Opinión

Políticas de salud y creencias religiosas

Derechos. El proyecto de ley sobre la interrupción legal del embarazo sigue en debate.

Martes 17 de Septiembre de 2019

En 2009, cuando Hermes Binner era gobernador de Santa Fe, una mujer muy humilde, de 30 años y de la localidad de Pinto, Santiago del Estero, llegó a Rosario traída por una supuesta banda que la llevó a parir al Hospital Provincial y luego arregló económicamente la adopción del hijo. El caso fue investigado por la Justicia que detuvo a tres personas. Por entonces Binner declaró: "Hay una red que no conocemos". Y a raíz de eso, este diario nos envió a la fotógrafa Celina Mutti Lovera y a mí a intentar conocer más sobre ese tráfico que unía al pequeño pueblo pegado a Añatuya y a esta ciudad; un trabajo que quedó plasmado en tres notas publicadas los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio de ese año bajo los títulos "Si me ayudaran, si pudiera criarlo me gustaría recuperar al bebé", "El caso de la mujer que entregó a su bebé detonó el debate en Añatuya" y "Los bebés rubios y varones son más caros a la hora de comprar".

Tras entrevistar a varias personas, incluso al obispo de Añatuya, Adolfo Uriona (hoy en Concepción de Río Cuarto), visitamos el Hospital Zonal Monseñor Jorge Gottau (en homenaje al primer obispo de la localidad) para dialogar con agentes de salud. Mientras esperábamos escuchamos por los parlantes del hospital público, plagado de altares y crucifijos, el rezo de una monja, María, que visitaba todas las camas de las habitaciones y quien, según varias voces que compilamos, convencía a las mujeres pobres de dar en adopción sus hijos a familias que podrían criarlos mejor, por tener más recursos económicos que ellas (y menos hijos o ninguno, claro).

Historia con antecedentes

La historia de religiosos conectados a la adopción o venta de recién nacidos en Santiago ya tenía varios antecedentes. En 2006, el juez en lo Criminal y Correccional de Añatuya, Álvaro Mansilla, había recibido testimonios que confirmaban la venta de recién nacidos en esa ciudad que involucraba la santa mano del obispo castrense Antonio Baseotto, durante su gestión en la diócesis del lugar. Según la investigación, en la mayoría de los casos los recién nacidos habían sido entregados por madres pobres y solteras, a las que se les ofrecía cambiar sus hijos por alimentos, ropas y materiales de construcción. Baseotto, fuerte opositor al aborto legal y el reparto de preservativos, había sido relevado de su cargo el año anterior por el gobierno de Néstor Kirchner, luego que le enviara una carta al ex ministro de Salud Ginés González García en la que aludió a palabras bíblicas. "Quienes escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar".

Baseotto ya no trabaja de sacerdote y con mi compañera no volvimos a Añatuya, pero comenzamos a interesarnos e intentamos aprender y trabajar con perspectiva de género, a tono con los derechos que fuimos conquistando las mujeres en la sociedad. Pero la Iglesia -sobre todo su sector más rico y conservador como el Opus Dei y también algunos grupos evangélicos- sigue pensando y accionando igual que en aquella época o en el medioevo.

Un medio, muchos enfoques

Este domingo se publicó en La Capital la historia de una mujer humilde de Rosario, de 23 años, con un hijo de siete y uno de tres. Ella denunció que en los efectores de salud de la ciudad la habían incitado a abortar. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud municipal rechazaron anteayer esas afirmaciones.

Varias cuestiones, sólo de orden periodístico y con el objetivo de aclarar que en un mismo medio coexisten varios y muy distintos enfoques. Esa mujer, según la nota, fue madre a los 16 años pero nada se habla de su embarazo adolescente ni del trabajo que realizan los agentes sanitarios para prevenir la maternidad de menores. Tampoco se dice allí que en esta provincia, desde el año 2007, se respeta un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que el Ministerio de Salud de la Nación puso en vigencia y actualizó en 2015 y 2016. Una particularidad que comparte con otras diez provincias del país y es valorada por gran parte de la comunidad científica (carecen de él Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca). Un protocolo que debería mantenerse y defenderse por parte de los próximos funcionarios de Salud provincial, para no retroceder en derechos sociales y reproductivos, como en 2007 cuando la ex ministra de Jorge Obeid, Silvia Simoncini, se opuso a la interrupción del embarazo de una niña de 14 años que había sido violada.

La nota publicada en este diario relata cómo la mujer "en su casa aprendió que un hijo es un regalo de Dios y que nadie puede quitarle la vida a quien crece en su interior" y sostiene que perdió su casa, un problema que solucionó a través de internet donde encontró a un grupo de feministas que le ayudó a construir la casa; mujeres que luchan contra el machismo "pero que respetan la vida por nacer" y como eslogan sostienen: "Ni opresoras, ni oprimidas. Promujer, provida. Resistencia no violenta".

Pero además, de esta manera y otra vez, quienes dicen estar con la vida nos excluyen a todos y todas, como bien dijo la escritora Claudia Piñeiro durante el debate por el proyecto de ley sobre interrupción legal del embarazo en el Senado, el año pasado: "Nosotros también estamos a favor de la vida, no permitamos que nos roben una palabra". Abramos el debate entonces sobre las políticas de salud.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario