Visita. Armando Traferri, en el Centro de Apoyo al Discapacitado (Cadi).
El proyecto del senador Armando Traferri que disponía la adhesión de la provincia de Santa Fe al “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad” fue aprobado el último jueves por la Cámara Alta provincial y se convirtió en ley luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados lo unificara con un texto similar.
“Estamos muy contentos de que finalmente, luego de mucho trabajo, la provincia de Santa Fe tenga su régimen de empleo protegido. Ahora contamos con una normativa que protege a las personas con discapacidad y les da un marco de acción más previsible a las instituciones que trabajan con ellos, de las que en el departamento San Lorenzo tenemos ejemplos muy importantes”, consideró Traferri, quien destacó que presentó “por primera vez este proyecto el 6 de mayo de 2013”. “Tuvo que pasar mucho tiempo, pero finalmente lo logramos”, festejó.
La normativa establece que la provincia adhiere al “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad” que el Congreso nacional sancionó en 2012. De acuerdo con el senador sanlorencino, tiene como objetivo “proteger los derechos legítimos de las personas con discapacidad, y perfecciona el acceso al trabajo creando un régimen de empleo protegido tanto en ámbito público como privado, promoviendo la superación de aptitudes y actitudes de las personas con discapacidad, con miras a la inserción a los mercados laborales locales”.
La implementación se hará a través de los Talleres Protegidos de Empleo, de Producción o de Grupos Laborales Protegidos (entidades con personería jurídica), creadas o a crearse bajo los requisitos que la misma ley impone.
“Estos talleres fueron y son creados por padres y sostenidos por los mismos, ante la necesidad de que sus hijos con discapacidad, pero con capacidades de desempeñar tareas laborales, que en muy pocas oportunidades tienen la posibilidad de desempeñarlas en el mercado laboral común”, enfatizó Traferri, quien agregó que estos espacios “se desarrollaron gracias al esfuerzo de personas solidarias que en algunos casos simplemente se agruparon y en otros se constituyeron como asociaciones, pero todas recorrieron un camino de lucha con miras a conseguir derechos para las personas con discapacidad y hoy deberán adecuarse a la nueva disposición y es preciso que lo hagan con un marco legal provincial”.
El senador justicialista destacó que la ley 24.147 de Talleres Protegidos de Producción y Grupos laborales Protegidos “fue en su momento una alternativa para el grupo de personas discapacitadas que transitoria o permanentemente no se encuentran en condiciones de ingresar al mercado laboral competitivo”. Pero que, con la aprobación de esta ley, “esto se perfecciona brindando la protección legal para que estas personas con discapacidad no solo tengan acceso al trabajo, sino que lo hagan en el marco del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, además de impulsar un fortalecimiento técnico y económico de los organismos responsables de generación de empleo”.
Traferri no ocultó su satisfacción y culminó: “El más importante de los motivos es que las personas con discapacidad que desempeñan tareas laborales en los talleres serán reconocidas por fin como verdaderos trabajadores, con obligaciones y derechos: un salario digno, jubilación como cualquier trabajador, inclusión e igualdad de condiciones”.