Los sistemas de riesgos de trabajo han ido evolucionando a través de la historia. No existe el sistema perfecto, pero sí podemos proponer cambios que permitan correcciones y ajustes a las necesidades de la sociedad. En Santa Fe tenemos una oportunidad para que los trabajadores tengan mejor cobertura, mayor certeza y celeridad cuando sufren un accidente laboral y a su vez, mejorar la competitividad de todos los actores del entramado productivo si desde la legislatura provincial aprobamos la adhesión a la ley nacional Nº 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgo de Trabajo y demás normas que la complementan.
Dar certezas y seguridad implica una ley de fondo en armonía con nuestra Constitución nacional y que prevea procedimientos similares en todas las provincias. En febrero de 2017 se sancionó esta ley a nivel nacional y surgió como un principio de solución para reducir siniestralidad, previniendo riesgos, garantizando la reparación de daños derivados de accidentes de trabajo e incrementar la cobertura del sistema.
En Santa Fe estamos en pleno proceso para adherir a esta ley, no sólo para que se disminuya la litigiosidad, sino para dar precisiones a los trabajadores afectados y brindar más competitividad. Nuestra provincia registró más de 94 mil juicios en el sistema de riesgos de trabajo durante el período 2011-2017 lo que llevó a que el fuero laboral esté colapsado y tenga una demora excesiva en la resolución de los reclamos de los trabajadores. Cualquier modificación del Código de Procedimientos en lo Laboral para mejorar el proceso sólo será eficaz si logramos que el sistema funcione bajo otros parámetros en la faz administrativa.
De otro modo se profundizará la pérdida de competitividad de Santa Fe respecto de otras provincias de la Rgión Centro que ya han adherido a dicha ley, ya que la mayor litigiosidad forma parte ineludible del costo siniestral generando que las ART incrementen las alícuotas a medida que se torna creciente.
Las críticas iniciales a la adhesión hacían hincapié en la creación de una sola comisión médica. Nuestra iniciativa prevé que se establezcan 8 comisiones médicas, dos en Rosario, dos en Santa Fe, una en cada una de las jurisdicciones judiciales y una móvil que asegurará que ningún reclamo deba sustanciarse a más de 80 km. del lugar de trabajo. Un modelo similar al de Córdoba o Mendoza.
Esta semana, el ministro de la Producción de la Nación, Dante Sica, mantuvo una reunión con los ministros de la Producción de todas las provincias para repasar las leyes de competitividad, y las políticas y herramientas de su cartera para ampliar el acceso al financiamiento de las pymes. En ese marco, uno de los puntos expuestos durante el encuentro fue la aplicación de la ley nacional de ART para poder reducir el índice de los juicios laborales.
Cuando decidimos presentar este proyecto de Ley, luego de haber hablado con todos los actores involucrados, observamos que los aspectos positivos que tiene proceder con la adhesión a la Ley nacional están relacionados con que la provincia tenga competencia directa en el tema. Sin adhesión, el sistema se rige por la ley 24.557 y sus reglamentarias que fija procedimientos. De aprobarse el presente proyecto, el sistema recuperaría su armonía.
Por otra parte, se reforzaría el procedimiento administrativo haciéndolo más dinámico, evitando judicialización innecesaria y garantizando el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores mediante el patrocinio letrado obligatorio. En la actualidad algunas funciones contempladas en la Ley de Riesgos de Trabajo se han visto desvirtuadas desjerarquizando los dictámenes de las Comisiones Médicas.
Entendemos que gran parte del colapso del fuero laboral en la provincia se debe la carencia de recursos para hacer frente a la tramitación de los juicios derivados de la Ley de Riesgos de Trabajo. Si se perfeccionara el cumplimiento de las prestaciones en sede administrativa, garantizando el derecho de defensa del trabajador, y los honorarios de los abogados intervinientes a cargo de las ART, se generaría una disminución de juicios y descompresión de juzgados laborales. Está probado que las provincias que lo aplicaron, bajaron la cantidad de juicios.
El monto que paga el empleador para contar con una ART se fija en puntos porcentuales sobre la masa salarial, y se calcula en función de la judicialización y siniestralidad, entre otras variables. Observamos que en la provincia se paga la alícuota más alta del país, equivalente al 4,32 por ciento de la masa, mientras que en Ciudad de Buenos Aires pagan 2,41 por ciento, o en Mendoza el 3,45 por ciento. Llevado a pesos, un empleador santafesino pagó a diciembre de 2017 la suma de $1.015,10 mensuales por trabajador para asegurarlo, mientras que en Capital Federal abonaron $761.
Analizando otros datos estadísticos de las provincias que implementaron la ley, vemos que no solo redujeron los niveles de litigiosidad sino que se produjo una rebaja en las alícuotas que cobran las aseguradoras.
También exhiben una reducción notable en los reclamos judiciales y un promedio menor a 30 días en la resolución. Todo lo contrario, sucede en nuestra provincia que mantiene niveles elevadísimos de judicialización, donde los procedimientos demoran años y tenemos las alícuotas más altas del país. Este es un costo importante, mucho dinero que pagan los contribuyentes santafesinos y que, en lugar de imitar a otras provincias que lo vienen reduciendo, en Santa Fe se incrementa muy por arriba del promedio nacional.
Tenemos que seguir trabajando para que la legislatura provincial apruebe el proyecto presentado. De este modo, lograremos asegurar la cobertura de riesgos en tiempo razonable y en montos justos para el trabajador afectado, se dinamizará el procedimiento, se reducirá la cantidad de juicios, se bajará el costo laboral y se ganará en competitividad.
