Desde el 10 de diciembre, Daniel Salamone viene manteniendo reuniones como responsable del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), sin embargo, su designación aún no se oficializó a través de los canales administrativos. Las noticias a las que accedieron los investigadores sobre esos encuentros -que consideran "informales" por falta de designación- no son buenas: en 2024 se repetiría el presupuesto de 2023, lo que apenas alcanza para cubrir los gastos hasta junio próximo, no hay información clara sobre el acceso a becas ya concursadas "por cuestiones presupuestarias", y los ingresos de nuevos investigadores pendientes y ya concursados de 2022 y 2023 "se irían dando las altas a medida que haya presupuesto".
"El escenario es desolador y muestra el desprecio por nuestro trabajo", señaló Marianela Scocco, historiadora e integrante de la Asamblea de Trabajares del Centro Científico Tecnológico (CCT) Rosario, que este miércoles se sumaron a la movilización en el centro de la ciudad contra el mega decreto del presidente Javier Milei y, fundamentalmente, rechazaron "la desjerarquización de la ciencia y tecnología a través de la desaparición del Ministerio de Ciencia y Técnica", indicó.
Si bien la situación es de por sí difícil, el hecho de que "las comunicaciones no sean oficiales, porque Salamone no está designado oficialmente, lo hace más complejo todavía", señaló la investigadora, y recalcó que lo único oficial es "la desjerarquización del Conicet con la desaparición del Ministerio y que ahora pasó a depender directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros".
Eso deja por ahora como único interlocultor válido al ministro Nicolás Posse, pero además consideran que se trata de un movimiento que "representa una concepción burocrática que atenta contra la articulación del sistema" científico nacional.
Movilización
En ese contexto, los investigadores nucleados en la Asamblea se movilizaron este miércoles junto al resto de los gremios para rechazar las más de 300 medidas decretadas por el gobierno nacional, pero llevaron también hasta el centro rosarino sus reclamos específicos.
Al "rechazo a la desjerarquización" del sistema científico nacional, sumaron "toda política de privatización y mercantilización de la ciencia, cuyo objetivo es ponerla al servicio de los sectores concentrados de poder, tal como lo indican las primeras medidas ya adoptadas para diversas áreas y que constituyen un brutal ataque al conjunto de los trabajadores".
A las autoridades, y más específicamente a los miembros del Directorio electos como representantes de las cuatro áreas del conocimiento, les exigieron "una comunicación oficial sobre los trascendidos y que se pronuncien al respecto". Y a las autoridades del CCT Rosario, a cargo de Sandra Fernández, les solicitaron "una pronta reunión abierta para plantear las fundamentadas dudas e incertidumbres sobre el futuro inmediato".
A las centrales sindicales también les hicieron su reclamo y les exigieron "el llamado a paro general".
Sistema desfinanciado
El escenario no sólo afecta a Rosario, sino a los CCT de todo el país, a los investigadores que están dentro del sistema y a los científicos que concursaron sus cargos de carrera durante los últimos dos años y no fueron dados de alta todavía.
Así quedo sobre la mesa tras la reunión que el propio Salamone mantuvo el 23 de diciembre pasado con miembros de carrera del organismo, donde en palabras de los investigadores se planteó "un panorama de paralización y vaciamiento de la ciencia y la técnica pública en los próximos meses".
Eso implica, concretamente, el congelamiento del presupuesto 2023 para funcionar durante el 2024, lo que alcanzaría para cubrir gastos y salarios hasta junio, así como el no otorgamiento de becas, ingresos a la carrera de investigador y cargos administrativos, y la afectación de financiamiento para equipamiento y obras que estaban previstas, entre otros puntos.
Las medidas, de más está decir, van a contramano del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 que aprobó el Congreso de la Nación en octubre pasado y que no fue derogada en el decreto presidencial, donde se establece una agenda y aumento de la inversión.
Allí no sólo se enmarcan una decena de desafíos científicos para los próximos años, pero además se establecen por ley agendas territoriales para las 24 jurisdicciones del país y una escala para el aumento de la inversión en ciencia y tecnología tomando como piso el 0,52% del 2020: debería alcanzar el 0,85 % del PBI al 2025 y el 1,70% en 2030.
