Usurpaciones: un problema de orden público que cobró una magnitud inusitada

Las usurpaciones violentas en Rosario se convirtieron en un problema de orden público de importante magnitud que motivaron el desplazamiento forzoso de muchos vecinos en todos los distritos de la ciudad, además de poner en peligro sus vidas.

En los primeros seis meses del año, la Fiscalía de Rosario recibió 189 denuncias por usurpaciones, la mayoría cometidas por bandas narco en zonas periféricas de la ciudad. Las víctimas de esta modalidad delictiva abandonan sus viviendas porque grupos criminales las amenazan. Las intimidaciones comienzan con advertencias verbales o notas en la puerta de las casas y luego pueden escalar a incendios intencionales en los frentes y balaceras con el objetivo de tomar propiedades como “aguantaderos” o establecer un punto de venta de droga en el lugar.

Los problemas de balaceras, el principal incidente grave contra el orden público del año pasado en Rosario, motivó incluso cambios en las calificaciones penales. Cuando se advirtió que detrás de muchos balazos a viviendas eran motivados por la pretensión de usurparlas, los fiscales de la unidad que investiga estos delitos empezaron a calificar los hechos con el agravante de intimidación pública, una figura que tiene en cuenta la afectación al orden común y el temor causado no solo a los destinatarios de las balas sino al resto de la sociedad. En noviembre pasado quedaron presos por este agravante dos jóvenes que dejaron un cartel pidiendo plata al dueño de una casa en Aráoz y Zelaya. Le exigían dinero a cambio de “no matar a alguno de sus hijos”. La víctima no pagó y la noche siguiente hubo un ataque a balazos a tres domicilios de la cuadra.

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Solo en septiembre pasado hubo 200 ataques armados a viviendas o vehículos en Rosario, el 90 por ciento relacionados con personas que venden drogas.

También comenzó a advertirse en Rosario el accionar organizado de grupos para lograr réditos económicos a partir de usurpaciones de viviendas. Hubo dos casos recientes de imputados presos por asociación ilícita dedicada a la estafa inmobiliaria, incluso con un abogado preso, llamado Pedro Chia. Una de las modalidades del grupo era dar apariencia de legalidad a operaciones inmobiliarias cerradas a partir de viviendas usurpadas. Este caso se ventiló en audiencia en enero pasado y el abogado en cuestión terminó con prisión preventiva. También en este caso hubo dos policías presos y un organizador de las ventas.