A un terreno de gestión que es de por sí campo minado, el más difícil de la administración, Marcelo Sain no dejó de añadirle sus propios obstáculos. No lo dicen sus muchos adversarios. Lo sufrieron y lo dicen los más leales, los más próximos, los que siguen creyendo en su diagnóstico sobre la criminalidad, en la lucidez de sus intuiciones sociológicas, en su mirada sobre los problemas de las fuerzas de seguridad. Pero que aceptan que el saliente ministro casi no dejó costura sin romper. Y no esas que verdaderamente hay que romper, que las conoce como nadie y también quiere romperlas. Los lazos que cortó también eran con sectores con los que, sin ser concesivo ni miope, podría haber construido acuerdos generales y compartido el rumbo para imponer su programa.
Su propia acción política lo volvió inviable para el propio gobierno que lo sostuvo. Al menos en el lugar de exposición que supone ser la cabeza visible en ese ministerio. No se puede pelear todo el tiempo contra todos. Le apuntó con sagacidad a los espacios que enlazan desde la legalidad desde las instituciones y desde el mercado con las dinámicas criminales. Pero se enfrascó en arbitrariedades o incendios sin contar hasta diez con espacios y personas que aún sin plena coincidencia no parecían estar en la otra orilla. Y eso pasó en la región desfavorable que supone la agudización de una violencia visible, que tiene larga historia, más la recesión de la pandemia. Para más en un gobierno en desventaja legislativa incluso entre los del mismo signo político.
Pero más allá de que su expectativa sea ahora construir un comando a distancia de un Ministerio de Seguridad con el equipo propio, que retorne como jefe al Organismo de Investigaciones que da apoyo a los fiscales en investigaciones complejas o que se vaya de la provincia, algo se instaló con fuerza en cierto sentido común. Y es la idea de dónde situar la mira cuando se habla de problema criminal y de política de persecución.
“El correctismo político de algunos frente a la figura de Marcelo Sain se celebra en cuevas financieras o en despachos de abogados de narcos. Lo que pasa en Santa Fe es mucho más profundo, donde la línea entre decencia y mafia está marcada en todos los espacios políticos”. El que dijo eso es Roy López Molina, un hombre que hace cuatro años ganó las elecciones en Rosario con un espacio político al que no es lo más frecuente escuchar enarbolar tales discursos.
Hace ocho meses, en una charla frente a empresarios en el Foro Regional Rosario, Sain ampliaba los bordes de la comprensión convencional de la criminalidad y los niveles de responsabilidad. “Entender la trama de los homicidios no compromete solo a los que gatillan y a los que mueren”, les decía. “Compromete también al conjunto de la vida social. Admitir esto duele mucho. Cuando en una escucha telefónica se capta que en un búnker se negocian ocho millones por mes uno se pregunta por qué en ese barrio nunca queda un peso. ¿A dónde va toda esa plata? ¿Quién consume todo el nivel de cocaína que se vende? ¿Son los habitantes de ese barrio nada más?”.
“Este nivel de violencia tiene que ver con algo que el sistema penal recién en forma incipiente comienza a mirar como problemática”, siguió Sain. “Proviene de sectores medios y altos que demandan sustancias para consumos recreativos y que reciben dinero que financia la evasión tributaria. Vamos duro contra el crimen. Pero la plata del crimen, ¿adónde va? Yo sospecho dónde va. Pero si vamos a ir contra el dinero para atenuar la violencia deberemos poner frente a los jueces a actores del mundillo criminal que no son los de siempre, y quizá a algunos sean colegas de ustedes, o míos como dirigente político”.
Uno de los hombres que sonó como su reemplazante y que no lo será dijo hace veinte años: “En política la mejor forma de unir dos puntos no siempre es una línea recta”. Sain no mostró el ánimo político necesario para darle futuro a su plan. Pero sí mostró un camino a recorrer. Algo se intuye en cierto alborozo notorio ésta tarde en legisladores muy apegados a modales corteses pero renuentes a desaforar a un senador para ser acusado por dos fiscales de un delito. Hoy también fueron allanados oficiales superiores de San Lorenzo a varios de los cuales se le atribuye mucha pericia para suspender la aplicación de la ley con actos que siempre quedaban en la sombra. El modo en que se construye poder estatal frente al delito, y a los delincuentes no usuales, es la discusión que se estableció y la que sigue.
