Opinión

Asignaciones familiares en Santa Fe, las más bajas del país

Políticas sociales. Las negociaciones salariales de este mes de febrero deben ser el espacio propicio para modificar un esquema irrisorio

Viernes 08 de Febrero de 2019

Quizás a algunos les resulte difícil creerlo, pero los montos de las asignaciones familiares que cobramos los empleados y empleadas de la provincia de Santa Fe tienen valores irrisorios. Veamos:

• 3 pesos por familia numerosa

• 4,5 pesos por escolaridad

• 40 pesos por cónyuge a cargo

• 200 pesos por nacimiento

• 260 pesos por hijo menor de 18 años.

El gobernador Miguel Lifschitz no se cansa de hablar de la defensa de la infancia y de la búsqueda de la equidad en su gestión. También repite que los ingresos de sus trabajadores estatales están protegidos. Pero estos datos nos muestran que la realidad es bien otra.

Un poco de historia

Las asignaciones familiares son un derecho histórico. Se trata de diversos complementos salariales que buscan establecer una relación directa entre las necesidades de un trabajador y sus ingresos.

Dos trabajadores pueden tener el mismo empleo pero cargas de familia muy diferentes; con las asignaciones familiares se busca complementar debidamente el ingreso de aquel que lo necesita. Como la patronal busca bajar sus costos salariales —y eso la podía llevar a tomar solo trabajadores sin carga de familia— se fueron construyendo "cajas": un fondo común en donde todos los empleadores aportaran y de allí salieran los fondos para el pago de las asignaciones necesarias.

La primera asignación por maternidad se pagó en nuestro país en 1934. En 1940 los trabajadores bancarios conquistaron el derecho a cobrar una asignación por cada hijo menor de 18 años. Diversos gremios lo fueron incorporando a sus convenios hasta que el derecho se universalizó al conjunto de la clase trabajadora.

Durante décadas funcionaron distintas cajas (de la actividad mercantil, de la industria, de los trabajadores portuarios, etcétera) hasta que Carlos Menem y Domingo Cavallo las absorbieron y pasaron su administración a la Anses.

Solo quedaron por fuera los trabajadores provinciales y de los municipios. Para el caso de Santa Fe rige la Ley de Asignaciones Familiares N ° 9290 impuesta por los personeros de la dictadura militar en diciembre de 1983. Más allá de algunas modificaciones puntuales, la ley sigue vigente hasta nuestros días.

La vergüenza del presente

Las cifras que mostrábamos al comienzo de esta nota son elocuentes. También se puede hacer el ejercicio de buscar la comparación con otro sistema -de Anses o de cualquier otra provincia- y la conclusión sale con más contundencia: en todos los casos los pagos se multiplican (por tres, por cuatro, por siete) a lo que cobramos en Santa Fe. Nuestra provincia, una de las más ricas del país, paga las peores asignaciones familiares.

El tema es grave no sólo por la discriminación que sufrimos los trabajadores del Estado santafesino sino porque lo padecen nuestros hijos menores y eso abona al terrible flagelo de la infantilización de la pobreza. Con salarios que en muchos casos no llegan a la línea de la pobreza, la casi desaparición de las asignaciones en los hechos priva a decenas de miles de niños y niñas santafesinos de la posibilidad de acceder a un conjunto de derechos fundamentales.

El mecanismo utilizado ha sido sencillo: basta no actualizar los montos y dejar que la inflación vaya fagocitando año a año el valor real de la asignación.

No hay dudas de que el principal responsable ha sido el gobierno provincial. Los anteriores, pero fundamentalmente el actual que viene mirando para otro lado frente a una inflación brutal. Entre las modificaciones dispuestas por la legislatura provincial se destaca la Ley N° 11410 que otorgó al Poder Ejecutivo la potestad de actualizar los montos. Lástima que parece que algunos lo entendieron como la posibilidad de dejarlos congelados.

Es innegable también la responsabilidad de las conducciones gremiales provinciales quienes, en todos estos años de negociaciones paritarias, no han tenido la capacidad de poner sobre la mesa el tema con la importancia y la firmeza necesarias.

Nuestro reclamo

Desde hace ya varios años como Amsafe Rosario, Ate Rosario y la CTA-A venimos denunciando esta situación. No estamos dispuestos a aceptarla pasivamente, a dejar pasar sin lucha la supresión de hecho de un derecho fundamental.

Las negociaciones salariales de este mes de febrero deben ser el espacio propicio para acabar con este despojo. No se trata de lograr actualizaciones con altos porcentajes pero que aplicados sobre cifras tan bajas no modifican en forma sustancial la situación. Se trata, como mínimo, de poner las asignaciones de los empleados del Estado santafesino en consonancia con las del conjunto de los trabajadores. Y establecer además un mecanismo de actualización automática que impida llegar en el futuro a situaciones como la actual.

Sabemos que estamos en "tiempos de ajuste", tiempos de políticas que apuntan a descargar la crisis en la espalda de los trabajadores. Pero también sabemos que la lucha colectiva es la principal herramienta con la que contamos para defender nuestros derechos y desde allí apostar a construir otro futuro.


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