El gremialista transitó el proceso en libertad hasta ser condenado.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, Enzo Juárez, fue condenado este lunes a 14 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una mujer que cumplió funciones como secretaria en el gremio entre 2016 y 2017.
Así lo resolvieron los jueces de primera instancia Mariana Vidal, Leandro Martín y Paula Borrello en el marco de un juicio oral y público que culminó este lunes por la mañana en los tribunales de Melincué con la lectura del fallo.
El tribunal además dispuso la prisión preventiva del gremialista condenado, que quedó alojado en la alcaidía de la regional policial de la ciudad cabecera del departamento General López. La pena impuesta es la misma que solicitó Fiscalía, mientras que la querella había pedido 20 años de prisión y la defensa la absolución del acusado.
La investigación se inició a comienzos de 2020 a partir de una denuncia radicada por la víctima. Inicialmente, tomó intervención el ahora fiscal regional Matías Merlo y posteriormente su par Julián Cochero, quien representó en el juicio al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Ese mismo año fue cuando el caso tomó estado público, luego de que militantes feministas llevaran adelante una acampe frente a la sede del sindicato municipal firmatense para exigir la destitución de Juárez, quien, sin embargo, siguió conduciendo el gremio y hasta llegó a ser reelecto en su cargo.
El sindicalista transitó el proceso en libertad luego ser denunciado por una trabajadora municipal que desarrollaba tareas en el sindicato al tener permiso gremial, el cual luego le fue quitado a partir de una cuestionada decisión.
Juárez, quien desde el primer momento proclamó su inocencia y vinculó la acusación a una campaña sindical y política en su contra, finalmente fue hallado penalmente responsable del delito achacado y quedó en prisión, independientemente de las instancias apelatorias de la que podrá hacer uso su defensa.
El planteo de Fiscalía tuvo como principal eje el testimonio de la víctima y pericias que demuestran los daños psicológicos que sufrió.
La abogada querellante, Carolina Walker Torres, se mostró satisfecha por la condena en declaraciones formuladas a la emisaro radial firmatense FM 95.9. Al respecto, sostuvo que "se condenó efectivamente (al acusado) a la pena de 14 años y lo más importante es que se ordenó su inmediata detención, algo que habíamos pedido en varias oportunidades mientras estuvo en libertad durante todo el proceso y fue negado por distintos motivos". "Nosotros consideramos que existía una gran peligrosidad procesal y muchísimo más si era condenado", explicó la letrada, para luego señalar que el "el tribunal consideró que ese peligro existía y ordenó la detención, por lo que estamos muy satisfechos tanto con la sentencia como con la prisión".
Asimismo, sostuvo que "probablemente la defensa apele ambas decisiones, pero estamos convencidos que la prueba fue por de más de contundente y se ha acreditado cada uno de los puntos que invocamos en los alegatos de apertura durante todo el juicio. Fue una pena muy fuerte y no creo que prospere ninguna apelación, aunque es el derecho que tiene todo imputado".
Walker Torres, además, recordó que la víctima "fue dejada sin trabajo por la Municipalidad de Firmat (a pesar de) que sabía que tenía licencia psiquiátrica fundada. Esta mujer podría haber sido reubicada haciendo tareas pasivas o diferentes y no fue una opción que dio el municipio, que directamente la dejó cesante a pesar de que había pedido ayuda en múltiples oportunidades por lo que estaba sufriendo y no se aplicaron ninguno de los protocolos que se tienen que aplicar en estos casos".
Y en ese marco, resaltó que "el paso posterior a esta sentencia es determinar qué otros responsables existen", porque "hubo pedidos de ayuda previo y (la víctima) no fue escuchada, por lo cual acá hay una responsabilidad civil tanto de la Municipalidad como del gremio que también tendrá que ser reclamado y reparado por el daño que se le ocasionó".
También, indicó que la mujer abusada "está haciendo el trámite de jubilación por invalidez y tiene que ver con el problema psiquiátrico que le produjo el hecho en sí y todo lo que vino después, como la persecución política y la difamación". Y, en esa misma línea, señaló que "la justicia lenta no es es justicia, porque provocó todo esto que (la víctima) sufrió no debiera haber sufrido, aunque finalmente llegó y hoy tuvimos la satisfacción de ver a Juárez salir esposado para ir preso, que es donde siempre debiera haber estado".
Por su parte, Cochero valoró que "los magistrados optaron por la pena y la calificación penal que solicitamos desde la Fiscalía". El representante del MPA detalló que "Juárez cometió el hecho ilícito en marzo de 2017, cuando (ya) era secretario general del gremio municipal", y sostuvo que "el condenado agredió sexualmente a la víctima bajo amenaza de que ella se quedaría sin trabajo si oponía resistencia al ataque".
Asimismo, aseguró que "la vulneración de su integridad sexual desencadenó en la mujer un cuadro depresivo que la llevó a romper sus vínculos familiares, laborales y sociales". En tal sentido, indicó que "en el debate presentamos informes periciales que dan cuenta del daño irreparable sufrido por la víctima", y rescató las declaraciones al respecto que hicieron diferentes testigos.
Por último, el fiscal subrayó que "el abuso fue en el marco de una grave situación de violencia de género a la que la secretaria sindical era sometida por parte de su jefe".
El acusado fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el daño generado en la salud de la víctima).