Uno de los disertantes de ayer fue Esteban Lifschitz, sólo un homónimo, no pariente, del gobernador. Dirige la carrera de Médico Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la UBA y podría ser futuro director de una agencia que se encargará justamente de ese monitoreo, si es que finalmente la aprueba el Congreso. Ese organismo estará facultado para definir cuándo un tratamiento, un método diagnóstico o un medicamento, podrá ser usado por los pacientes, y cuándo se podrá comprar un aparato de última generación. Uno de los ejes de trabajo es pivotear sobre la relación "costo-efectividad" en el sistema sanitario. Y aunque Lifschitz afirmó que poner un freno a los recursos de amparo que autorizan judicialmente buena parte de las prestaciones médicas hoy no es un fin en sí mismo de la agencia, admite que "si funciona bien y todos confían en ella, los juicios van a disminuir". Las asociaciones de consumidores miran la iniciativa con recelo y sospechan que podría tratarse de un nuevo mecanismo de ajuste. De hecho, en su ponencia Lifschitz abordó el tema de esa futura agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que todavía se debate en el Senado. El modelo ya existe en el Reino Unido y Canadá. "Es como una segunda barrera después de la Anmat, que ve cuánto cuesta un tratamiento, si vale la pena pagarlo en función de su efectividad, hace un análisis técnico, de calidad e impacto presupuestario", explicó. El objetivo es "ir ordenando la incorporación y cobertura de las tecnologías, ver qué se incluye y excluye" del Programa Médico Obligatorio (PMO), dijo Lifschitz, y a la vez "garantizar que ningún financiador se niegue a cubrir algo que la Agencia autorizó". Los amparos podrán seguir presentándose, pero la expectativa es que cada vez sean menos.