Opinión

La negación de un derecho

Sábado 24 de Noviembre de 2018

Una madre le comenta a otra que su hija mejoró notoriamente su calidad de vida desde que comenzó a suministrarle aceite de cannabis. La madre escucha y piensa que también podría mejorar la situación de su hijo que padece de Síndrome de Epilepsia Mioclónica Astática (Doose). Decide entonces asistir a un nuevo taller que las propias madres generan y donde se trabaja el cultivo, la preparación y el suministro del aceite cannabico.

En ese mismo instante, y por una aberración legislativa, esa madre adquiere la misma estatura legal que un narcotraficante. Para nuestra legislación es lo mismo esa madre que sólo quiere mejorar la calidad de vida de su hijo, y la suya, que una persona que comercia sustancias ilegales. Increíble pero real.

Claramente lo detalla el Abogado Mariano Fusero, Director del área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal: "Las penas a una madre que cultiva son exorbitantes, ridículas, estamos hablando que una madre que cultiva una sustancia como el cannabis para darle a su hijo puede tener una pena de 4 a 15 años de prisión. Para que tengamos una idea de la desproporción de esta pena, 15 años de prisión es el máximo legal establecido para el delito de violación. Entonces a una madre le podría corresponder la misma pena que un violador. Si se juntan más de tres madres en lo que se llama un cultivo colectivo, la pena de prisión se eleva de 6 a 20 años de prisión. Para que tengamos una idea, el homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años. Entonces a una madre que se junta con otras dos le podría corresponder una pena igual a la de un homicida".

Tratando de encontrar un amparo que las desvincule del punitivismo, las madres se movilizaron e hicieron público su padecer logrando que el Congreso nacional sancione la Ley N° 27.350 (llamada de cannabis medicinal). Un triunfo, un logro, una satisfacción después de mucho peregrinar. Después de mucho insistir, después de mucho explicar y convencer.

Sin embargo a poco tiempo de esa sanción se empieza a evidenciar que la ley y su reglamentación quedaron cortas. No permiten el autocultivo y con ello no deja a las madres fuera de la órbita punitiva. Además sólo permite la importación de sustancias únicamente para una sola patología de un grupo etario determinado: epilepsia refractaria de niños y jóvenes adultos. Para todas las otras patologías no hay respuesta desde la ley.

Las madres lo solucionan fácilmente. Siguen cultivando en la clandestinidad ya que según ellas mismas "la ley no nos modificó nada en ese punto, es más creemos que estamos peor", dicen una y otra vez.

En realidad, el gobierno nacional nunca tuvo la decisión política de plasmar una ley que realmente de respuesta a la demanda de las madres. No pudo impedir la ley y entonces optó por tener una que altere lo menos posible el status quo.

De hecho, obligadas a seguir en la clandestinidad, las madres no se quedan quietas y recurren a la justicia y presentan un amparo. La justicia, que es justa en esta ocasión, da lugar al amparo. La jueza Federal Sylvia Raquel Arramberri expresa en su fallo entre otros considerandos: "Valoro especialmente, la necesidad de procurar evitar cualquier retroceso ante los notables avances en la calidad de vida de los niños y sus familias, y las consecuencias disvaliosas que podría traer aparejada la interrupción".

Entonces pasa lo impensado. La Secretaria de Salud (el ex ministerio que éste gobierno devaluó), apela el fallo. Quién debería garantizar el derecho a la salud es el que apela un fallo que hacía exactamente eso.

Independientemente de una ley que quedó a mitad de camino y de apelaciones a fallos basado en la sensatez, es ine-vitable que el uso terapéutico del cannabis se legalice en todas sus formas. Autocultivo incluido. Y con una presencia de los laboratorios estatales que creemos clave. Particularmente el LIF. Vale recordar que en noviembre de 2016, se sancionó la Ley Provincial N° 13602 que en su artículo N° 4 establece pautas sobre el "Desarrollo y Producción Pública de Medicamentos", y donde se establece que "el Ministerio de Salud promoverá y estimulará la producción pública de medicamentos a base de cannabis y formas farmacéuticas derivadas, a través de los laboratorios públicos existentes en el territorio provincial".

Hoy seguimos a la espera que la Nación autorice la importación de cannabis para poder desarrollar el medicamento en el laboratorio provincial de Santa Fe.

Las madres empujadas por su entrañable amor nos han dado una lección de perseverancia y solidaridad. Sólo falta que los legisladores y sobre todo el Poder Ejecutivo nacional dejen de querer tapar el sol con la mano.

(*) Presidente del partido GEN Santa Fe.

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