Derecho a una familia adoptiva

Las parejas que desean ser padres, al menos las que yo trato habitualmente, imaginan la paternidad mucho más allá del parto. El deseo no se agota allí sino que abarca la crianza del hijo. La idea de crianza por los propios padres es vista, en general, como una "situación natural". A partir de ese carácter natural, opinable por cierto, es sencillo inferir el derecho de los hijos a ser criados por su familia de origen, siendo éste el aspecto que jurídicamente prevalece.

El derecho del niño a ser criado por su familia biológica suele ser menospreciado por los distintos actores sociales cuando se colocan en posiciones extremas. Por un lado se lo ataca duramente cuando las autoridades estatales intentan razonablemente preservarlo y, desde otro lugar, esas autoridades suelen forzarlo cuando cierta familia biológica es, a todas luces, una nítida vulneradora de los derechos de sus niños y no hay posibilidad alguna de revinculación.

La adopción está íntimamente vinculada a esos aspectos. Para una mayor comprensión barajemos esta hipótesis: la adopción no existiría si todas las madres y todos los padres estuviesen en condiciones subjetivas de criar a sus hijos o, si en su ausencia, lo pudiesen hacer otros familiares directos. Es una premisa falsa dado que, por distintas razones, algunos adultos no lo pueden hacer por lo que es necesario buscar otra familia que sí pueda asumir esa responsabilidad. La figura sirve para entender que el instituto de la adopción no se construye desde la perspectiva de los postulantes a adoptar sino desde la de los niños que se encuentran en situación de adoptabilidad.

La adopción es entonces una institución pensada desde el lugar del niño cuyos padres, madres o familiares no pueden brindarle los cuidados necesarios para su crianza y se traduce en un derecho del niño para que otra familia asuma esa responsabilidad filial.

¿Cómo arribamos a ella? El camino principal transita por la inscripción en el registro de adoptantes de quienes desean ser padres adoptivos. Esa inscripción es imprescindible: la adopción que se obtenga vulnerando tal requisito deviene en absolutamente nula.

Debemos recordar que la elección directa de la familia adoptiva efectuada por los padres biológicos está prohibida en general. La ley marca una sola excepción: que haya vínculo de parentesco entre progenitores y guardadores. Sin embargo, el juez siempre debe resolver en función del superior interés de ese niño que tiene delante suyo.

Entonces, para quienes quieren ser padres adoptivos el sendero se inicia con la inscripción en el registro. La espera para ellos dependerá de que haya niños en situación de adoptabilidad.

La declaración de situación de adoptabilidad la dicta el juez de familia. ¿En qué casos?: a) cuando estamos frente a niños sin filiación establecida o sus padres han fallecido y la autoridad de niñez no halló familiares de origen en un plazo máximo de sesenta días; b) cuando los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño sea adoptado luego de los cuarenta y cinco días de producido el nacimiento; c) cuando las medidas excepcionales tendientes a que el niño permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado positivo. Existe un cuarto supuesto dado que la sentencia de privación de la responsabilidad parental se equipara a la declaración de situación de adoptabilidad.

La autoridad de niñez, que depende del Poder Ejecutivo, interviene en los tres primeros supuestos con anterioridad al juez de familia. El segundo es muy similar al antiguo esquema de las entregas directas dado que son los padres quienes deciden dar a su hijo en adopción pero en vez de hacerlo a determinada familia ahora lo concretan con quien sea elegido entre los inscriptos en el registro de adoptantes.

El tercer supuesto es el más complejo y quizá por este andarivel pase una gran parte de las posibles adopciones. Son los casos donde la autoridad de niñez decide la separación de un niño de su lugar de convivencia (centro de vida) tras constatar graves vulneraciones a sus derechos cometidas por los adultos responsables. Estas medidas son controladas por el juez de familia y pueden durar un máximo de 180 días. Vencido ese plazo la autoridad de niñez debe proponer al juez de familia cuál será la situación definitiva del niño. La adopción es una de las posibilidades, mas no la única.

Una vez firme la declaración de situación de adoptabilidad se debe elegir una familia inscripta en el registro para recibir al niño en guarda preadoptiva por seis meses. Ese lapso sirve para corroborar que el niño se ha adaptado a la nueva familia. Luego se dicta la sentencia de adopción.

El tiempo atraviesa todas estas situaciones pero es el de los niños el que debe ocuparnos y movilizarnos: el tiempo que espera un niño para que el Estado lo separe del grupo familiar que lo está agrediendo, el que se demora en resolver definitivamente esa separación cuando no existe posibilidad alguna de volver con la familia biológica, el que se derrocha exigiendo requisitos formales, el que se dilapida entre olvidos.

Una consigna es clara: la niñez no es eterna, viene con fecha de vencimiento. Si llegamos tarde no hay regreso, no existe posibilidad de recuperación, no admite reintegro de los días perdidos.