La Justicia del Chaco tendrá que expedirse sobre millonaria evasión

La Justicia Federal de Resistencia (Chaco) deberá resolver la situación procesal de los dueños de la firma Las Pircas Cereales, con sede en la capital chaqueña pero con una planta de acopio en Acebal y de capitales rosarinos, apuntados por la presunta evasión de granos que alcanzaría casi los 700 millones de pesos. Un caso que el año pasado generó gran revuelo y que sugestivamente desapareció de la agenda pública y mediática.

La causa se inició a partir de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que detectó varios cargamentos con cereal provenientes del Chaco, pero con cartas de porte falseadas, y determinó que la única planta de acopio declarada por la firma tenía una capacidad muy inferior a las cargas que la empresa hacía figurar.

Esto disparó una acción judicial que llevó al fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, a solicitar el año pasado al juez Carlos Skidelsky que se detuviera y se tomara declaración indagadoria a los titulares de la firma por presunta "asociación ilícita fiscal", y describió una maniobra de transporte "en negro" de miles de toneladas de soja, con origen en el Chaco.

Se trata de Maximiliano Montaldo, Pier Carlos Montaldo y Julio Battiston, titulares de Las Pircas. Tal cual lo publicó LaCapital en marzo de este año, los tres se negaron a declarar y la investigación siguió su curso, aunque desapareció de la agenda pública y mediática, tanto santafesina como chaqueña, que también se hizo eco de la irregularidad detectada por los controles federales.

El fiscal había justificado su pedido de "inmediata detención" en base a la "escala penal del delito atribuido, como la logística y medios con que cuentan (los propietarios de la empresa), a fin de asegurar la realización de dicho acto procesal", y los sindicó como presuntos responsables del delito de "asociación ilícita fiscal", que prevé penas de entre 3 y 10 años.

Denuncia de la Afip. Sabadini había hecho su presentación en base a una denuncia de la Afip que detectó en Las Pircas un eslabón fundamental para operaciones de venta en negro de granos que también involucraban a una cadena de operadores y compradores que la usaban como comitente ("carpeta", en la jerga) para canalizar soja sin pagar impuestos.

Ocurre que Las Pircas había declarado ante el fisco poseer 285.692 toneladas de granos en su planta de Acebal. Pero de acuerdo a constataciones posteriores, la planta posee una capacidad de sólo siete mil toneladas de almacenaje, sustancialmente inferior a la declarada. La Afip constató además en mayo del año pasado la presencia de sólo 119 toneladas de cereal. La hipótesis del fisco es que al falsear la declaración obtuvo los documentos necesarios (como carta de porte) para vender miles de toneladas que en realidad no poseía y de esa forma blanquear (y transportar) los granos operados en negro.

Precisamente, la Afip interceptó en distintos puntos del país numerosos cargamentos de soja transportada por Las Pircas Cereales SA al amparo de cartas de porte que, entre otras irregularidades, consignaban como origen de la mercadería lugares en los cuales la firma no posee planta de acopio declarada ante la Afip, ni campos explotados para la producción de granos, ni datos sobre los proveedores de origen de los granos.

Uno de estos operativos, quizás el más resonante, tuvo lugar en mayo de 2014 en la ruta A-012, donde se detectaron y secuestraron 90 toneladas de cereal. La acción se realizó en forma conjunta ante el Régimen de Fiscalización de Ganado y Granos (Refiggra), la Afip y Gendarmería, que detectaron tres camiones cargados de cereal que era trasladado en negro, con cartas de porte falsas. Según los responsables del procedimiento, se trataría de la punta de un iceberg, ya que se sospecha que la firma responsable ingresa al menos cinco camiones diarios en las mismas condiciones, y que el 42 por ciento del cereal que entra a los puertos de la región se comercializa en negro.

Ese operativo tuvo lugar en el kilómetro 58 de la ruta A-012. De los cinco camiones de Las Pircas que fueron detenidos, se detectó que tres traían entre 29 y 30 toneladas de soja de otras zonas que las que se consignaban en las cartas de porte. En la ocasión, los mismos choferes quienes confesaron que habían salido del Chaco y de otros puntos geográficos, cuando las cartas aparecían expedidas en Acebal.

En la oportunidad, desde el Refiggra aseguraron que la firma había logrado eludir la fiscalización por medio de un recurso de amparo presentado en Resistencia, y que había trasladado su domicilio de Acebal a Resistencia. Pese a eso, el operativo pudo realizarse porque se contaba con el testimonio de los choferes de que las cartas de porte eran falsas.

Perjuicio. Las Pircas (Cuit 30-71004854-8) aparece ante el fisco como empresa dedicada a la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas, y con domicilio en Resistencia, Chaco.

La firma cerealera se encontraba operando en el mercado en virtud de la reinscripción en el Registro Fiscal de Operador de Granos, dispuesta por el juez federal Skidelsky en el marco de la medida cautelar solicitada por la firma, que antes había sido suspendida y luego excluida de dicho registro por las graves irregularidades detectadas en el desarrollo de la actividad.

En su momento, la Afip determinó que las maniobras de la empresa producían "un enorme perjuicio económico a las arcas del Estado nacional". Y realizó una proyección de la comercialización marginal de la cantidad de granos declarada, estimando que la operatoria ilícita desplegada por la firma Las Pircas Cereales importaría un perjuicio fiscal de 699.945.400 pesos, tomando como referencia el valor al 1º de abril de 2014 de 2.450 pesos netos por tonelada de soja.

La Fiscalía se amparó en la ley 24.769 de delitos tributarios. El artículo 15º de esa norma establece para una asociación de "dos o más personas" un mínimo de cuatro años de prisión, y para "una organización o asociación compuesta por tres o más personas" prisión de entre tres años y seis meses a diez años. Para el "jefe u organizador", en tanto, la pena mínima establecida se elevaría a cinco años de prisión.

Consultadas por este diario, fuentes de la Afip local prefirieron no emitir opinión ni ofrecer mayores detalles de la causa que, dijeron, "ya está judicializada y corre por los carriles correspondientes".