La justicia define hoy si los acusados por el caso Perassi siguen libres o deben ir presos

El juez de sentencia de los tribunales provinciales, Carlos Carbone, deberá resolver si los ocho acusados por el caso Paula Perassi esperan el juicio en prisión o podrán continuar en libertad. Lo hará hoy, en una nueva audiencia que tendrá lugar en el edificio de Pellegrini y Moreno, luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara el fallo del juez de Cámara, Adolfo Prunotto Laborde, quien les otorgó la libertad en agosto del año pasado.

Se trata de los ocho procesados, tres civiles y cinco policías, acusados por distintos grados de participación de la muerte y desaparición de la joven sanlorencina, ocurrido el 18 de septiembre de 2011. Prunotto Laborde los había dejado en libertad, pero la Corte anuló esta medida por falta de fundamentos. De manera unánime, los cinco miembros del máximo tribunal hicieron lugar al recurso presentado por el fiscal de Cámara Guillermo Camporini y por los abogados de la familia de la mujer desaparecida. Y remitió la causa para que sea analizada por un nuevo Tribunal y así se deberá decidir en la nueva audiencia si los acusados deben estar en libertad o no para esperar el juicio.

Paula Perassi desapareció en septiembre 2011 cuando estaba embarazada de seis semanas. Según la carátula del caso, murió durante la práctica de un aborto, al que fue obligada contra su voluntad.

Camino al juicio. Por el caso están procesados el empresario transportista de Puerto San Martín, Gabriel Strumia, procesado y detenido por segunda vez en la causa, y sospechado como autor del homicidio de Paula, con quien mantenía una relación extramatrimonial y al parecer sería el padre del bebé que ella esperaba. También está procesada la esposa de éste, Roxana Michl, por producir pruebas falsas, y Mirtha Rusñisky, domiciliada en Timbúes, acusada de practicar un aborto contra la voluntad de la víctima, y con un desenlace fatal. Concretamente, el delito que se les achaca es "aborto sin consentimiento seguido de muerte".

En tanto, a los policías de la UR XVII Gabriel Godoy, Aldo Gómez, María José Galtelli y a su superior de la fuerza sanlorencina Jorge Enrique Krenz se los acusa por coautores de encubrimiento, y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol, se lo procesó por el mismo delito, aunque en calidad de autor. Técnicamente, el delito está caratulado como "encubrimiento agravado por la situación de funcionario público", y "omisión de los deberes de funcionario público".

Todos fueron procesados y detenidos el 20 de abril de 2015 por disposición del juez de Instrucción sanlorencino Juan José Tutau, a instancias de la investigación de los fiscales Eduardo Filocco y Román Moscetta, y liberados a mediados de agosto tras el fallo del camarista Adolfo Prunotto, con cauciones a cada uno de entre 30 mil y 100 mil pesos.