Después de años de reclamos, la ciudad de San Lorenzo contará desde el viernes próximo con una fiscalía federal, que comenzará a funcionar temporalmente en un espacio del Centro Integrador Comunitario (SIC) Nuestra Señora de Itatí, de barrio Mitre, cedido por la Municipalidad local. La Sede Fiscal Descentralizada estará a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto, a quien acompañarán un fiscal adjunto y personal judicial. Ahora queda por cumplirse el viejo objetivo de crear en la ciudad un Juzgado federal.
La concreción de este proyecto se plasmó el 1º de septiembre con el convenio por el cual el municipio cedió temporalmente el lugar, firmado por el intendente Leonardo Raimundo; el secretario general de Superintendencia de la Procuraduría de la Nación, Juan Casanovas, y el jefe de fiscales de Rosario, fiscal general Juan Arrigo.
El órgano del Poder Judicial se encarga de la investigación de delitos federales, vinculados fundamentalmente al narcotráfico y la criminalidad organizada. Las denuncias se pueden radicar en la propia sede de Fiscalía (Belgrano al 1800), comisarías, el Centro Territorial de Denuncias (Avenida del Combate y Sargento Cabral) y los buzones de la vida (Palacio Municipal, el CIC, hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Aguas de barrio Bouchard, centros de Salud barrios Norte, Las Quintas y José Hernández).
"Es un hecho histórico para San Lorenzo, que tendrá dos fiscales para el combate del crimen vinculado a delitos federales. Luego vendrá la creación del Juzgado Federal, que demanda todo un proceso. Lo importante es el concurso que se está sustanciando. Con el Colegio y la Asociación de Abogados hemos bregado mucho por esto y hoy hemos dado un gran paso", expresó el intendente Raimundo cuando se firmó el convenio.
Por su parte, el fiscal Juan Arrigo resaltó el compromiso del gobierno municipal con la apertura del órgano a nivel local: "A partir de una decisión del procurador general Eduardo Casal se creó por ley el cargo de fiscal general de San Lorenzo. Gracias a la buena predisposición que mostró el intendente, cediéndonos un espacio, decidimos instalarlo inmediatamente y poner todos los recursos en las investigaciones que de acá se deriven localmente".
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El espacio del CIC será asiento provisional de la sede, hasta tanto cuente con edificio propio. El organismo se etablecerá a nivel local tras intensas gestiones por parte de la Intendencia, el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados, con el objeto de que la Justicia federal tenga asiento en la ciudad.
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San Lorenzo: el intendente Raimundo firmó el convenio para la cesión del espacio.
Hace algunas semanas, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, habilitó los 27 cargos de fiscal federal penal que fueron creados por el artículo 3° de la ley N° 27.715 de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Los cargos comenzaron a distribuirse a partir del 1° de agosto, de manera provisoria, para coadyuvar con las y los fiscales existentes en la jurisdicción, hasta tanto se pongan en funcionamiento las unidades y sedes fiscales descentralizadas en ese territorio, de acuerdo con el diseño previsto en la Resolución PGN N° 35/19 para la implementación del sistema acusatorio y se designen sus titulares mediante el trámite de los concursos N° 130 y N° 131.
Por decreto N° 255/23 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 27.715 que, entre otras decisiones, dispuso la creación de 27 cargos de fiscal: 15 para la ciudad de Rosario, siete para la de Santa Fe, uno para cada una de las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas de la provincia de Santa Fe, y otro para San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. También se crearon nueve cargos de defensor oficial y 14 de juez con competencia penal en la Jurisdicción Federal de Rosario.
La implementación de la norma había quedado supeditada al otorgamiento del crédito presupuestario correspondiente. Así, el 1° de junio pasado, la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso, mediante resolución administrativa N° 435/23, la ampliación del presupuesto que incluyó los referidos cargos.
La decisión del procurador general de la Nación interino se inscribe dentro del conjunto de acciones que se vienen ejecutando para el fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos. Ello, a fin de lograr condiciones propicias para la implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción, conforme lo estableció la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Federal de la Nación por resoluciones Nº 2/19 y N° 1/20.
