Toma de tierras: crece la tensión y este lunes bloquearán el Mercado de Fisherton

La toma de tierras en Rosario vivirá este lunes otro capítulo, cuando las 82 familias que ocuparon un predio de cuatro hectáreas en la zona oeste (Magaldi y Benteveo) se movilicen hasta las puertas del Mercado de Concentración de Fisherton para realizar un piquete y rechazar un eventual desalojo. Mientras tanto, la usurpación suma apoyo de distintos sectores políticos y acrecienta una fuerte polémica que empieza a desnudar acuerdos de poder.

La tormenta que golpeó a la ciudad durante gran parte de la madrugada y la mañana del domingo expuso aún más las carencias que golpean a las familias que tomaron un campo situado detrás del complejo que el Colegio Cristo Rey tiene en la zona oeste.

Este lunes, a las 10, realizarán un piquete frente a las puertas del mercado para exigir asistencia por parte del Estado y rechazar un desalojo que se tramita en la justicia provincial y que ya tiene a más de un centenar de ellos imputados por el delito de usurpación, que prevé penas de seis meses a tres años de prisión.

“Somos 82 familias que recuperamos estas tierras de atrás del Mercado de Concentración de Fisherton y estamos luchando por tierra y vivienda. La lluvia y el temporal nos dejó sin nada. Familias enteras perdieron todo. Ninguno de los gobiernos nos dan alguna respuesta. El Estado lo único que hizo fue amenazarnos con el desalojo”, puntualizaron este domingo en un comunicado que difundieron a los medios de comunicación.

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El viernes, en tanto, habían difundido otro comunicado que llevaba la firma de asociaciones civiles y gremiales y de legisladores provinciales como Carlos Del Frade y la justicialista Matilde Bruera, que encendió la polémica con otros sectores políticos.

“Repudiamos cualquier amedrentamiento y atropello que se lleve a cabo sobre estas familias y hacemos responsables al Estado en sus tres niveles de gobierno, sobre la integridad de los vecinos, vecinas y decenas de niños que se encuentran en el asentamiento. Exigimos respuestas urgentes para la situación de estas familias, que con las tormentas y lluvias recientes se encuentran en una situación de vulnerabilidad total”, decía el escrito.

Contrapunto político

La respuesta no se hizo esperar. El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, remarcó que “resulta muy preocupante para las garantías constitucionales y el derecho a la propiedad privada en Santa Fe que un diputada del PJ, como Bruera, firme un comunicado de apoyo a la toma ilegal, en donde más de 80 familias están asentadas a pesar de que sus propietarios hicieron la denuncia ante los fiscales, la Policía y la Municipalidad en diciembre, cuando sólo eran 15 las familias que habían tomado terrenos”.

El edil remarcó que “también firma el comunicado Del Frade, del FSP, pero en él quizás se pueda comprender que al provenir de una fuerza de izquierda no sea muy apegado a las leyes que protegen la propiedad privada; pero resulta inadmisible que un legislador del partido que gobierna la provincia se pronuncie públicamente a favor de la ilegalidad: el gobernador Omar Perotti debe definir si está a favor de la ley o del caos, si su gobierno deja hacer y usurpar terrenos en distintos lugares de la ciudad y la provincia o hace efectivo el derecho a la propiedad, o si sale en defensa de quienes hacen negocios inmobiliarios o políticos alentando tomas”, disparó el concejal.

La toma del predio de Magaldi y Benteveo se acrecentó el 20 de septiembre, cuando cerca de 500 familias lo lotearon y desde entonces viven allí en condiciones de extrema vulnerabilidad social.

La Capital recorrió este viernes el lugar y se encontró con muchos niños y familias habitando precarios ranchos. Changarines, empleadas domésticas, remiseros y cartoneros contaron la misma realidad: no tenían dónde vivir, ya no podían alquilar y la pandemia potenció sus necesidades, por lo que decidieron ocupar ese amplio predio que aseguran que, hasta su llegada, era un gran basural.

Por la usurpación se radicó una denuncia por violación al artículo 181 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a tres años de prisión “al que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.

“El municipio respalda la toma a cambio de 4 votos”

Por su parte, el diputado provincial del bloque PRO-Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, se metió de lleno este domingo en la tormenta política que desató la usurpación de un terreno de cuatro hectáreas en la zona oeste de la ciudad, que también tiene su réplica en el noroeste. Sin medias tintas, dijo que “el sistema judicial de Santa Fe es muy débil, no se respetan las órdenes de desalojo”, y aseguró que en Rosario “el municipio respalda las usurpaciones a cambio de cuatro votos en el Concejo”.

Además, consideró que “a quienes cometen el delito de usurpación, el Estado debe retirarle los planes sociales, y a quienes fomentan e incentivan la insurrección, hay que prohibirles ocupar un cargo público al menos por 10 años”. El legislador se mostró convencido de que siguiendo ese camino “se consolidará el orden democrático y el respeto por la propiedad privada”.