibles de revertir.
Eso es lo que se dirime en estos días en el Congreso, donde la mayoría de los actores parecen estar centrados en el corto plazo.
Pese a contar con sólo 38 bancas sobre 257, Milei logró montar una maqueta del balotaje y construyó una mayoría, precaria, pero mayoría al fin, con los bloques opositores a los que acusó de coimeros, idiotas útiles, responsables del fracaso y a los que apretó en redes sociales hasta minutos antes de la votación.
De todos modos, la convergencia de 144 legisladores que envalentonó a la tropa libertaria podría tener una fecha de vencimiento relativamente cercana.
En la ronda de discursos de cierre, Miguel Angel Pichetto y Rodrigo de Loredo enviaron varias señales al gobierno de que el changüí legislativo puede acabarse más o menos rápido en función de los objetivos y modos del presidente y los vaivenes de una opinión pública sometida a una veloz licuación de sus ingresos.
Habituado al papel de broker de gobernabilidad, Pichetto gana protagonismo en una Cámara de Diputados ruidosa y poblada de amateurs y arribistas y que no comparten los códigos del Senado.
Entre las ruinas del sistema político asoma el exjefe del bloque del viejo Frente para la Victoria y excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri y se propone como un sherpa para guiar a Milei por las altas cumbres del poder.
Por su lado, el cordobés de Loredo mantiene una puja abierta con el gobernador Martín Llaryora por representar a una provincia con un electorado furiosamente antikirchnerista y donde Milei arrasó con el 74% de los votos pero que no saldrá indemne si se profundiza la crisis económica.
Tanto Pichetto como de Loredo intentan hacer equilibrio en bloques resquebrajados y donde predominan los posicionamientos individuales.
Ironías de la historia, el PRO actúa en esta etapa el rol que desempeñó el radicalismo durante el primer Cambiemos: el partido que perdió la representación principal de los sectores medios, que busca mimetizarse con la novedad en el mercado político y que queda relegado al papel de partenaire.
Congestionado el andarivel colaboracionista, y con el progresismo silvestre en busca de nuevas referencias, un puñado de dirigentes aprovechó la oportunidad para diferenciarse, como Facundo Manes, Margarita Stolbizer y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón.
Manes cuenta con varios activos que podría explotar: el crédito del outsider en un momento de crisis de la política profesional, un currículum limpio de los gobiernos que fracasaron, un perfil de médico atractivo para armar una narrativa y más libertad y menos costos que un gobernador para confrontar con el gobierno.
Después de la oportunidad desperdiciada entre 2021 y 2023 por déficits propios y la falta de hambre de poder de las tribus radicales que jugaron desde el primer momento a poner un vice en lugar de ir por el sillón principal, con buena táctica en el Congreso, relato y armado Manes puede convertirse en protagonista.
El peronismo busca hacer pie como puede en el nuevo escenario y pendula entre la advertencia sobre los posibles efectos devastadores de la ley y la denuncia sobre los retoques irregulares al dictamen de mayoría en función de negociaciones contrarreloj y que convirtieron al recinto de Diputados en una sala de bingo.
“Hasta ahora venimos sosteniendo la coherencia, pasaron sólo 50 días”, dice un diputado de UxP.
Cómodo en la confrontación con un gobierno que expresa una visión de país diametralmente opuesta, Unión por la Patria debe representar al 44% que le tiene bronca a Milei desde el día uno pero no puede subirse a la dinámica de la movilización permanente que propone el FIT. Los gobernadores y otros sectores del peronismo político no quieren saber nada con que sean Juan Grabois o la izquierda trotskista quienes impongan letra, ritmo y música al principal espacio opositor.
Salvo las fugas hacia Innovación Federal y el nuevo bloque Independencia, el rosarino Germán Martínez logró sostener la unidad del bloque pero el martes podrían exponerse diferencias entre los legisladores que responden a los jefes territoriales y los sin tierra.
En medio de un escenario donde cada sector negocia por la suya, en la Casa Gris ven con preocupación la falta de diálogo en los días previos que impacte la tormenta económica perfecta que se está armando y que pegará, estiman, en marzo.
Si bien la reunión con los gobernadores por ahora no pasa de un rumor, en la provincia tienen expectativa alrededor de la coparticipación del impuesto País, la última bandera que Milei se resiste a entregar, y que la propuesta de Maximiliano Pullaro de subir las alícuotas de bienes personales y ganancias a los sectores más ricos de la población para cubrir el agujero que dejó la reforma de ganancias impulsada el año pasado por Sergio Massa forme parte de la agenda de la discusión de un nuevo pacto fiscal entre la Nación y las provincias.
Eso sucederá si Milei no detona antes las instancias de negociación con los gobernadores con los que se reunió una sola vez, la semana siguiente a su asunción. En el círculo rojo ven con preocupación el repliegue público del presidente. “No se sabe lo que hace, no tiene agenda, no se junta con nadie”, advierte un dirigente opositor importante.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, intenta tender puentes entre la política y el hermético mundo Milei pero es permanentemente desautorizado, y desempoderado, desde el vértice del poder.
El ingreso de Daniel Scioli al gabinete le aporta al gobierno experiencia política a un gobierno lleno de influencers y gerentes, le da una rueda de auxilio a Francos y envía una señal hacia campamentos del PRO que puedan estar ideando estratagemas para copar el gobierno si Milei se hunde.
Lo cierto es que obsesionado con el reconocimiento internacional y el avance en su guerra de trincheras contra el colectivismo más que en reforzar un andamiaje de gobernabilidad precario, este sábado Milei compartió un mensaje de un usuario que plantea que, entre otros objetivos, la esencia del DNU y la ley ómnibus es “eliminar la grasa progre que sumaron los radicales y Cambiemos”. Son justamente los bloques a los que agradeció el viernes por la aprobación en general y que tienen los votos para darles las facultades delegadas y pasar a liquidación a las empresas públicas.
Son rasgos de una política que parece haber entrado en su fase andina: un presidente en minoría en el Congreso, con un sistema de partidos fragmentado y con liderazgos débiles, y un alza de la conflictividad callejera.
Con escenas que no se veían desde diciembre de 2001 y el asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002, las fuerzas de seguridad desplegaron entre el miércoles y el viernes un operativo inusual por su tamaño y ferocidad contra los manifestantes pero también contra la prensa.
Los cortes de calle provocados por los mismos efectivos y las balas de goma y gases sobre jubilados y personas que estaban sobre la plaza muestran que el objetivo de la dupla Milei-Bullrich no es garantizar la libre circulación sino aumentar los costos de manifestarse y disuadir la protesta social.
En ese contexto, el jueves, el día más áspero en las adyacencias del Congreso, la plaza 25 de Mayo fue escenario de un episodio a menor escala que el de Buenos Aires pero también inquietante.
La detención de siete integrantes por hacer una pintada contra la ley ómnibus generó el repudio de sectores opositores pero también encendió alertas en Unidos. “La tentación bukelista tiene riesgos, esto es el lado B de empoderar a la policía. Venimos bien, pero no se puede gobernar en base a encuestas”, advierte un dirigente del oficialismo santafesino.
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