La modalidad de las usurpaciones de viviendas con fines delictivos se volvió moneda corriente en Rosario, sobre todo porque el método extorsivo violento de las bandas criminales deja un tendal de víctimas desprotegidas, y hasta víctimas fatales por balaceras. Con el objetivo de brindar asistencia, acompañamiento y contención a las personas que atraviesan esa dramática situación que está en crecimiento, la Municipalidad creó el subprograma de Asesoramiento y Asistencia de Víctimas de Usurpaciones por parte de organizaciones delictivas complejas.
Más allá de las investigaciones penales que se tramitan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ante la denuncia de cada caso en particular, la Intendencia puso en marcha una herramienta institucional valiosa para el abordaje de esta problemática creciente en la ciudad.
Se trata del subprograma de Asesoramiento y Asistencia de Víctimas de Usurpaciones por organizaciones delictivas complejas, una iniciativa de los concejales de Cambiemos, Rodrigo López Molina y Agapito Blanco, y de Renata Ghilotti, del bloque Propuesta Republicana.
A través del Boletín Oficial, la Municipalidad reglamentó la ordenanza Nº 1.165, que contempla, entre otros puntos, que el programa esté bajo la órbita de la Dirección Asistencia a la Víctima, que funciona desde 2016. Ese organismo, ya viene asesorando y abordando la situación de familiares de víctimas de distintos hechos delictivos.
El programa será totalmente gratuito, según las consideraciones generales de la ordenanza, “prestará colaboración gratuita con toda persona y/o grupo familiar que necesite de él para un efectivo acceso a la Justicia y a la protección de su vivienda”.
Estará dirigido por abogados con especialidad en la temática, los que actualmente forman parte del equipo de la Dirección de Asistencia a la Víctima municipal. Además se pondrá a disposiciones de las personas, un equipo interdisciplinario de contención.
El objetivo es que en cada caso se pueda interactuar con áreas de Salud, Desarrollo Humano y Hábitat, Obras Particulares, Control y Convivencia, Desarrollo Económico y Empleo, Género, y Ambiente y Espacio Público, de forma tal de lograr de manera efectiva el asesoramiento y la asistencia material a las víctimas.
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“Se busca generar herramientas de acceso a la Justicia, contención y asistencia por parte del municipio para los vecinos que sufren esta criminalidad en los territorios”, indicó Martín Illía, abogado coordinador de la Secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad.
Bajo la figura de “amicus curae” (amigos del Tribunal), los profesionales que trabajen cada caso podrán ser autorizados para intervenir en procesos judiciales civiles y/o penales, según corresponda, para expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o derecho del proceso, y promover la recuperación de los derechos de posesión y/o tenencia de las víctimas.
Convenios
También el Ejecutivo local podrá celebrar convenios con la Fiscalía Regional, con organismos nacionales o provinciales encargados de representar víctimas de delitos, con el objeto de generar canales de comunicación sobre el estado de los procesos judiciales promovidos a favor de las víctimas.
Del mismo modo, se podrán celebrar acuerdos con las universidades, el Colegio de Abogados de Rosario, y con organizaciones civiles. Desde distintos organismos se podrán asistir necesidades habitacionales, alimentarias y sanitarias de las víctimas de las usurpaciones mientras se desarrollan los procesos judiciales destinadas a la recuperación de la vivienda.
Además, y en el contexto de la creciente ola de ataques con naturaleza delictiva, se podrán solicitar de forma directa medidas de prevención policial frente amenazas e intentos de nuevas usurpaciones.
En ese sentido, esta previsto crear un diagrama de control permanente en las zonas donde mayor cantidad de casos de usurpaciones se encuentran registrados, con coordinación previa con los organismos de prevención. Además, se podrán pedir medidas de protección destinadas a preservar los bienes de las víctimas.
