A raíz de la pandemia de Covid-19, el Estado está enfocando todos sus esfuerzos en lo más importante: fortalecer la salud pública para salvar vidas. La experiencia mundial, recomendaciones de expertos y el riesgo de un brote de casos en nuestro país, tuvo como consecuencia implementar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para intentar "aplanar la curva". Esto es, disminuir la velocidad de los contagios para que el aumento de casos sea lo más lento posible y la infraestructura hospitalaria esté en condiciones de atenderlos. El domingo 29 de marzo el presidente anunció la extensión de la medida hasta fin de Semana Santa. Más allá de acompañar lo decidido y ser responsables en el acatamiento y apoyo a las medidas, no podemos dejar de reconocer las consecuencias económicas que esto genera.
La inversión en salud pública y la situación económica no son opuestas ni se excluyen sino que están íntimamente relacionadas. El sector privado se beneficia de los cuidados y de la capacidad de los médicos y científicos. A su vez, contribuye a su sostenimiento a través de la producción, los tributos, las exportaciones y la creación genuina de empleo, aportando al al Estado fondos y divisas para invertir en el fortalecimiento tan necesario de la salud y seguridad pública.
La medida de aislamiento, trajo consigo un efecto indeseado pero inevitable: una "cuarentena económica" que pone en jaque la actividad, el empleo y la inflación. Abruma en primer lugar, por su vulnerabilidad, a los sectores de menores recursos e informales, pero también a quienes se dedican a actividades no consideradas esenciales por el decreto 297/2020. Trabajadores independientes, monotributistas, autónomos y empresas de todos los tamaños se están viendo seriamente complicados para afrontar a principio del mes de abril sus compromisos tributarios, deudas y sobre todas las cosas, los sueldos de los dependientes.
El gobierno nacional tomó varias medidas importantes para intentar resolver la situación de los sectores de menores recursos e informales a través del bono en la Asignación Universal por Hijo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y provisión de alimentos. Asimismo, aplicó algunas medidas tributarias para el resto de los afectados que todavía son insuficientes para paliar su situación, como por ejemplo, la suspensión de embargos de Afip para las pequeñas y mediana empresas, la baja de las tasas de intereses resarcitorios y punitorios fiscales así como la prórroga hasta el 30 de junio de la moratoria y el plan de facilidades de pago permanente. Lo esencial será afrontar los sueldos de los empleados, para tal fin se anunciaron préstamos bancarios a tasas más bajas. Varias entidades, asociaciones empresarias y consejos profesionales reclaman la profundización de estas medidas y la extensión de todos los vencimientos impositivos.
El Estado en sus distintos niveles -nacional, provincial y municipal- deberá adaptarse a la reducción de la recaudación, recortando al máximo los gastos no prioritarios y reasignando partidas a salud pública y a los gastos esenciales de cuidado. Esto evitaría recurrir a una excesiva emisión monetaria que termine en mayor inflación, perjudicando a todos pero más aún, a los sectores carenciados y generando caída de la demanda de pesos impactando en los precios de las divisas extranjeras.
El mundo se enfrenta a la incertidumbre tanto sobre el mejor tratamiento médico contra el virus como sobre las consecuencias sociales y económicas de las medidas que se están tomando. ¿Qué efectos acarreará el hecho de tener a la mayoría de la ciudadanía en aislamiento obligatorio durante varias semanas?¿Qué tensiones generará frenar por un tiempo prolongado la actividad productiva y sus consecuencias sobre la cadena de pagos y la recaudación fiscal? ¿Cuánto tiempo podrán funcionar las empresas consideradas esenciales sin el apoyo de aquellas que realizan actividades complementarias no incluidas en el decreto? El transporte precisa repuestos, la producción de alimentos y artículos de limpieza necesita envases, por citar solo algunos ejemplos.
Sabemos que se trata de salvar la mayor cantidad de vidas, eso es indudable, pero después vamos a tener que iniciar un proceso de reconstrucción y para ello se necesitará de todos los actores económicos: empleados, trabajadores independientes y empresas. Hay que empezar a pensar en el día después de la suspensión de las medidas de aislamiento. Es decir, preparar un plan de transición para poner en marcha el país, de a poco, cumpliendo con todas las medidas de salubridad para proteger a los más vulnerables pero permitiendo que quienes no estén en riesgo ni puedan contagiar, retomen poco a poco sus tareas y reabran comercios e industrias. Esto implica buscar caminos intermedios que, sin reducir el objetivo sanitario, alivien los daños económicos y sociales.
