Piden que se conforme el Consejo Provincial para la atención de personas con autismo

El senador Armando Traferri solicitó al Ejecutivo provincial que conforme el Consejo Provincial de Coordinación y Asesoramiento y los órganos regionales que prevé la ley 13.328 de Diagnóstico Precoz, Tratamiento, Integración, Inclusión Social y Protección Integral de Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y/o Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). Con esto, indicó el legislador, se podrá avanzar en el “asesoramiento y coordinación de las políticas públicas de abordaje integral dispuestas por la Legislatura provincial al momento de la sanción de la norma”.

Traferri alertó que “la problemática deviene evidentemente compleja y requiere de instancias de coordinación de manera ineludible”, ya que las “problemáticas emanadas de los Trastornos del Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo afectan no solo a las personas alcanzadas por los mismos, sino también al entorno familiar directo y a los agentes de los servicios educativos, sanitarios y de desarrollo social (dentro del ámbito público), así como a las organizaciones no gubernamentales y colectivos de padres o familiares congregados bajo diversos esquemas para hacer frente de manera más efectiva a los requerimientos de dichas condiciones médicas”.

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El legislador pide el cumplimiento de la ley 13.328.

La normativa vigente contempla dos instancias de diverso nivel de complejidad y representación a fin de integrar a cada una de las organizaciones (públicas o privadas). El artículo 6 establece un "Consejo Provincial de Coordinación y Asesoramiento" integrado por representantes de los Ministerios de Salud (jurisdicción que oficia a su vez de Autoridad de Aplicación), de Educación y de Desarrollo Social, así como por un miembro delegado de los Consejos Regionales. Estos últimos surgen de la previsión del artículo 7 y abarca el espectro no gubernamental, en lo médico profesional, así como no profesionales al integrar emergentes de la sociedad civil vinculados directamente a las tres grandes áreas de abordaje (salud, educación, desarrollo social), sumando también a las ONG y grupos de padres y familiares como elemento esencial.

Los Consejos Regionales, establece la norma, deben tener asiento en cada una delas 19 cabeceras departamentales de la provincia y designar su representante ante el Consejo Provincial. “La sanción de la ley data del año 2013 y desde dicha fecha se encuentra pendiente la conformación de las instancias que se requieren, y que, sin perjuicio de que en el transcurso del tiempo cada dependencia pública o asociación civil ha continuado con sus gestiones y/o con políticas específicas, las mismas carecen de una herramienta específicamente pensada para integrar a todos los sectores de una problemática compleja en un ámbito natural para realizar requerimientos y construir respuestas con el carácter integral que pregona la norma”, alertó el senador.

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Los padres de niños con transtorno del espectro autista vienen llevando adelante campañas de concientización y sensibilización.

Al respecto, Traferri evaluó que “resulta de estricta justicia que, si ya esta Legislatura ha dictado una norma ampliamente abarcativa y consensuada con los diversos agentes sociales implicados en la problemática, sea el Poder Ejecutivo el que deba dar efectivo cumplimiento a la manda legal, constituyendo los consejos citados”. Y aseguró que “el carácter perentorio del pedido no resulta aleatorio ya que el largo período de aislamiento preventivo social y obligatorio derivado de la pandemia Covid 19, así como las medidas de distanciamiento y las restricciones funcionales de diversos servicios sanitarios y educativos durante la vigencia de las medidas han contribuido a acentuar las complejidades de dichos trastornos tanto en los pacientes como en las diversas redes de soporte familiar y profesional, por los que se hace pertinente activar en toda su potencialidad los mecanismos instituciones existentes”.

Finalmente, el senador remarcó además que la conformación de los consejos “no implica erogaciones incrementales para las arcas públicas”, ya que los miembros tienen carácter ad honórem