Las personas señaladas fueron cesanteadas acusadas de manejos irregulares de fondos públicos. El hecho se descubrió a partir de una investigación por Fiscalía.
Once personas fueron despedidas del Hospital Iturraspe por malversación de fondos públicos.
El Ministerio de Salud santafesino anunció el despido de once personas que trabajan bajo la órbita del Hospital Iturraspe, ubicado en la capital provincial de Santa Fe. Las autoridades de la cartera sanitaria brindaron una conferencia de prensa donde detallaron que la desafectación de los mismos se debió a irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio declaró que “quienes roban no pueden ser empleados del Estado” y explicó que tras una investigación llevada a cabo por la Subsecretaría Legal y Técnica y de Fiscalía de Estado, cuyo titular Juan Pablo Gutiérrez acompañó a la ministra en la presentación oficial, se puso a disposición de la justicia un grupo de empleados del hospital que fueron “trasladados por la gestión de gobierno anterior, por lo cual, por medio de una resolución decidimos que estos agentes debían ser suspendidos e investigados”. Seis meses después, el gobierno tomó la decisión de echar definitivamente a los once señalados.
“Para que quede claro: esto fue un robo a las arcas del Estado y a los demás empleados del efector en un monto superior a los 38 millones de pesos que, actualizado al día de hoy, estaría superando los 100 millones de pesos”, apuntó la ministra Ciancio y agregó que la investigación continúa abierta “por si surgen nuevas derivaciones del caso”.
Por su parte, el subsecretario de Legal y Técnica explicó que la investigación arrancó a partir de lo que se conoce como “Fondo del 30%”, que es un porcentaje del recupero que se divide entre los trabajadores que surge a partir de los servicios que brinda el efector de salud a sus usuarios que tienen obra social, prepagas, medicina laboral o seguros.
“Una vez que se hacían los controles pertinentes para saber a quiénes les correspondía ese monto, modificaban datos personales y de los CBU, lo cual provocaba que ese dinero no les llegara a quienes correspondía”, dijo Gutiérrez y aclaró que esta operación comenzó a partir de 2020.
El decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Ciancio sostiene que el uso de los fondos desviados fue con la “evidente intención de incrementar su propio peculio con bienes destinados al servicio oficial, en este caso dinero recaudado que tenía otro destino, el reparto previsto normativamente entre sus compañeros del Hospital" y aclara que "la maniobra ardidosa y fraudulenta para llevar a cabo tal detracción también se encuentra probada".
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Según Ciancio, “durante el transcurso de la investigación (los involucrados) no han percibido sus haberes”. Asimismo, la justicia por medio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante el proceso legal, mientras que el subsecretario adelantó que desde el gobierno provincial “estamos analizando si nos vamos a presentar como querellantes, tal cual lo hicieron trabajadores a los que les correspondía ese dinero".
Gutiérrez explicó que los delitos por los que se investiga a los cesanteados son "asociación ilícita donde hubo malversación de fondos, porque se trata de recuperos de parte del Estado”, y sostuvo que los extrabajadores públicos están transitando el proceso en libertad, mientras que tienen prohibida su salida del país.
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